La sublevación militar contra el gobierno democráticamente elegido de la Segunda República Española comenzó en julio de 1936 con actos de terrorismo –para nada improvisados– que sacudieron de forma violenta al pueblo español en su conjunto. Pajares de Adaja, en la provincia de Avila, no fue la excepción. Un grupo de falangistas llegó en agosto al poblado, de entonces 600 habitantes, y cargó en una camioneta a un grupo de referentes republicanos. Secuestró, trasladó y luego asesinó a esa decena de personas, cuyos restos quedaron perdidos por 70 años. En los próximos días se sumarán de forma colectiva 14 familiares de esas víctimas a la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Quieren justicia por ese “acto criminal” que, denuncian, no fue “ni un acto de guerra, ni un hecho aislado”.

Pedro Fausto Canales escribe rápido. “Tengo 78 años. Viví en Pajares de Adaja hasta los 12 años con mis abuelos maternos. Mi madre, sola desde la desaparición forzada de mi padre, servía para otro amo, en otro pueblo. Cuando lo asesinaron yo tenía dos años, por lo que no recuerdo nada de él. Siempre que le preguntaba a mi madre qué había sucedido, se echaba a llorar y era toda su respuesta. Ha sido siempre su respuesta, y poco más explícita, hasta su fallecimiento a los 99 años de edad, en el año 2005.”

Tras 40 años de dictadura y con más de 35 años de democracia en España, será la primera vez que Canales y otros 13 vecinos de Pajares de Adaja podrán dar testimonio, reclamar por una investigación y exigir justicia. Algunos de ellos habían depositado su fe en una demanda interpuesta ante la Audiencia Nacional, pero que “no surtió sus frutos al retirarle la competencia al juez Baltazar Garzón (en 2008, cuando se lo suspendió por prevaricato), que en principio se había declarado competente para juzgar los crímenes del franquismo”, explica el querellante.

La represión de los nacionalistas llegó a Pajares de Adaja en el verano de 1936. El 18 de julio, tras el pronunciamiento del golpe militar, fue depuesto de su cargo el alcalde local, Angel Maroto Sáez, detenido el día 24 del mismo mes y fusilado, sin juicio, el 14 de septiembre. Sus restos fueron escondidos, sin registro ni acta de defunción, en algún rincón del cementerio de Melque.

En la madrugada del 20 de agosto, según denuncian los 14 familiares, un grupo de falangistas se presentó en el pueblo de Pajares de Adaja para llevar a cabo el secuestro de nueve personas, todas ellas vecinos del pueblo, que figuraban en una lista. Con la ayuda necesaria de los habitantes de Pajares fueron localizadas en sus domicilios siete personas, aunque más tarde serían encontrados los otros dos, corriendo igual suerte: Celestino Puebla Molinero, Emilio Caro García, Flora Labajos Labajos, Pedro Angel Sanz Martín, Román González Enrique, Valerico Canales Jorge –padre de Pedro Fausto– y Víctor Blázquez del Oso.

“Supe por mis abuelos y tíos –cuenta Pedro Fausto Canales– que lo sacaron de la cama donde dormía con mi madre, se lo llevaron a una camioneta que esperaba en la plaza, guiada por un comando falangista, y no volvió nunca más, siendo asesinado a unos 25 kilómetros, en una cuneta del término municipal de Aldeaseca, Avila. Mi madre nos tomó en sus brazos a mi hermano de cuatro añitos y a mí, y corrió despavorida a casa de sus padres, mis abuelos, y nunca más volvió a su casa.”

La abogada Ana Messuti, integrante del equipo que lleva adelante la querella contra la impunidad en España, recibió el caso a fines de febrero. La letrada relata que tras fusilar a todos los detenidos, los falangistas ordenaron a otro simpatizante socialista que trasladara todos los cadáveres en su carro a un pozo de agua en desuso en un campo cercano. “La historia circuló de boca en boca por más de 70 años, hasta que estos familiares –sobrinos, nietos, hijos– comenzaron a buscar sus restos y en 2003, con la ayuda de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), hallaron a algunos. Esa búsqueda fue lo que los motivó a ir por más.”

El de Pajares de Adaja es un caso emblemático en varios sentidos. Primero, porque tiene la singularidad de que una de las personas fusiladas que se incluye en la querella, Antonio García Martín, no tiene familiar que lo represente, pero aun así el colectivo de Pajares de Adaja buscará denunciar su desaparición. Y el otro factor que le da al caso un tinte significativo, explica Messuti, es que “la configuración de las víctimas demuestra que había un plan de amedrentamiento, porque eran personas humildes sin causas en la Justicia que dejaban hijos, cuyo único delito era pertenecer a la Casa del Pueblo, Partido Socialista”.

El documento de la querella que fue presentado de manera conjunta por la mayoría de querellantes, y al que Página/12 tuvo acceso, es muy crítico en ese aspecto. “Este acto criminal no fue, consecuentemente, ni un acto de guerra ni tampoco un hecho aislado. Se inserta en un proceso sistemático, concienzudamente preparado y fríamente ejecutado, de aniquilamiento de toda persona que, en cualquier lugar, se hubiese significado en la defensa de la legalidad vigente. La historia de estas diez personas de Pajares de Adaja es, por lo tanto, uno más de los muchos, muchísimos, ejemplos de la estrategia de terror trazada por los dirigentes del bando franquista.”

Informe: R. M.