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En Salta, la provincia que gobierna Juan Carlos Romero, el compañero de fórmula de Carlos Menem, buena parte de los planes Jefas y Jefes de Hogar no los reciben los desocupados sino más de 1000 empleados públicos. Algunos de ellos perciben el subsidio como una especie de plus y otros no saben que están inscriptos pero alguien usa su nombre para ir a cobrar por ellos. Así lo constataron tanto la Justicia federal como la unidad fiscal que investiga los delitos de la seguridad social. En algunos casos, ya fueron intimados a devolver el dinero.
Los beneficiarios truchos son funcionarios de la Legislatura salteña, de hospitales, del Consejo de Educación, de la gobernación, del Servicio Penitenciario y de la Policía Federal, entre otros organismos, según las pesquisas que vienen desarrollando el juzgado a cargo de Abel Cornejo y la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de la Seguridad Social (Ufises), que conduce el fiscal Guillermo Marijuán. Bajo la lupa por la atribución irregular de los planes, hay miembros del Consejo Consultivo provincial, que en realidad fue creado para distribuir los subsidios de manera imparcial y controlar el cumplimiento de las contraprestaciones requeridas. Pero las cosas funcionan de otro modo.
“Para dar una idea, acá en Salta, dentro del local-sede de campaña de Menem y Romero, hay una mesa del Consejo para atender a la gente”, relató a Página/12 Rodolfo Orlando Serrano, un ex policía que integraba el cuerpo consultivo con la Fundación Azul (de agentes retirados) y que presentó la denuncia original que deschavó el escándalo. “A raíz de que me habían contado que los subsidios se estaban vendiendo, me puse a analizar los padrones del programa de ayuda para desocupados y me di cuenta muy fácilmente de lo que estaba pasando: los nombres de los empleados públicos con planes asignados estaban ahí”, contó.
El Consejo Consultivo funciona bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social municipal y, según prevé el decreto que lo creó, debe estar integrado por ONG y organizaciones sociales que puedan trabajar al margen de los intereses políticos. “En los hechos –explicó Serrano–, la mayoría de los integrantes, cerca del 80 por ciento, son punteros políticos de todos los sectores del peronismo, así como del Partido Renovador que apoya a Ricardo López Murphy.”
Los datos que extrajo este ex policía mostraron que de los 5000 planes Jefas y Jefes que habían sido girados desde el Ministerio de Trabajo, 1500 aparecían asignados a empleados de la administración pública de Salta. Después pudo constatar, dijo a este diario, que unos 800 habían hecho las declaraciones juradas ante el Consejo y retirado ellos mismos los pagos del Banco Macro. Los 700 restantes “parece que son personas a las que les utilizaron su identidad para desviar fondos”. Esta información fue constatada por los investigadores judiciales y de la Ufises, que también recibieron por carriles separados testimonios de personas sin trabajo que a pesar de estar empadronadas no lograban cobrar.
“Antes de conocer en detalle la maniobra, como consejero consultivo le pedí un informe a la coordinadora, Mirta Figueroa, que es la directora de Desarrollo Social municipal. Pero tanto ella como los demás en lugar de contestarme me terminaron echando del cuerpo”, recordó Serrano. “Previamente –añadió– intentaron sobornarme: el secretario de Desarrollo Social provincial, Orlando Porrati, me ofreció 50 bolsones de comida y 10 subsidios a cambio de que me callara”, recordó.
Al juzgado de Cornejo, Serrano llevó en noviembre del año pasado el listado de beneficiarios que aparentemente cobraban desde marzo del año pasado. “Los libros de actas de las asambleas del Consejo, especialmente los posteriores a mi pedido de explicaciones, permitían constatar el fraude. Ahí aparecen varios consejeros echándose la culpa entre ellos por la cantidad de planes que habían repartido entre sus familiares y conocidos. Se sabe también de casos de falsificaciones de firma”, detalló el ex policía. En el expediente que lleva Cornejo ya hay pruebas suficientes del cobro indebido de planes de Jefas y Jefes, constatado también en base a más de 100 indagatorias que se tomaron hasta el momento, según aseguraron a este diario en los tribunales salteños. Sin embargo, todavía el juzgado no ha definido la situación procesal de nadie, mientras el Ministerio de Trabajo ha exigido la devolución del dinero. Cornejo es el mismo juez que culpabilizó, acusándolos de sedición, a los piquetereros de General Mosconi que cortaron la ruta de Tartagal en reclamo de sus fuentes de trabajo, y el mismo que este año ordenó la suspensión de las elecciones internas abiertas y simultáneas en los partidos.
Por ahora, todo parece indicar que si el juez resuelve procesamientos los centrará en el delito de defraudación. El denunciante, sin embargo, sostiene que “claramente existió una asociación ilícita, en la que podría estar implicado hasta el intendente y habría que avanzar sobre eso”. A su vez, Serrano cree que “será difícil que se devuelva toda la plata porque así como sabemos de gente que cobró lo que no debía están los casos de usurpación de identidad, en los que no es tan factible que se defina adónde fueron a parar los fondos”. Y aventura: “A alguna campaña presidencial, quizá”.