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El Gobierno se dispone a formalizar en las próximas horas con las petroleras un acuerdo para garantizar estabilidad en el precio de las naftas hasta el 30 de junio y otro para sostener un gasoil más barato para los transportistas hasta el 31 de julio. Esos inminentes pactos prometen darle cierto oxígeno al sucesor de Eduardo Duhalde, que dispondrá de varias semanas para revisar la estrategia oficial en esa materia. Pero también tranquilizan a las empresas de hidrocarburos, que ven alejarse el fantasma de retenciones móviles sobre sus exportaciones u otra iniciativa que pudiera amenazar su próspero negocio. Del mismo modo, alientan a los colectiveros: seguirán teniendo gasoil subsidiado pero ningún impedimento legal firme para aumentar el boleto.
Según confirmó ayer el secretario de Energía a este diario, la intención es prorrogar en todos sus términos el actual acuerdo por el cual las productoras (como ser Repsol y Pecom) deben proveer petróleo a las refinadoras (Shell y Esso, entre otras) a 28,50 dólares el barril, al margen de lo que suceda en el mercado internacional, y en el marco de una cuenta de compensación. Si el crudo se cotiza por encima de ese valor, hasta un máximo de 36 dólares, las petroleras acumularán un saldo a su favor que irá menguando en caso de que aquella cotización esté por debajo de aquel mínimo. Si por el contrario desbordara aquel tope, el acuerdo podría considerarse caído y habría que reformularlo o los productores estarían habilitados para aplicar los aumentos del caso.
Este riesgo, sin embargo, por ahora parece mínimo. Aunque la incertidumbre de la duración de la guerra con Irak ayer encareció el barril de petróleo en el mercado internacional (ver aparte), tanto en el Gobierno como en el sector privado no creen que la caza de Saddan Husseim vaya a catapultarlo muy por encima de los 36 dólares, y menos que un valor así pueda sostenerse por varias semanas. Un alto directivo de Tecpetrol, del grupo Techint, especuló ante Página/12 que, salvo que la provisión mundial se viera limitada por los problemas políticos en Nigeria y Venezuela, difícilmente supere los 27 dólares.
Sobre esa hipótesis, el acuerdo que el Gobierno se dispone a extender hasta fin de junio funcionaría más como la garantía de un precio mínimo para las productoras que como un freno a una eventual suba desmesurada de los combustibles en el mercado local.
En este caso, el Estado oficia de árbitro de un acuerdo entre privados cuyo fin declarado es contener el precio final de las naftas. Ese que refleja con admirable automaticidad las subas en el precio internacional del crudo, aunque no traduce con la misma eficiencia sus bajas. Con el paraguas de este acuerdo y un tipo de cambio inferior al que se calculaba hace unos meses, las empresas del sector tienen pocas excusas para sostener la política de aumentos graduales de precios que aplicaron desde la devaluación. Pero consiguieron arrancarle al gobierno de Duhalde la promesa no escrita de que no habrá suba de retenciones ni restricciones a la posibilidad de seguir dejando fuera del país el 70 por ciento de las divisas que obtienen por sus exportaciones.
Esta última fue una de las condiciones pactadas hace casi un año, cuando se firmó con las petroleras el primer acuerdo para proveer a los transportistas gasoil a precio diferencial, siempre y cuando el barril de crudo y el tipo de cambio no superasen ciertos niveles. Ese mismo pacto, ya prorrogado varias veces, está a punto de extenderse hasta el 31 de julio y permitiría a los colectiveros seguir pagando 82 centavos de pesos el litro de carburante que el común de los consumidores pagan 1,40 peso.
La diferencia entre uno y otro valor la paga el Estado. Se trata de un subsidio explícito que, según la Secretaría de Transporte, le cuesta al fisco alrededor de 24 millones de pesos por mes. No fue todo. Las empresas también consiguieron que las retenciones sobre las exportaciones del gasoil bajaran del 20 al 5 por ciento. Y, finalmente, tampoco resignaroningresos en dólares: en diciembre del 2001 el litro de ese combustible en surtidor valía 40 centavos de dólar, prácticamente lo mismo que vale hoy.
Se trata del triunfo de una buena estrategia patronal. A diferencia de lo que ocurrió con los servicios públicos privatizados, las empresas de hidrocarburos consiguieron adecuar sus precios al dólar e, incluso, mantenerlos altos cuando el valor de la divisa se retrae.