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La diputada Nilda Garré presentará hoy ante el Consejo de la Magistratura un largo y fundado escrito en el que se pide el juicio político del juez Juan José Galeano por mal desempeño de sus funciones, irregularidades en el caso AMIA y maniobras que la legisladora sostienen que constituyen delitos. Entre las acusaciones, Garré sostiene que Galeano falseó pruebas, hizo destruir evidencias, supuestamente le pagó al principal imputado en la causa, Carlos Telleldín, y en todo momento actuó favoreciendo a la SIDE y ocultando el papel de los espías en gravísimas irregularidades. En el escrito se pide un urgente tratamiento del caso, ya que Galeano sigue siendo el instructor de lo que queda de la pesquisa del atentado.
El texto de 36 páginas pide en concreto la remoción de Galeano como titular del Juzgado Criminal Federal Nº 9 “por mal desempeño y posible comisión de delitos” en quince aspectos que se detallan largamente. Algunos de ellos son los siguientes:
- Destrucción de declaraciones testimoniales, en especial cuando los testigos hablaban de maniobras de la SIDE. En otro caso, habría dado instrucciones para que una declaración se hiciera mediante un anónimo.
- Negociación con Carlos Telleldín por el pago de 400.000 dólares a cambio de que realice una declaración y señale a imputados. Además, se le habría indicado a Telleldín qué foto debía marcar en un reconocimiento.
- Omisión de realizar denuncia contra la SIDE por la desaparición de 66 casetes con escuchas telefónicas realizadas a Carlos Telleldín.
- Incineración de videos ordenada por Galeano a uno de sus secretarios. Se trata de declaraciones filmadas de forma clandestina y que su secretario, el doctor Velazco, habría destruido en la propiedad de su padre. “O la filmación tenía un objetivo no procesal, lo cual sería un delito, o se filmó para que constituya prueba, por lo que su destrucción también es un delito”, fundamenta Garré.
- Ocultamiento de pruebas que no convenían a la historia oficial de la investigación. En ese terreno se sitúan algunas pericias telefónicas que beneficiaban a los policías bonaerenses ahora juzgados y que el magistrado habría ordenado suprimir.
- Mal desempeño por negligencia, por cuanto Galeano habría tardado dos años en hacer pericias caligráficas en una agenda que pertenecía a Alberto Kanoore Edul, un hombre que misteriosamente llamó a casa de Carlos Telleldín el mismo día en que éste entregó la camioneta. En la agenda de Kanoore había anotaciones respecto del agregado cultural iraní, Moshen Rabani, y otros personajes relacionados con la causa AMIA.
- No se denunció la falsificación de un informe oficial de la Comisión de legisladores de los Estados Unidos. El texto firmado por diputados y senadores republicanos pasó por la SIDE y fue recibido por el juez con cuatro hojas nítidamente adulteradas e incluyendo nombres como el de Rabani y Telleldín que no estaban en el original.
Además de todos elementos, Garré insiste en que no se profundizó como correspondía la investigación sobre los dichos del llamado Testigo C, no se ordenó una pesquisa por la asombrosa pérdida de los datos de la agenda electrónica de Carlos Telleldín, no se citó a declarar a numerosos testigos y víctimas importantes, tal el caso de personas que caminaban por la vereda de enfrente del edificio de la calle Pasteur y fueron citados tres años después de la explosión.