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Desde hace algunos días, cualquiera que entra al Palacio de Justicia se topa enseguida con un cartel que anuncia una muestra fotográfica: “Centros Clandestinos de Detención Hoy”. A lo largo de todo el corredor hay una sucesión de impactantes imágenes de 29 centros de exterminio de la última dictadura. Imposible no detenerse a mirarlas. Imposible no sorprenderse ante esa presencia inevitable, que se coló ahí en el corazón de la Justicia, donde no hace mucho reinaba una resistencia muy fuerte a hablar de la dictadura y sus crímenes y a motorizar su juzgamiento. Las fotos, además, forman parte de un libro que decidieron publicar el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y el secretario general, Alfredo Kraut, que se propone contar la experiencia de los juicios por crímenes de lesa humanidad en Argentina. Derechos humanos: justicia y reparación se llama y, viniendo de la cúpula judicial, marca una línea, un nuevo paradigma. “Debemos difundir lo que ha pasado para que nunca más vuelva a repetirse el terrorismo de Estado”, sostuvo Lorenzetti en diálogo con Página/12. También habló de las dificultades que subsisten y, a raíz de la fuga del camarista Otilio Romano, llamó a una “autocrítica del Poder Judicial” por su “rol institucional en aquellos tiempos”. Dijo que debe “autodepurarse” y que se deben “juzgar conductas individuales”.

–Hace unos meses se oyó a intelectuales y periodistas decir que están hartos de escuchar hablar de los ’70 y la dictadura. La aparición de su libro sugiere que usted piensa otra cosa. ¿Qué sería?

–Es una ligereza imperdonable decir que se está harto de los derechos humanos. Una buena prueba de ello es la experiencia del nazismo y la persecución del pueblo judío; han pasado los años y aparecen partidos neonazis o dirigentes que niegan el Holocausto. Por eso, la lucha contra el totalitarismo, la discriminación y el terrorismo de Estado nunca termina.

–¿Qué lo movió, siendo presidente de la Corte Suprema, a publicar este libro?

–A medida que se avanza en el juzgamiento del pasado, hay que pensar en el futuro. Por eso debemos trabajar en la educación y la cultura, para que las generaciones que nos sucedan, que no tendrán una experiencia directa, puedan conocer lo que ha sucedido. Debemos difundir lo que ha pasado para que nunca más vuelva a repetirse el terrorismo de Estado, y nuestros hijos o nietos puedan disentir libremente sin ser perseguidos, torturados o secuestrados por el propio Estado que los debería proteger. Por esta razón pensamos en constituir una nueva comisión interpoderes, con el Ministerio de Educación, la autoridad de medios de comunicación, el consejo interuniversitario, a fin de coordinar políticas públicas educativas y culturales. Ya hemos conversado, efectuado reuniones y hay un gran interés en una política común. En ese contexto surge el libro, en el que se da a conocer mucho material que no es conocido. Hay un relato de cada etapa desde el comienzo de la democracia y luego, un resumen de las principales decisiones que declararon la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía y los indultos, y se sigue con un detalle de las principales causas que se han llevado a lo largo y ancho del país, mencionando los centros clandestinos de detención, los hechos más relevantes.

–Usted y Kraut dicen en el libro que pocos países han abierto investigaciones de los crímenes de lesa humanidad sin limitaciones como en Argentina. ¿Uno puede decir que aquí ya no hay más obstáculos?

–No hay ni puede haber limitaciones respecto de los juicios de lesa humanidad en curso. La Corte ha declarado la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, así como de los indultos, y por lo tanto no puede haber nuevas amnistías; nuestro sistema constitucional no lo permite.

–¿Cree que hay alguna causa ejemplar sobre crímenes de la dictadura por cómo se investigó y/o juzgó?

–Hay varias causas ejemplares en todas las jurisdicciones y sería injusto mencionar alguna en especial. Por su magnitud pueden verse las referidas a la ESMA o Primer Cuerpo de Ejército, que están detalladas en el libro y son extremadamente amplias y complejas.

–Usted ha dicho públicamente que con los juicios de lesa humanidad “no hay marcha atrás”. Pareciera que le hablara, como advertencia, a alguien que quiere lo contrario. ¿A quién?

–Esta ha sido una larga lucha que nació en la sociedad. Durante la vigencia del terrorismo de Estado estuvieron los organismos de derechos humanos, artistas, intelectuales, periodistas, abogados, políticos, dirigentes sociales, gremiales y muchos otros luchando para que se abrieran los caminos de la Justicia. Empezó en otros países, siguió en el nuestro, se hizo el Juicio a las Juntas, luego hubo amnistías, y luego se volvió a abrir un proceso amplio en el que coincidieron, no sólo la amplia mayoría de la sociedad, sino los tres poderes del Estado. Por eso decimos que hoy, este proceso, pertenece al contrato social de los argentinos y es muy amplio. Cuando decimos que no hay marcha atrás, creo que expresamos una síntesis de todo ese conjunto. Pero precisamente por la profundidad y amplitud de este consenso es que hay que sostenerlo con el trabajo cotidiano y constante. Siempre hay quienes quieren detener lo que debiera ser indetenible, quienes están en el lado equivocado de la historia; a ésos nos dirigimos.

