Luego de años de trabajo infructuoso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó a la Cancillería que resolvió mandar a archivo el expediente abierto por una denuncia de Domingo Cavallo en la que se consideraba un perseguido de la Justicia argentina. “La Comisión considera que no cuenta con elementos suficientes para determinar la admisibilidad o inadmisibilidad de la petición”, concluye el escrito a propósito de las denuncias que el ex ministro de Economía se encargó de mantener activas en la OEA entre los años 1999 y 2003, exceptuando el interregno en el que se convirtió en superministro del gobierno de Fernando de la Rúa.

La primera denuncia de Cavallo fue durante su enfrentamiento con el menemismo por la influencia del empresario postal Alfredo Yabrán. “El peticionario alega que estaba siendo perseguido penalmente de forma injustificada en 45 procesos, como consecuencia de decisiones tomadas por ex ministros y otras importantes autoridades políticas”, recuerda la CIDH. Cavallo aseguraba que “dichas persecuciones habrían empezado cuando denunció las conexiones existentes entre una asociación ilícita y varios funcionarios que ostentaban altos cargos en el gobierno”.

Por ese entonces, en 1999, Cavallo amagaba con armar una alianza electoral con el justicialismo aunque dejando de lado a Carlos Menem. Finalmente, Eduardo Duhalde se lanzó por su lado y Cavallo fue candidato a presidente, sacando el 10 por ciento de los votos. En el 2000, perdió la elección a jefe de gobierno porteño con Aníbal Ibarra hasta que, en 2001, asumió como presunto salvador del gobierno de la Alianza que se derrumbaba. Se derrumbó.

En abril de 2002, ya con Duhalde presidente interino, Cavallo quedó detenido unos días en la causa por la venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador. Entonces consiguió el patrocinio del ex fiscal federal y actual fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, y buscó reactivar su causa en la CIDH. Tuvo como excusa una revelación de Página/12 en la que describió una reunión encabezada por el entonces jefe de la SIDE y hoy gobernador electo de Río Negro, Carlos Soria, en la que le pidió a un grupo de jueces que detuviera a Cavallo y a los banqueros Eduardo Escasany, José y Carlos Rohm.

Lejos de aquellas felices épocas de superministro menemista en las que llegó a justificar el robo de una sentencia de la Corte Suprema contra el Banco Central, se preocupó entonces por “el restablecimiento de la independencia de la Justicia en la Argentina”. La detención, según Cavallo, “demostraría que a pesar de los cambios de gobierno, el poder judicial seguía siendo instrumentalizado para perseguirlo como enemigo político”.

Presentó varias ampliaciones sucesivas dando detalles sobre nuevos procesos iniciados en su contra, cada una obligó a una respuesta de parte del Estado argentino. Las comunicaciones continuaron hasta el mes mismo de la asunción de Néstor Kirchner como presidente, en mayo de 2003.

El Estado solicitó a la comisión que declarara la petición de Cavallo inadmisible debido a que “el peticionario no había podido probar la veracidad de sus argumentos, en particular, respecto al sometimiento de los jueces a los intereses de ciertos funcionarios estatales”. Luego de varios años y sin novedades sobre nuevas persecuciones a Cavallo, la CIDH decidió mandar la causa a archivo semanas atrás y comunicarlo a la Cancillería a través de un escrito que lleva la firma de su secretario general, Santiago Cantón.

Hoy, lejos –a su pesar– del centro de la escena política, Cavallo reaparece cada tanto para dar opiniones a las que pocos prestan atención. Días atrás, fue entrevistado por el diario O Globo en donde opinó que Grecia debía hacer un estricto ajuste fiscal. De su paso por el gobierno de Fernando de la Rúa, próximo a cumplirse diez años del desastroso final, contó que sólo se arrepiente de no haber hecho un par de meses antes “la reestructuración ordenada de la deuda”. Después volvió a defender todo, hasta el corralito. Por suerte ya casi nadie lo escucha, ahora tampoco la CIDH.