El juez penal marplatense y presidente honorario de la Asociación Argentina de Bioética, Pedro Federico Hooft, podría ser citado en los próximos días a prestar declaración indagatoria por su participación en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. El fiscal federal subrogante Claudio Kishimoto formuló el pedido ante el juez federal Alfredo López para que lo indague sobre su participación en privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios contra una veintena de víctimas, incluidos los abogados laboralistas secuestrados durante la denominada Noche de las Corbatas, de julio de 1977, cuando Hooft se desempeñaba como juez en lo criminal y correccional de Mar del Plata.

El magistrado figura desde 1984 en el informe de la Conadep y acumula denuncias de organismos marplatenses y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación desde hace más de un lustro. Logró evitar rendir cuentas gracias a la parálisis del proceso en su contra por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires y a su invocación a la “inmunidad” de arresto que la Constitución provincial otorga a los jueces en funciones.

La excusa le permitió ganar tiempo, pero tuvo un último revés en julio, cuando la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó un fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata que, después de congelar el expediente durante años, rechazó el pedido de Hooft para que se archivara la causa. “Las inmunidades no son de carácter protector o tuitivo de las personas, sino que se hallan fundadas en razones de carácter institucional”, destacó el juez Guillermo Yacobucci. “Sería absurdo” que en una investigación por crímenes de lesa humanidad “la marcha de la averiguación quedara neutralizada hasta tanto no se pronuncie el jury”, agregó, argumento que compartieron sus colegas Luis García y Raúl Madueño.

La novedad es la acusación de Kishimoto, a cargo de la Fiscalía Federal 1 de Mar del Plata, que imputa a Hooft por su intervención en privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios cometidos por miembros de fuerzas armadas y de seguridad. La base de la imputación surge de la intervención del juez en el rechazo sistemático de hábeas corpus presentados por familiares de desaparecidos, inclusive en casos en los que el Ejército había admitido tener en su poder a las víctimas.

En total son veinte los casos reseñados en el dictamen del fiscal, incluido el de la Noche de las Corbatas, caso por el que ya fue condenado el suboficial naval Gregorio Molina y por el que en estos días son juzgados ex miembros de la plana mayor de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601 con base en el centro clandestino La Cueva. La fiscalía solicitó también la indagatoria de Hooft por los delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de promover la persecución y represión de delincuentes y sustracción de medios de prueba, por la desaparición de la mayoría de los expedientes que se tramitaron en el juzgado a su cargo.