–¿Los escollos que subsisten para avanzar son resistencias del propio Poder Judicial? Hubo hace poco, por ejemplo, una exhortación de la Comisión Interpoderes –que coordina Kraut– para acelerar los juicios.

–Hay dificultades lógicas derivadas de varios factores. Hay cuestiones generales, como la necesidad de crear más cargos de jueces, porque los juzgados de primera instancia y los tribunales orales están saturados y eso demora estos y otros juicios; siempre hemos dicho que el proceso judicial debe ser más rápido, pero ese resultado depende de la cantidad de jueces. También hay aspectos específicos, como ocurre con la investigación en aspectos genéticos, o la ubicación de los testigos. Sin embargo, creo que el resultado general es bueno, se ha ido avanzando, y la comisión interpoderes ha sido de gran utilidad en ese sentido para coordinar los aspectos de infraestructura.

–¿Qué dificultades hay para investigar la complicidad judicial con el terrorismo de Estado?

–En cuanto a los jueces y juezas, la mayoría ha trabajado bien y se han esforzado, pero es innegable que hay quienes se oponen y resisten. El Poder Judicial se debe mirar a sí mismo, hacer una autocrítica de su rol institucional en aquellos tiempos, y un juzgamiento de las conductas individuales. Hemos llevado adelante este proceso y hay casos muy conocidos y notorios. Hoy en día existe el caso de (el camarista mendocino) Otilio Romano, que se ha ido del país, pero es justamente porque se lo ha comenzado a juzgar, está procesado judicialmente, suspendido por el Consejo de la Magistratura por su conducta y camino al juicio político. El sistema tiene que funcionar y autodepurarse. Ningún juez o jueza puede dejar de cumplir con su deber de llevar adelante un juicio, anteponiendo sus intereses o ideología, eso es censurable y así lo hemos manifestado.

–¿Qué garantía hay ahora de que se lo juzgue a Romano si está prófugo, pidiendo asilo en Chile?

–Hay que dejar que actúen las instituciones, tanto de Chile como de Argentina, para que el tema se pueda ir resolviendo.

–¿Qué medidas se han tomado para la protección de testigos y evitar su revictimización?

–En la comisión interpoderes se ha trabajado muchísimo en este aspecto, y el Poder Ejecutivo ha implementado programas especiales que funcionan bien.

–¿No hay manera de evitar que los testigos queden expuestos a declarar varias veces sobre lo mismo?

–No, porque en nuestro país no se han dictado leyes especiales para juzgar estos crímenes o para ordenar su tratamiento procesal. Por eso es tan complejo ir caso por caso.

–Un rasgo de los delitos de lesa humanidad es que no prescriben. ¿Por qué algunos tribunales, como la Cámara de Casación, siguen liberando a los represores con el mismo criterio que aplican a los delitos comunes? ¿No hay distinción?

–La categoría de los delitos de lesa humanidad es excepcional, por la gravedad de los hechos. Se ha construido paso a paso, luego de la tragedia del Holocausto, las masacres en Africa, en Europa oriental y otros casos en los que el Estado persiguió a sus propios ciudadanos persiguiendo un exterminio masivo de la población civil. Por eso la excepcionalidad da lugar a la imprescriptibilidad, la inconstitucionalidad de los indultos y de las amnistías. En ese contexto están las excarcelaciones y, a pesar de que hubo distintas opiniones, poco a poco se va imponiendo la idea de que también aquí hay que ser rigurosos.

–La difusión a través de los medios de historias como la de Graciela Alfano y Emilio Massera, y las sospechas sobre apropiación de bienes, ¿banalizan el tema o conllevan algún aporte?

–Nosotros creemos más en la difusión institucional, que estamos haciendo a través del Centro de Información Judicial, y la que hacen los medios de comunicación, así como la que pretendemos que haga el sistema educativo en su conjunto. Ninguna tragedia puede ser banalizada, porque es un modo de comenzar a no tomarla en serio.

–¿La difusión y la educación alcanzan para que no se repita el terrorismo de Estado, como decía usted antes?

–Por supuesto que no es lo único, pero son un factor fundamental para que las semillas de totalitarismo no crezcan.

–Desde el punto de vista histórico, ¿por qué las sociedades toleran regímenes totalitarios con las consecuentes violaciones a los derechos humanos?

–Las sociedades se adormecen peligrosamente frente a la repetición de las violaciones de derechos humanos y comienzan a tolerar lo que debería ser intolerable. Por eso es tan importante reaccionar fuertemente frente a cada acto de discriminación o de persecución totalitaria. Una respuesta completa al interrogante de por qué surge el totalitarismo implicaría escribir un libro, y hay muchos sobre el tema. Nosotros nos concentramos en un aspecto, que es cómo pueden colaborar los poderes judiciales mediante la difusión de este tipo de juicios. Por supuesto que hay factores políticos muy importantes y también económicos.