Dos documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano sumarían pruebas sobre las condiciones en que fue vendida la empresa Papel Prensa a Clarín, La Nación y La Razón durante la última dictadura militar y los primeros mecanismos aplicados para concentrar el mercado del papel. Uno de ellos dice que los diarios se “beneficiaron fácilmente de la venta de la planta de papel de Graiver” “a precios extraordinarios”; el otro informa, bajo el título “Libertad de expresión”, que entre los medios y la Junta Militar acordaron un mecanismo de aumento de impuestos al papel importado para forzar a publicaciones de menor envergadura a comprar “de costo superior y menor calidad a la única empresa productora” de ese insumo “en la Argentina, Papel Prensa”. Los reportes diplomáticos fueron entregados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación –que es querellante– al juez Julián Ercolini, quien quedó a cargo de la causa en la que se investiga si el traspaso de las acciones de la firma de los Graiver se hizo bajo extorsiones y amenazas y constituye un delito de lesa humanidad, tal como señaló la Sala I de la Cámara Federal al ordenar que el caso se instruya en Capital.

La presentación del secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, y el subsecretario Luis Alén dice que ya se recopilaron suficientes pruebas de que Papel Prensa fue apropiada ilegalmente por los tres diarios denunciados “asociados ilícitamente con la Junta Militar y sus funcionarios civiles”. Por eso le pidieron a Ercolini que indague al CEO de Clarín, Héctor Magnetto; la dueña, Ernestina Herrera de Noble; el ex secretario de redacción Reinaldo Bandini; Bartolomé Mitre, de La Nación; Sergio, Marcos y Hugo Peralta Ramos, por La Razón; el dictador Jorge Rafael Videla; su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, y el ex secretario de Desarrollo Industrial Raymundo Podestá.

El puntapié para la investigación judicial lo dio la Secretaría de Comercio que, en una pesquisa propia –llevada al informe Papel Prensa La Verdad, presentado en 2010–, recogió testimonios sobre la suerte de la empresa tras la extraña muerte de David Graiver, en agosto de 1976, en un accidente aéreo. Su viuda, Lidia Papaleo, y su ex testaferro, Rafael Ianover, describieron cómo habrían transferido las acciones bajo intimidaciones, en reuniones con directivos de los diarios, donde habrían firmado sin siquiera saber a qué precio vendían (fueron 946.600 dólares). El caso estuvo en dos jurisdicciones: en La Plata, a cargo de Arnaldo Corazza (y los fiscales Hernán Schapiro y Marcelo Molina), donde tramitaba una causa por los secuestros y torturas a miembros del grupo Graiver, y en Capital, en manos de Daniel Rafecas, por la denuncia de un juez comercial. En ambos lados concluyeron que habría delitos de lesa humanidad en juego. La causa pasó a Ercolini, juez porteño, con setenta cuerpos, entre documentos y testimonios.

El material incluye el expediente de 1985 de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (a cargo de Ricardo Molinas), que concluía entonces que la Junta Militar “decidió” la venta de la empresa “eligiendo” como “compradores” a los tres diarios. Papaleo y su cuñado, Isidoro Graiver (que ahora modificó su postura), declaraban allí sobre las presiones para vender Papel Prensa y los ataques al grupo empresario. Un editorial de los diarios de 1977 aludía (como un supuesto respaldo) a la intervención de la Junta en la operación. Hay documentos donde el general Oscar Gallino (fallecido), nombrado como “preventor” para investigar al grupo Graiver, deja constancia de reuniones con los directivos de los diarios después de las cuales confeccionaba interrogatorios para los detenidos.

Según la secretaría querellante, no sólo se usaron “amenazas y métodos extorsivos contra los accionistas de Papel Prensa para forzarlos a ceder sus acciones”, sino que fue un “proceso que continuó con la detención ilegal” de esos “accionistas y personas vinculadas con ellos, el sometimiento a torturas de los secuestrados, que en caso de Jorge Rubinstein (mano derecha de David Graiver) le ocasionaron la muerte, luego con la formación de un Consejo de Guerra en su contra, la interdicción de sus bienes y la privación de sus derechos civiles y (...) la puesta en marcha de la planta productora de papel desde la cual sometieron al resto de los medios gráficos del país a través de la fijación del precio del insumo”.

Dos documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos (entregados por la organización National Security Archives) abonarían ese planteo según el organismo que lidera Duhalde, que los entregó al juez Ercolini:

- Una de las comunicaciones diplomáticas es de abril de 1977 y alude al “caso Graiver”. El párrafo más elocuente fue traducido así: “La Nación y Clarín se han beneficiado fácilmente de la venta de la planta de papel de Graiver, Papel Prensa, a precios extraordinarios”.

- Un memo de enero de 1980 enviado al secretario de Estado en respuesta al entonces embajador Raúl Castro dice en el ítem “Libertad de expresión” que “la decisión del gobierno de incrementar el impuesto al papel de diario importado de un 10 por ciento a un 45 por ciento desató el enojo de los pequeños y medianos propietarios de medios de comunicación”; “el impuesto va a forzar a los diarios (más chicos) a comprar el papel, de muy superior costo y de menor calidad, a la única empresa fabricante” de ese insumo en Argentina, “propiedad conjunta de los medios más ricos del país, Clarín, La Nación y La Razón, y el gobierno”. Señala el temor a posibles “ataques manipulativos a la libertad de prensa si todos los periódicos eran forzados a confiar en una fuente monopólica para el papel”.

Los cables del Departamento de Estado de los Estados Unidos presentados por la Secretaría de Derechos Humanos al juez Julián Ercolini.