Por primera vez, la jueza María Servini de Cubría escuchó en persona los testimonios de víctimas del franquismo en el marco de la megacausa que investiga, a través de principios de justicia universal, los crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos en España entre 1936 y 1977. Se trata de cuatro ex presos políticos detenidos durante el régimen, que se presentaron en nombre de cincuenta víctimas más; y la abogada de la hermana de José Humberto Baena Alonso, uno de los cinco fusilados en la última sentencia dictada por el general Francisco Franco en 1975, antes de morir. La magistrada los recibió ayer, en una audiencia cerrada, donde ratificó su voluntad de viajar a España.

Estaba previsto que la audiencia testimonial continuara esta mañana en los tribunales de Comodoro Py, pero la jueza decidió escuchar ayer a todos los españoles. “Se abrió una grieta en un muro de impunidad del franquismo instituido en nuestro país, apoyado por la judicatura de allí y los medios que aplaudían que la Justicia española interviniera a nivel internacional –en referencia al proceso encabezado por el juez Baltasar Garzón en el que juzgó los crímenes de las últimas dictaduras argentina y chilena–, pero (que) se niega a levantar la alfombra y ver qué hay debajo en nuestro país”, explicó José María “Chato” Galante, una de las víctimas y referente de la asociación La Comuna, de presos y represaliados por el franquismo.

Galante estuvo preso en cuatro oportunidades desde 1969, la última de ellas entre 1973 y 1976, cuando fue puesto en libertad con la primera amnistía. Cada vez, lo sometieron a un interrogatorio por sus actividades políticas. En una de las detenciones, lo llevaron a la Dirección General de Seguridad, donde le aplicaron diferentes torturas. “Perdí noción del tiempo –contó en su testimonio escrito–. Me aplicaron la ‘bañera’ y también sufrí la ‘barra’, por la que me cuelgan por la articulación de las rodillas, de forma que los glúteos, genitales y las plantas de los pies quedan expuestos a los golpes. Se turnaron bastantes policías, pero recuerdo por su especial ensañamiento a Roberto Conesa, José Antonio ‘Billy el Niño’ González Pacheco y Juan García Gelabert.”

La jueza Servini de Cubría, cuyo próximo paso será aceptar como partes querellantes a los aspirantes presentados ayer, ya había enviado un exhorto a España en que requirió, entre otros pedidos, que se informe el último domicilio registrado de Billy el Niño, uno de los más de cien torturadores vivos que la asociación La Comuna tienen identificados.

Para Máximo Castex, uno de los abogados patrocinantes de la megacausa, la audiencia testimonial “demostró la buena disposición de Servini de Cubría para hacer avanzar este proceso. Por ejemplo, no es común que un magistrado pase seis horas de corrido (estuvieron reunidos de 11 a 17.30) escuchando testimonios en una etapa de instrucción. Además, ratificó su voluntad de viajar para escuchar a víctimas y recorrer algunos de los puntos donde se produjeron los secuestros, torturas y asesinatos”.

Hasta el momento, La Comuna ha identificado a más de cien torturadores, cuyos nombres fueron entregados a Servini de Cubría. Con Galante, se presentaron otro tres presos políticos, en su primera declaración ante un tribunal de Justicia tras los más de 35 años de democracia en España: Josu Ibarguchi, 62, que estuvo detenido entre 1968 y 1976 por su militancia en la incipiente ETA; Sabin Arana Bilbao (67), que denuncia las torturas y detenciones sufridas en más de una oportunidad, y el periodista y editor Manuel Blanco Chivite, también de 67 años, que fue apresado y condenado a muerte en 1975 por su militancia en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), pena que le fue conmutada a última hora.

Junto a Blanco, habían condenado a José Humberto Baena, quien sí fue ejecutado, con la última firma de Franco, antes de morir. Su crimen fue denunciado ayer por la abogada Doris Benegas, que llegó al país en representación de la hermana del represaliado, Flor Baena. Estudiante universitario y militante de izquierda, acusado del homicidio de un policía, Baena declaró ser “militante del Partido Comunista de España Marxista Leninista, (pero) no he participado en los hechos que se me imputan”. El tribunal castrense dictó la pena capital, que se cumplió el 27 de septiembre de 1975, a pesar de que desde el Vaticano hasta la ONU y la Comunidad Europea habían reclamado el indulto de los cinco condenados. El hecho levantó una ola de protestas en países de Europa y América, incluso con incendio de banderas españolas.

La familia de Baena ha llevado su reclamo de justicia a distintos tribunales, incluso ante la ONU, sin obtener respuestas. Por eso ha acudido, explicó su abogada, a la Justicia argentina.

Informe: Rocío Magnani.