Los ex secretarios del juzgado federal de Bahía Blanca durante la dictadura, Hugo Sierra y Gloria Girotti, acusados de encubrir delitos de lesa humanidad, deberán declarar como imputados. A un año del pedido de detención del fiscal Abel Córdoba, la Cámara Federal desacreditó los artilugios del juez Alcindo Alvarez Canale, quien pretendía citar a Girotti como testigo e indagar a Sierra por sólo cinco de los 39 hechos que se le imputan, y ordenó que declaren como acusados. El único delito por el que no rendirán cuentas quienes fueron mano derecha del juez Guillermo Madueño es el rechazo de hábeas corpus y la persecución a familias de desaparecidos para exigirles las costas: para Ricardo Planes, Augusto Fernández y Angel Argañaraz eran “funciones inherentes al cargo”.

“¿Qué hubieran hecho los de los derechos humanos si hubieran estado ahí?”, suele gritar Alvarez Canale sin ocultar su voluntad de no investigar a los cómplices civiles. El juez se tomó licencia el día que el Tribunal Oral ordenó detener a Sierra, que llegó a recibir testimonios con soldados apuntando sus armas a un secuestrado. La Cámara consideró que Alvarez Canale adelantó su posición sin haber escuchado a los acusados y ordenó garantizarles el derecho de defensa. Profesores de la Universidad del Sur, a la que Sierra renunció tras su fugaz detención, le organizan para el miércoles una “cena despedida” en el quincho de la jueza María Laura Pinto de Almeida Castro.