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Oscar Valdovinos *

Hace pocos días Pablo Rojo –hoy por hoy, economista principal del menemismo– anunció que, para aumentar los salarios, suprimirían las contribuciones patronales a la seguridad social, incrementando el aporte de los trabajadores para su obra social.
Es sabido que en torno a las obras sociales existe una “leyenda negra”. Esa visión es compartida de buena fe por algunos, en tanto otros la propalan como parte de una sistemática política antisindical, de matriz profundamente reaccionaria, que no procura la transparencia que invoca ni busca separar la paja del trigo, pues lo que en verdad persigue es la destrucción del sindicato como expresión orgánica de la lucha obrera y de los intereses de los trabajadores, más allá de buenos o malos dirigentes. Por eso es importante advertir el designio que encubre la prédica desprestigiante y acordar, por una parte, que los ladrones deben ir a la cárcel, pero también que de las obras sociales como institución es hora de hablar en serio.
Las obras sociales emergen de los sindicatos, ya sea que integren la CGT oficial, la disidente o la CTA. Dan cobertura de salud a más de diez millones de personas y deben cumplir el mismo programa médico que las prepagas. Sólo que para ese Programa Médico Obligatorio (PMO), cuyo costo mínimo es superior a $ 30 por persona, cuentan con un ingreso “per cápita”, promedio, de $ 19, con el que además deben afrontar sus gastos administrativos y las prestaciones adicionales. Es que los recursos se han contraído extraordinariamente por la desocupación, el trabajo “en negro”, la evasión, el incumplimiento patronal y el del propio Estado, que les adeuda doscientos millones en subsidios para programas especiales (sida, alta complejidad, drogadicción, discapacidad, etc.) y que, desde los tiempos de Menem-Cavallo, se apropia para otros fines de recursos que están legalmente destinados al Fondo de Redistribución Solidaria, mientras que el gasto médico crece sin cesar. En suma, las obras sociales hoy hacen milagros, pues en esas condiciones siguen cumpliendo lo esencial de su cometido y mantienen en pie la cobertura básica que protege la salud de millones de argentinos.
Es en ese contexto que aparece alegremente el economista de Menem anunciando que liberarán a los patrones de contribuir a su sostenimiento y duplicarán el aporte obrero, con el resultado final de que el 9% que hoy reciben quedará reducido a 6% y eso lo pondrán solamente los trabajadores. Esto significa cerca de mil millones menos por año para el sostenimiento de las obras sociales. Y todo eso sin decir una sola palabra acerca de cómo se cubrirá el faltante o cómo se garantizará la protección a la salud después de que las obras sociales quiebren.
Aún con el laxo criterio de responsabilidad que impera en esta campaña electoral, esto parece excesivo. Por eso me pareció pertinente la pregunta del título, formulada con la confianza propia de una relación de toda la vida y con el afecto que se siente por los hijos de los amigos que fueron como hermanos. Y también como una apelación para que se comprenda que si bien es cierto que cualquiera tiene derecho a la mudanza ideológica, nadie lo tiene a jugar con la salud de los trabajadores.

* abogado laboralista.