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No será el inicio del juicio oral, pero se parecerá un poco. Los abogados defensores de la patota de la Unión Ferroviaria (UF) acusada de matar –bajo el mando de José Pedraza– a Mariano Ferreyra en una protesta de trabajadores tercerizados de la línea Roca, se verán cara a cara con los abogados de las querellas, que representan a la mamá del joven asesinado y a tres militantes del Partido Obrero que sufrieron heridas de bala, con graves secuelas en el caso de Elsa Rodríguez. El encuentro será hoy en una audiencia pública convocada por el Tribunal Oral Criminal 21, en la que se discutirá la validez de algunas pruebas fundamentales como ciertas escuchas telefónicas que llevaron a involucrar en el homicidio al líder ferroviario y a su número dos, Juan Carlos “Gallego” Fernández. También se evaluarán algunas medidas suplementarias pedidas por las partes, en su mayoría balísticas, y la procedencia de los testigos ofrecidos, que son cerca de 400, e incluyen algunos nombres llamativos como los de Elisa Carrió, Luis D’Elía y hasta los ministros de Justicia, Julio Alak, y de Trabajo, Carlos Tomada.

La audiencia preanuncia que el juicio contra Pedraza y sus hombres no sería algo tan lejano. Uno de los ítems previstos es precisamente el de acordar la fecha para el inicio del proceso y estimar su duración. Todo indica que empezaría en los primeros meses de 2012. El número de testigos propuestos y las medidas complementarias que algunos insisten en realizar dan cuenta de la complejidad del caso. Los acusados son diez y están todos detenidos acusados de homicidio calificado, un delito que puede llevar a cadena perpetua. Es poco probable que hoy estén presentes.

La defensa de Pedraza planteó la nulidad de dos escuchas que fueron ordenadas por la jueza Wilma López. Una de ellas fue la intervención del teléfono del Gallego Fernández, de cuyas conversaciones habrían surgido elementos comprometedores tanto para él mismo como para Pedraza, procesados como instigadores del asesinato de Ferreyra (ocurrido el 20 de octubre pasado). Según planteó el abogado Carlos Froment, se dispuso la pinchadura sin fundamentación. Las imputaciones contra los máximos dirigentes gremiales de todos modos se realizaron en base a otras pruebas, que mostraban el contacto que mantenían con la patota en el momento de los hechos y en el caso de Pedraza su presunto interés en sostener el sistema de tercerización de trabajo ferroviario para evitar la pérdida de poder político y económico que le significaría la regularización de trabajadores (a lo que se suma que él manejaba una tercerizada).

La otra escucha cuestionada es una de los teléfonos de Juan Araya, abogado y apoderado de la UF. La defensa dice que se violó el secreto profesional y la intimidad. A Araya le apuntó la Justicia por su participación en una reunión en Adrogué que se hizo poco después del homicidio de Ferreyra, para ver qué pasos seguían, en la que estuvieron Fernández y el delegado Pablo Díaz, detenidos con posterioridad.

El tribunal difícilmente resuelva estas nulidades en la misma jornada. Además no son las únicas. El abogado del picaboletos Guillermo Uño pidió invalidar su acusación por supuesta falta de pruebas. Uño fue señalado como quien entregaba al portero de los talleres de Remedios de Escalada, Juan Carlos Pérez, las armas que están acusados de haber disparado Gabriel Sánchez y Christian Favale. Otro planteo de nulidad es de la defensa de Salvador Pipitó, que alega “violación al principio de congruencia” entre el procesamiento de la jueza, que le atribuyó amenazas a periodistas que querían registrar la gresca, y la Cámara del Crimen, que lo consideró partícipe secundario. Los hechos, no obstante, son los mismos.

También estarán en discusión la lista de testigos y la realización de algunas medidas suplementarias, sobre todo balísticas, que reclaman las partes. Los defensores, querellantes y la fiscalía podrán dar hoy su parecer sobre las pruebas y testigos en pugna. Los jueces tendrán la última palabra.