Las provincias donde la actividad minera tiene fuerte peso acordaron ayer la creación de la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), a partir de la cual buscarán coordinar sus estrategias frente a las multinacionales del sector, de modo de ganar fuerza relativa. El objetivo, indican, es continuar incentivando la minería, pero en mejores condiciones medioambientales, fiscales y en términos de aporte al desarrollo. A corto plazo, los gobernadores también están preocupados por “mejorar la imagen que la sociedad tiene de la actividad”. El documento final sugiere dirimir conflictos alrededor de la minería a través de una licencia social, una aprobación que los gobernadores deberían conseguir a partir del desarrollo de obras de infraestructura que beneficien a la comunidad. A la vez, se impulsará la creación de empresas provinciales. La cámara que reúne a las compañías mineras se mostró a favor del acuerdo entre provincias.

Tal como informó Página/12, ayer se oficializó la Ofemi a través de un convenio firmado por las provincias junto al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Participaron del acto, que tuvo lugar en la Casa de la Provincia de Jujuy de la ciudad de Buenos Aires, máximas autoridades de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Neuquén. “El mayor desafío es el desarrollo tecnológico nacional en la industria mineral y la capacitación técnica de los trabajadores del sector, para avanzar en una mejor distribución de la riqueza que genera la actividad minera entre la población”, señaló De Vido. Desde las provincias admiten que el impulso del gobierno nacional fue central para lograr la conformación de la Ofemi. Incluso, analizan que la figura de De Vido en el acto de lanzamiento, que dejó en un segundo plano al secretario de Minería, Jorge Mayoral, quien tiene buenos vínculos con las compañías del sector, sería un indicio acerca del cambio de timón hacia una regulación más firme de la actividad.

Unificar criterios de aplicación de las normas vigentes, instrumentar mecanismos para incorporar valor agregado industrial in situ, profundizar la sustitución de importaciones de bienes e insumos mineros y establecer mecanismos de resolución de conflictos a través de una licencia social son algunos de los objetivos planteados en el acta acuerdo. El presidente de la Ofemi es el gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, secundado por su par de Catamarca, Lucía Corpacci, y de San Juan, José Luis Gioja. Juan Manuel Urtubey será el “enlace” con la Ofephi, entidad que nuclea a las provincias productoras de hidrocarburos.

En forma previa al cierre del acuerdo, los gobernadores se reunieron varias veces y mantuvieron encuentros con autoridades nacionales. Es que hay posturas encontradas en relación con diversos temas. Uno de ellos es la captación de la renta minera. El gobierno de Río Negro ya estaría trabajando en la conformación de una empresa minera provincial, esquema que avala Catamarca. Las firmas estatales se asociarían a nuevos proyectos mineros, pretenden las autoridades. En cambio, San Juan no optaría por desarrollar una minera estatal. Las provincias tienen niveles diferentes de presión fiscal a través de las regalías y también distintos parámetros ambientales.

“Se analizó y se impulsará la creación de empresas mineras de los respectivos estados provinciales. Podrán intervenir solas o asociadas a empresas privadas en la exploración y explotación de recursos”, aseguró Fellner en conferencia de prensa, luego de la firma del acuerdo.

“Las provincias padecemos del corset que supone la Ley de Inversiones Mineras, que es muy difícil de modificar porque requiere acordar con otros distritos donde no hay desarrollo minero. Sin embargo, a partir de las empresas públicas se podría mantener la seguridad jurídica y a la par aumentar la renta provincial. Además, el estado provincial sería un socio con mucho mayor poder de control, al tener lugar en el directorio de las compañías”, explicó a este diario Dalmacio Mera, vicegobernador de Catamarca. De todas formas, a corto plazo la intención de los gobernadores es “mejorar la imagen que la sociedad tiene de la minería”.

“Toda actividad humana genera impacto en el medio ambiente, de modo que lo que hay que hacer es manejarlo, tratarlo y regularlo. Hay mucho de politización en algunos temas, en otros hay reclamos que tienen que ver con el medio ambiente”, dijo Fellner, en relación con los conflictos sociales alrededor de la minería que explotaron recientemente. Por su parte, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) se manifestó a favor de la conformación de la Ofemi y aprovechó para defender la actividad. “El sector comparte ampliamente los objetivos establecidos para desarrollar y coordinar esfuerzos que garanticen a todas las comunidades la sustentabilidad ambiental, junto al crecimiento económico; trabajando para agregar valor industrial al país, sustituir importaciones, generar divisas y fomentar la ciencia y tecnología junto a universidades e institutos científicos”, señaló la cámara a través de un comunicado.

El tema minero ha conseguido instalarse en la agenda política, fundamentalmente a partir de la serie de conflictos que recientemente tuvieron lugar en La Rioja y Catamarca, donde pobladores rechazan nuevos proyectos de exploración. Pero, además de la cuestión ambiental, la minería es también muy discutida por su escaso aporte al desarrollo económico y por el carácter de “economía de enclave” que muestra, al explotar a gran escala recursos no renovables sin vinculación con el entramado productivo local, escaso aporte a las arcas públicas.