El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, fue citado por la Corte Suprema de Justicia a una audiencia pública en la que deberá confrontar con representantes de la comunidad qom navogoh La Primavera, quienes recurrieron al alto tribunal para que dirima quién debe intervenir –si la Justicia provincial o la federal– en una demanda por la tenencia de 5187 hectáreas que históricamente pertenecieron a los pueblos originarios. El máximo tribunal de Justicia hizo la convocatoria, para el 7 de marzo próximo a las 10 de la mañana, ante la “gravedad de los hechos”, dado que en noviembre de 2010 se produjeron dos muertes durante una represión policial para desalojar la ruta 86, cerca de Clorinda, a miembros de la comunidad que realizaban una protesta. De la audiencia participarán el rector de la Universidad Nacional de Formosa y el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Los qom reclaman que el gobierno provincial se abstenga de llevar a cabo desmontes en la colonia La Primavera y que se retire de un predio de 609 hectáreas que pretenden ser destinadas a la instalación de un instituto educativo universitario.

“Desde la Defensoría General de la Nación venimos acompañando el reclamo de la comunidad qom y en principio logramos que se detenga la construcción del instituto universitario, pero todavía falta dirimir si el caso judicial es provincial o federal”, dijo a Página/12 una fuente del Programa de Diversidad Cultural del organismo nacional. “La audiencia es sumamente importante para tratar de avanzar en la búsqueda de una solución de fondo a la cuestión territorial y también para que el conflicto, que se inició hace más de un año, se haga visible”, explicó la fuente.

Los qom, cuyo líder es Félix Díaz, reelegido este año como jefe de la comunidad, vienen demandando que cesen los desmontes en la zona y que también se retire del lugar un grupo familiar criollo que, según los qom, se quedó “con la mitad de nuestras tierras”. La Defensoría, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones sociales, envió este mes un informe sobre la situación de los pueblos originarios en la Argentina a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se recordó, en el caso de La Primavera, que el gobierno de Formosa “desconoció una asamblea comunitaria legítima” que había elegido en 2008 como autoridad de la comunidad a Félix Díaz.

Por esa razón, en junio de este año, en el marco de la mesa de diálogo abierta entre los qom y el gobierno provincial, se hizo una nueva elección en la cual Díaz volvió a ganar. El gobierno provincial, sin embargo, sigue sin reconocer plenamente a Díaz como interlocutor válido y sin “regularizar el traspaso de las tierras” para legalizar la tenencia por parte de los qom. En el informe elevado a la CIDH, se cita una entrevista al maestro bilingüe Valentín Gómez.

“Durante las épocas de campañas electorales –afirmó Gómez–, los punteros políticos eligen a las autoridades de las comunidades” aborígenes. Cuando esos pueblos quieren protestar, “la Dirección de Personerías Jurídicas de Formosa considera válida la nota presentada por quienes desean seguir con esa política y se desconoce a las autoridades elegidas en la Asamblea” Comunitaria. La Defensoría y los organismos que acompañan a los qom demandan “de manera urgente” la aplicación de un mecanismo “legal, ágil, concreto, de alcance federal” para dirimir la cuestión de las tierras.

En el texto de su convocatoria a la audiencia pública, la Corte Suprema, por unanimidad de sus miembros, sostuvo que “la gravedad de los hechos exige (...) la adopción de medidas conducentes a la superación del estado de cosas referido”. En la audiencia, cada parte expondrá en forma oral sus argumentos. El tribunal, antes de expedirse sobre el fondo de la cuestión, primero deberá resolver si acepta la competencia para intervenir en el caso. En abril, la CIDH instó al Estado argentino a que garantice la vida de los pobladores aborígenes “contra posibles amenazas, agresiones y hostigamientos por parte de la policía, la fuerza pública y otros agentes estatales”.