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Si no fuera porque el Congreso Nacional nunca dio motivo a los argentinos para dudar de su honestidad, la decisión presidencial de pasarle la papa caliente de las compensaciones a los bancos provocaría justificada inquietud. Con reclamos por más de 30 mil millones de pesos hay tela suficiente para un esmerado trabajo de lobby, en una negociación en la que, por un lado, está la banca, sector por encima de toda sospecha, afortunadamente, y, por el otro, un gran número de legisladores que van despidiéndose de sus poltronas, pertenecientes además a partidos ávidos de financiación frente a la campaña electoral. Pero en aquéllos y éstos hay sobrada virtud para vencer a la tentación. Por tanto, sólo cabe interpretar que Eduardo Duhalde quiso ahorrarse el costo político de ordenar la transferencia de fondos millonarios a los bancos, en justo pago por costos originados en decisiones gubernamentales, pero sin exigirles que se hagan cargo con capital propio de su responsabilidad en la crisis que hundió al sistema financiero, y que cumplan con su primordial razón de ser: dar crédito, financiar la economía.
“¿Qué es lo que hay que hacer con el sistema bancario? –se preguntaba esta semana Mario Teijeiro, presidente del Centro de Estudios Públicos–. ¿Hay que adoptar una posición dura, evitar nuevas compensaciones con bonos, de tal manera de obligarlos a traer los dólares del exterior? El problema de esta postura –prosigue Teijeiro– es que los dólares de afuera no vendrán. Los bancos preferirán seguramente `entregarle las llaves’ al Banco Central, y, de hecho, tendríamos una reestatización del sistema. ¿Y qué hay de malo en esto?, preguntarán los partidarios de un retorno al estatismo, si en última instancia los bancos privados apoyaron la pesificación y no cumplieron con la (aparente) garantía implícita de sus matrices extranjeras. El problema –responde Teijeiro– es que la alternativa es mucho peor, pues ya sabemos cómo funcionan los bancos en manos del Estado.”
En síntesis, un gobierno que cree en los mercados y la economía privada queda atrapado en un dilema: si no quiere estatizar el sistema financiero debe someterse a las condiciones que éste le fije, que además son apoyadas por el Fondo Monetario, cuya cúpula presionó para que el Estado argentino emitiera deuda de largo plazo para resolver la crisis financiera, limpiando los pasivos de la banca. El BCRA jugó durante gran parte del tiempo para ese bando. Pero aunque nunca admitió Economía la emisión de un bono compulsivo, se llega ahora a un final híbrido: el bono es de aceptación voluntaria, pero va directamente al ahorrista reprogramado, que así deja de ser acreedor del banco para serlo del Estado. Quedó por tanto desechada la otra vía: que cada banco saldara su deuda con sus clientes, recibiendo títulos públicos hasta completar el contravalor en pesos de los depósitos en dólares que recibió. De haber sido ésa la opción elegida ya estarían tintineando algunas llaves de las que habla Teijeiro.
Mientras tanto, el jueves al anochecer Roberto Lavagna se felicitó porque, habiendo bajado el dólar a 2,89 pesos, el levantamiento del corralón se le abarataba considerablemente (en pesos) al fisco, que debe cubrir con bonos la diferencia. Pero en la jornada siguiente, la de ayer, el tipo de cambio brincó a más de tres pesos, alterando en casi cinco por ciento los cálculos. El jueves, el ministro también había dicho: “Esto (la sensible baja del dólar) prueba que nuestra prudencia garantizó un enorme ahorro fiscal.” Más allá de que en apenas un día se borró una porción de ese “ahorro”, nadie ignora que el dólar bajó a pesar del equipo económico, que quería sostenerlo un 20 por ciento por encima de su nivel actual por razones recaudatorias.
De hecho, la relativa estabilización de los precios y el pronunciado descenso del dólar animaron a Lavagna a disponer un levantamientoescalonado del corralón, que responde menos a un objetivo económico que al deseo político de apuntarse otra medida simpática antes del mutis. Pero es obvio que la movida implica riesgos, que los pesimistas ponen de relieve, quién sabe si exageradamente. El mayor de ellos radica en que los ahorristas liberados no se comporten como esperan los optimistas, recolocando su dinero en el sistema y alimentando la demanda de bienes.
Lo que temen los agoreros es que una significativa porción de los pesos recuperados sea volcada al dólar o al euro, provocando un alza que vaya realimentándose a medida que impregne las expectativas. Los exportadores, por ejemplo, podrían retener sus divisas a la espera de una paridad más alta. Si un depositante desprogramado pensara que otros en su misma situación comprarán dólares, optaría por hacerlo él para anticiparse a la suba. La diferencia con los amparos es que, en esta oportunidad, serán muchos miles los que en un mismo momento se reencuentren con sus fondos. En esa situación, decidirán en base a lo que supongan harán los demás.
Es difícil desdeñar las voces de alarma, sobre todo en estos tiempos, cuando la lucha preelectoral y la guerra en Irak son los dos grandes ejes. Sin embargo, el superávit externo del país parece asegurar la abundancia de dólares, si bien ese flujo puede verse tapado temporariamente por una tromba de demanda cambiaria especulativa. También habría que considerar el riesgo de que, aun permaneciendo en el sistema, muchos depositantes liberados del corralón prefieran abandonar los bancos vistos como menos líquidos o solventes. Entre estos eslabones débiles hay varios grandes bancos privados y públicos, fáciles de identificar porque no ofrecieron una desprogramación anticipada a sus clientes. Habría que ver, en tal caso, qué actitud asumiría el BCRA.
La crítica más común a esta última oferta oficial es que, siendo claramente mejor que las anteriores (los llamados canjes), perjudica relativamente a quienes las aceptaron. De este modo, se traslada al campo financiero la mala práctica del impositivo, donde siempre conviene dejar pasar el colectivo para esperar el próximo, porque no va a tardar y vendrá con asientos libres. Lavagna argumentó que la economía es así, “algo vivo”, pero habrá que ver qué nueva complicación puede surgir si alguien denuncia ante la Justicia este trato discriminatorio. Por esto, por el carácter optativo del nuevo esquema y por otros cabos sueltos, mejor abstenerse de considerar por ahora que el corralón ya es historia.