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La Cámara Federal porteña ordenó ayer profundizar la pesquisa en torno de la posible participación del lobbista y ex funcionario del Ministerio de Economía, Carlos Bercún, en las presuntas negociaciones ilegales que podrían haber existido entre senadores y banqueros para evitar la sanción de una ley resistida por las entidades de crédito. El tribunal se pronunció en ese sentido al anular la declaración que el juez federal Claudio Bonadío le tomó sólo en calidad de testigo a Bercún y compartió el criterio del fiscal Guillermo Marijuán, quien sostuvo que hay que interrogarlo como imputado.
Bercún está sospechado de haber intermediado entre los senadores y los banqueros para paralizar el tratamiento del proyecto de ley que obligaba a los bancos a destinar el 2 por ciento de las comisiones que perciben por sus operaciones para financiar un fondo de desempleo de bancarios. Quien le atribuyó ese rol fue la senadora peronista Malvina Seguí.
“Bercún ha sido señalado como partícipe en el hecho investigado”, indicaron, de hecho, los jueces que integran la Sala II de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi, al anular la declaración que Bonadío le tomó como simple testigo del hecho. En contra de lo dispuesto por el magistrado, los camaristas también destacaron que “se debe dilucidar” la acusación que pesa sobre Bercún.
El pronunciamiento de la Cámara Federal está en línea con la opinión del fiscal Marijuán, quien a diferencia de Bonadío sostiene que Bercún debe ser citado a declarar como imputado en la causa. A pesar de haber sido citado como testigo, el lobbista tomó las precauciones del caso: contrató al abogado Zenón Ceballos, quien patrocina al ex presidente Fernando de la Rúa y defendió a Emir Yoma en la causa de las armas.