Siete de los 106 vetos de Mauricio Macri fueron firmados fuera del plazo legal de diez días que establece la Constitución porteña, según denunciaron los legisladores del Frente para la Victoria. Los kirchneristas reclamaron que los decretos sean declarados nulos y que la Legislatura se presente en la Justicia para que ratifique la validez de las leyes. Entre las normas que estarían vigentes por este error se encuentran la que aumenta el subsidio a Teatro X la Identidad, la cesión de una vivienda social y el registro para los cuidacoches. En tanto, por esta última ley se presentará un amparo en el fuero contencioso.

La Constitución porteña dice en su artículo 86: “Se considera promulgado por el Poder Ejecutivo todo proyecto de ley no vetado en el término de diez días hábiles, a partir de la recepción”. El bloque kirchnerista en la Legislatura advirtió que en el caso de siete vetos se incumplió ese plazo. Según pudieron constatar los diputados, las leyes ingresaron al Ejecutivo el 2 de enero de 2012 y Macri firmó el veto el 17 de enero. En total, son once días hábiles. Las siete leyes son:

- El subsidio a Teatro X la Identidad, que Macri vetó pero decidió entregarle desde el Ejecutivo. La diferencia es que con la ley está obligado a dárselo cada año y no queda librado a la discrecionalidad.

- La afectación de un edificio del gobierno porteño para una vivienda social en Gascón 123.

- La construcción de un centro de salud en el lugar donde estaba el edificio que se derrumbó sobre Bartolomé Mitre.

- Una modificación a una ley que crea un sistema de arbitraje.

- La creación de un mecanismo para que los jugadores compulsivos se autoexcluyan de salas de juegos y apuestas.

- El permiso de uso de un inmueble al Club Atlético Parque Patricios.

- El registro para cuidacoches.

La situación de un veto que esté fuera de plazo genera un conflicto que seguramente tendrá que ser resuelto por la Justicia. En principio, un cuidacoches, Joaquín Almada, se presentará como damnificado por el veto de Macri para reclamar que se reconozca la promulgación de la ley.

“Se va a iniciar una acción de amparo en el contencioso administrativo, dado que tenemos acreditado que el expediente administrativo que recepciona el Ejecutivo fue recibido el 2 de enero. Y fue vetado el día 17 de enero. Es una cuestión objetiva: son once días hábiles”, explicó su abogado, Sebastián Alanis, quien advirtió que todo el trámite del veto se hizo el día 17, cuando estaban vencidos los plazos. La Secretaría Legal y Técnica lo giró al despacho de Macri a las 18 de ese día. Alanis indicó que fue en la dirección general de Asuntos Legislativos donde contaron mal el día de entrada: lo fijaron el 3 de enero (que es cuando entró a esa dependencia) en lugar del 2, que es cuando ingresó al Ejecutivo. “Se está pretendiendo dejar sin efecto una ley que ya es ley y se priva el acceso a una fuente de trabajo a estas personas”, indicó el abogado.

En tanto, el jefe del bloque kirchnerista, Juan Cabandié, cuestionó la estrategia global de vetos del gobierno porteño. “Con cada veto, Macri demuestra el desprecio que tiene hacia el Poder Legislativo y el completo desconocimiento acerca de sus funciones y competencias”, planteó. Por su parte, la legisladora Gabriela Alegre advirtió que “en la avalancha de vetos de este verano, Macri se equivocó no sólo desde el punto de vista político, sino también desde lo formal, al desconocer los plazos constitucionales”. “Todos los afectados por la no promulgación de la ley se pueden presentar en la Justicia y reclamar que se aplique la ley vigente. Son ellos los que pueden reclamar la aplicación de la ley”, estimó Alegre. “Por otro lado, la Legislatura está viendo afectado el ejercicio de sus funciones. Y tendría que iniciar una acción de inconstitucionalidad como cuerpo legislativo”, remarcó.

Sobre el vencimiento del plazo constitucional, Alegre remarcó que “hay dos responsables: el primero es el vicepresidente 1º de la Legislatura, que demora los envíos al Ejecutivo. El otro responsable es el secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas, que le hace firmar a Macri un decreto de veto con el plazo vencido”. “Tendríamos que citarlo a Clusellas para que dé explicaciones ante la Legislatura”, propuso. Por último, indicó que “si fueran serios y respetuosos de la institucionalidad, deberían anular los decretos”.