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El diseño represivo de la última dictadura militar en la ciudad de La Plata y sus alrededores cobró forma en dos denuncias judiciales que realizó el fiscal Félix Crous. “Una de las características más notorias consiste en la cantidad de centros clandestinos montados, cada uno con un rol particular en el plan criminal, tanto como el hecho de que las víctimas, como regla general, rotaban por los distintos lugares de detención”, aseguró Crous en su escrito. En base a testimonios del Juicio por la Verdad platense y en una investigación de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos el fiscal inició dos causas: una sobre las cárceles ilegales de la zona de Arana y la otra por cinco sitios que funcionaron como centros de torturas y asesinatos. Los militares Carlos Guillermo Suárez Mason, Jorge Olivera Rovere, Juan Bautista Sasiaiñ y los represores Néstor Beroch y Carlos “El Indio” Castillo, son algunos de los imputados.
Según el esquema reconstruido en los escritos de Crous, en La Plata la Brigada de Investigaciones funcionó como centro de ingreso de los desaparecidos al circuito clandestino. Los lugares que montó la última dictadura en la zona de Arana estaban destinados a la práctica de interrogatorios mediante la aplicación de tormentos, a la eliminación física de prisioneros ilegales y a la incineración y al parecer al entierro de los restos en fosas comunes. El rol principal de las comisarías quinta y octava, donde también se aplicaron torturas, fue el de alojamiento de detenidos. El fiscal se refirió además a otros dos centros: uno de alojamiento y torturas de personas y otro conocido como “La Cacha” que no estaba tan integrado al resto del circuito. Por último, Crous mencionó que la morgue policial y el cementerio municipal fueron empleados “como un mecanismo enderezado, básicamente, a encubrir los homicidios de los detenidos desaparecidos a través de su incorporación al marco de la ‘legalidad` entonces vigente”.
La información recopilada por la Cámara Federal de La Plata en el Juicio por la Verdad permitió establecer que –a diferencia de lo que se creía con anterioridad– en la zona de Arana funcionaron varios centros clandestinos de detención. La existencia de dos de ellos –el del Destacamento Policial y la estancia “La Armonía”– está plenamente comprobada. Pero es probable que hubieran al menos otros dos, que ocuparon edificios que ya fueron demolidos.
El fiscal reclamó en ambas causas –que quedaron a cargo del juez Manuel Blanco– la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final para que los represores que participaron en estos centros clandestinos puedan ser juzgados. Crous ya había hecho denuncias en base a datos de la Cámara Federal, la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata sobre los desaparecidos de la empresa Ford, el cura Cristian Von Wernick y la comisaría quinta de La Plata. En esta última está involucrado el comisario Jorge Luis Tejerina, quien fue apartado de su cargo al frente de la Dirección de Antecedentes de la policía bonaerense luego de que los organismos de derechos humanos denunciaron su pasado como soldado de Ramón Camps.
Crous señaló que la identificación precisa de muchos de los partícipes de la represión es dificultosa, ya que los crímenes se enmarcaban en la norma de la clandestinidad. Por eso reclamó que se inicie una investigación penal que permita establecer las responsabilidades.
“A la luz de la magnitud de los crímenes que en esos recintos se cometían ninguna participación debe parecer banal”, aseguró Crous. El fiscal afirmó que “quien renovó la decisión de permanecer en el aparato terrorista y volvió a sus tareas –en la experiencia argentina, como en otros genocidios del siglo pasado no hay evidencias de que quien se alejara del aparato terrorista sufriera consecuencias disvaliosas de relevancia– aportó su grano de arena a la detención torturante de lasvíctimas y al homicidio y desapariciones posteriores de los detenidos por ellos guardados”.