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Por primera vez un conflicto laboral en una fábrica terminó en su expropiación a favor de los obreros. Se trata de la metalúrgica Acrometálica, en Berazategui, cuyos trabajadores sostuvieron reclamos por salarios adeudados durante más de un año, lo que incluyó la ocupación de las instalaciones. La Legislatura de la provincia de Buenos Aires resolvió adjudicarles el inmueble y las máquinas para que puedan recuperar sus puestos de trabajo y reflotar la producción. Tres días después de esa resolución fueron atacados por una patota de nueve hombres armados con Itakas, revólveres y hachas. Ahora resisten ocupando el predio hasta que la ley sea promulgada por el gobierno bonaerense.
Son más de 30 las firmas expropiadas en el Conurbano, todas ellas con el común denominador de haber llegado a la autogestión después de situaciones de quiebra, convocatoria de acreedores y a veces, abandono. El miércoles 5 de marzo la Cámara de Diputados bonaerense aprobó por unanimidad diez proyectos, seis de los cuales convirtió en ley, destinados a adjudicar empresas a sus trabajadores asociados, la mayoría, en cooperativas. La novedad del caso de Acrometálica es que la expropiación se produjo como consecuencia de un conflicto desatado por sueldos adeudados. Los legisladores declararon a la fábrica “de utilidad pública” y establecieron dos años de plazo para que sea rescatada por los obreros que integran la Cooperativa Crometal.
“Lo que ocurrió con esta metalúrgica demuestra a los trabajadores que no cobraron sus salarios que pueden recuperar la dignidad, que no se tienen que dejar intimidar por las patronales y es un llamado de atención para aquellas que no respetan a sus empleados. Es, realmente un precedente muy importante que abre un nuevo camino. Con esto tiemblan las patronales”, dijo Eduardo Murúa, que encabeza el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER).
Acrometálica, una fábrica de siete hectáreas ubicada en el kilómetro 41 de la Ruta 2, producía estanterías, estructuras de hierro y otros materiales para construcción. “En noviembre de 2001 nos dejaron de pagar los sueldos. En diciembre nos cortaron la luz, pero nosotros decidimos seguir trabajando y para eso conseguimos un grupo electrógeno prestado. La situación era extraña porque nos prometían pagos, pero después pasaba el tiempo y no cumplían, hasta que desaparecieron”, relata Ariel Lorenzo, un “oficial múltiple” según se autodenomina, que cuando comenzó el conflicto llevaba cuatro años en la empresa. “Paralelamente notamos que venían muchos camiones y salían llenos de materiales, 200 toneladas desaparecieron, hasta que también se llevaron un elevador, que era algo muy necesario. La sensación era que apostaban a desgastarnos mientras hacían ese vaciamiento. Así, evaluamos que no nos quedaba otra opción que tomar la fábrica para resguardar las máquinas, el 6 de febrero de 2002”, explica.
Aquella ocupación que protagonizaron unas 40 personas duró hasta julio, cuando fueron desalojadas con la orden de un fiscal. Pasaron el invierno resistiendo y cuidando el predio desde la vereda, viviendo en un micro escolar naranja y destartalado prestado por un vecino que los apoya, estacionado a los pies de los enormes galpones. Para ese entonces ya habían conformado la cooperativa de trabajo, en la que quedaron 18 obreros, y era una decisión compartida por muchos de ellos pedir ayuda en el barrio, soportar el hambre y no reclamar ningún subsidio para desocupados, porque ellos apostaban a no serlo.
Con el pedido de expropiación en marcha en la Legislatura platense –cuando había ya sobradas muestras de que a la patronal no le interesaba pagar salarios ni remontar la producción– a fines de octubre del año pasado los metalúrgicos resolvieron volver a ocupar la fábrica, con fuerteapoyo de asambleas barriales y de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Quilmes, que lidera el diputado nacional del Polo Social Francisco “Barba” Gutiérrez. A partir de ese momento soportaron aprietes e intentos de la patronal de llevarse las maquinarias, según cuentan los protagonistas. El sábado 8 de marzo, tres días después de que la expropiación se hiciera realidad, los dos trabajadores de Crometal que hacían guardia se llevaron una desagradable sorpresa. Jorge Rodríguez, oficial soldador de 32 años, era uno de ellos. “Eran cerca de las seis de la tarde cuando apareció un tipo que se llama Ricardo Rabin, que entendemos que es apoderado del dueño de la fábrica, Eduardo Nascimento. Detrás de él aparecieron otros nueve hombres con hachas, Itakas y otras armas de fuego. Fue increíble, empezaron a dar hachazos al portón y empezaron a gritar que nos fuéramos o nos cagaban a tiros. Nosotros optamos por salir y nos quedamos en el micro de siempre, con otros compañeros y gente que empezó a llegar para darnos apoyo”, recuerda Rodríguez. Todavía está desconcertado, dice, por un diálogo que lograron tener el domingo con los agresores: “Nos dijeron que habían venido para ganarse un mango, pero que los habían traído engañados diciéndoles que la fábrica estaba abandonada y que había gente que quería entrar a robar. Además, les habían prometido dinero y comida para el mediodía y no habían recibido nada, con lo cual pensaban irse. El lunes a la mañana quedaba sólo uno de ellos y decidimos volver a entrar a la espera de la promulgación de la Ley de Expropiación, lo que nos permitirá volver a empezar a trabajar”.
–¿Cómo pondrán la fábrica en marcha? –les preguntó Página/12.
–Algo básico que tendremos que resolver para poder empezar es la cuestión de la luz y el gas, que están cortados. Para pagar lo que haya adeudado venderemos como chatarra materiales que han quedado. Después tendremos que estar preparados para mucho trabajo. Esta era una empresa muy fuerte en el mercado y tenía originalmente 180 personas trabajando. Para restablecer lazos comerciales con clientes volvería a incorporarse un vendedor que echaron hace tres años y conoce bien el tema. Quizá vuelva más gente inclusive. Creemos que va a funcionar–, respondió Lorenzo.