El fiscal federal Gerardo Pollicita le pidió al juez Norberto Oyarbide que abra una causa penal para esclarecer si “agentes de la Gendarmería Nacional” realizaron “en forma institucionalizada” “actividades ilegales” de inteligencia. Pollicita resolvió avanzar con este “requerimiento de instrucción” porque considera que hay que investigar más allá de los resultados de una auditoría interna que presentó la semana pasada la ministra de Seguridad, Nilda Garré, que refuta que se haya hecho espionaje ilegal con gendarmes infiltrados en cortes de calle y manifestaciones volcando información sobre organizaciones sociales y cuerpos de delegados a una base de datos llamada Proyecto X. Aunque Garré dijo que en los casos en que Gendarmería actuó individualizando a personas siempre lo hizo con orden judicial, el fiscal sugirió ya varias medidas de prueba para corroborarlo y para verificar que las bases donde se acopia la información no hayan sido alteradas en los últimos meses.

La denuncia original fue presentada en noviembre pasado por el delegado de Kraft Javier Hermosilla, junto a Nora Cortiñas, Victoria Moyano, Myriam Bregman (Ceprodh) y la abogada María del Carmen Verdú (Correpi), entre otros. Denunciaron la “infiltración ilegal” de agentes de Gendarmería de la Unidad Especial de Procedimiento Judicial en manifestaciones y conflictos sindicales, la mayoría en zona norte, entre 2009 y 2011, y el armado de una base de datos recopilados de personas (dirigentes, activistas, militantes sociales y políticos) allí identificadas. Entregaron documentos donde los uniformados reportan que se “entremezclaron con la multitud vestidos de civil” para “conocer a los cabecillas de las manifestaciones”. Los denunciantes plantean que estas actividades de espionaje eran realizadas excediendo lo requerido por un juez o directamente sin orden judicial.

El jefe de la Gendarmería, Héctor Schenone, se presentó en la causa y dijo que es común que a pedido de la Justicia hagan identificación de “lugares, personas, vehículos, actividades y zonas” y que cuando actúan ante un posible delito lo hacen con conocimiento “inmediato” de un juez. Pollicita pidió medidas para resguardar las bases de datos; designó un perito para analizar si hubo modificaciones recientes de su contenido y para volcar el contenido completo de los datos (Schenone entregó solo parte), que luego se cotejaría con la información manejada por los juzgados que intervinieron en las causas de cortes de calle o protestas que están en danza. Pidió corroborar si en Campo de Mayo había un centro de reunión de información. Y quiere analizar los “protocolos” de Gendarmería. Por ahora no definió imputados. Ahora Oyarbide debe decidir cómo sigue el caso.