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Ariel Oscar Lijo tiene dos cargos de juez, pero no son incompatibles. El más conocido es el que desempeña en los tribunales de Retiro, al que accedió tras ganar con el mejor puntaje el concurso para la vacante del Federal 4. Fue a fines de 2007, tenía 37 años y cargaba en su mochila la misión de renovar el fuero tan sospechado por la impronta de la “servilleta menemista”. La otra función en la que debe juzgar es durante las competencias de canarios, aves que cría como una de sus pasiones. Las otras son el fútbol, Boca Juniors y los habanos.

A los 22 años ya trabajaba en la Defensoría, y en 1992 pasó a la Fiscalía de Cámara con Luisa Riva Aramayo. Cuando la fallecida jueza ascendió a camarista, Lijo la acompañó como prosecretario. En su actividad académica fue ayudante de cátedra en Derecho Constitucional de la UBA y en Derecho Procesal en la Universidad del Salvador. Padre de dos hijos y casado en segundas nupcias, encabeza el juzgado que ocupó su ex cuñado, Gabriel Cavallo. Entre los amigos que supo cosechar en los pasillos de Comodoro Py están el ex juez Guillermo Montenegro y el juez Rodolfo Canicoba Corral.

Con la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, Lijo avanzó en la condena a los responsables del Batallón 601, entre ellos el genocida Cristino Nicolaides, por los secuestros y homicidios de un grupo de militantes montoneros que regresó al país en 1980 para intentar la denominada “contraofensiva” a la dictadura. Durante esa investigación debió revocar la prisión domiciliaria del represor Pascual Guerrieri, luego de que el programa CQC lo filmara jugando al tenis en una supuesta “salida médica”. Antes había procesado al torturador confeso Luis Abelardo Pa-tti por encubrimiento del teniente coronel Jorge Granada cuando éste se encontraba prófugo en la causa sobre la contraofensiva.

El juez que acaba de recibir el expediente Ciccone-Boldt está acostumbrado a manejar causas de alto voltaje. Procesó al ex secretario general de la Presidencia Alberto Kohan por presunto enriquecimiento ilícito. También fue quien elevó a juicio la causa sobre irregularidades en la investigación del atentado contra la AMIA. Otros expedientes complejos que manejó fueron los escándalos por la confección de documentos a cargo de la empresa Siemmens durante el gobierno de Menem y de las guías telefónicas que la ex interventora de Entel, María Julia Alsogaray, encargó a la empresa Meller. Y por sus manos pasó la causa por las responsabilidades políticas del gobierno de Eduardo Duhalde en la masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

Por estos días, en su despacho se instruye la causa al ecuatoriano Jaime Durán Barba, asesor de Mauricio Macri, acusado de una “campaña sucia” contra el senador Daniel Filmus. Además, Lijo procesó a un técnico mecánico por la grabación registrada en el radar del helicóptero presidencial diciendo “maten a la yegua”. Y recientemente archivó la causa que investigaba los incidentes ocurridos en una reunión de directorio de Papel Prensa en 2010, donde participó el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Pero de ese episodio se desprendió una investigación para saber si el titular de la Sindicatura y aspirante a la Procuración General, Daniel Reposo, intentó sobornar a un mozo para cambiar su declaración en la causa por esas agresiones.

Lijo pertenece a la camada de Daniel Rafecas, Julián Ercolini y Guillermo Montenegro. Pasados ocho años, aún compite con Ercolini por el podio del perfil más bajo del politizado y mediático fuero.