Desde Río de Janeiro

El ministro de Hacienda, Guido Mantega, ha tratado de ser claro y didáctico: “Lo nuestro es una consolidación fiscal. Es muy distinto de los ajustes de Europa, donde se recorta todo, se quitan derechos a los trabajadores, se cortan programas sociales y se provoca recesión. No es lo que estamos haciendo en Brasil”. La ministra de Planificación, Miriam Belchior, ha tratado de ser explícita: el ajuste (o, como quiere Mantega, “la consolidación fiscal”) de 55 mil millones de reales (unos 137.500 millones de pesos) no afectará los principales programas del gobierno social, como el de Aceleración del Crecimiento (PAC), el “Mi Casa, mi Vida” (viviendas populares) o el “Brasil sin miseria”.

Tanto esfuerzo de poco valió: tan pronto se anunció que del Presupuesto Nacional aprobado por el Congreso se esfumarían esos 55 mil millones de reales, por todo el país se difundió la versión de que el recorte afectaba duramente las áreas de salud y educación, además de los que controlan las grandes obras e inversiones públicas, y que los programas sociales implantados desde los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) estaban amenazados.

La verdad queda en el camino, más cercana a las palabras de Mantega y Miriam Belchior que al alboroto en el sacrosanto mercado financiero (que, a propósito, especulaba con cortes de hasta 70 mil millones de reales, o sea, de unos 175 mil millones de pesos). En resumen, se puede explicar la cosa de esa manera: las enmiendas parlamentarias impuestas en el Congreso al Presupuesto Nacional enviado originalmente por el Poder Ejecutivo inflaron alegremente los gastos previstos para este año, quizá por un súbito ataque de optimismo en lo que se relaciona a la capacidad de recaudación fiscal, y seguramente por ambicionar más dinero en un año de elecciones municipales. Ha sido necesario cortar, y cortar duro, esa alegría. Además, le interesa al gobierno mantener un superávit primario riguroso, o sea, lograr 140 mil millones de reales para cubrir los compromisos de la deuda pública y, a la vez, poder forzar una baja en las estratosféricas tasas de interés aplicadas en Brasil.

Dilma determinó a su equipo económico que los ajustes pasen de largo los programas de combate a la miseria, de las inversiones en obras estructurales y de la construcción de viviendas. Al contrario de las apariencias, Dilma también determinó –aseguran asesores muy cercanos a su despacho– que se mejoren, “y mucho”, los servicios públicos de educación y salud.

Con relación a las inversiones, la determinación es preservarlas para alcanzar la meta de un crecimiento de 4,5 por ciento en el PIB de este año. De lo que se cortará o, como quiere el ministro de Hacienda, de la “consolidación fiscal”, el grueso alcanzará directamente el aumento de gastos determinado por los parlamentarios sobre el diseño original del presupuesto. Para evitar malestar y represalias de los parlamentarios afectados, Dilma y Mantega se reunieron, en los días anteriores, con líderes políticos aliados para exponer la línea básica de la acción (o sea, mejorar salud y educación e incentivar el crecimiento a través de inversiones), para dejar claro a todos que mejor sería respaldar las medidas en vez de rebelarse. También se cortarán gastos de viajes y viáticos, compra de nuevos vehículos y los gastos corrientes en cada ministerio.

Concretamente, la ley presupuestaria correspondiente a 2012, que fue firmada ayer por la presidenta, establece el techo máximo que el gobierno podrá gastar este año. El Congreso había establecido 937 mil millones de reales como receta total, siendo que 97 mil millones serían obligatoriamente utilizados para pagar la deuda pública (otros 43 mil millones vendrían de estados y municipios). Es decir, sobraban para gastar 866 mil millones de reales.

Con el ajuste, la previsión de recaudación bajó a 908 mil millones, los gastos previstos pasaron a sumar 811 mil millones de reales y se preservó la cantidad prevista para la deuda pública, o sea, 140 mil millones de reales. Predominó la vieja costumbre: el Congreso exagera en la previsión de recaudación e infla el presupuesto. Luego el gobierno corta y ajusta. Y, al sabor de los vientos, surgen comentarios positivos o negativos sobre esa maniobra.

Ahora se dice que se cortarán 5400 millones de lo que le tocaría al Ministerio de Salud. Es una cuenta chueca. La verdad es que en comparación con 2011 los recursos aumentaron en unos 500 millones de reales. Educación recibió 25 mil millones de reales en 2011, el gobierno propuso para este año 33 mil millones, el Congreso elevó ese valor a 35 mil millones. Lo que hizo ahora el gobierno fue volver a su propuesta original.

Hoy los medios conservadores dirán que, contrariando su promesa, Dilma Rousseff recortó gastos sociales, y que salud y educación serán las más perjudicadas. Es parte del juego. Con lápiz, papel, conocimientos apenas rudimentarios de aritmética y alguna honestidad, se verá que la realidad es otra.