Un año y medio después del intento de Mauricio Macri de llevar a una candidata PRO al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, ese lugar sigue vacante. Tras el fracaso para imponer a Daniela Bruna Ugolini –que no tuvo consenso en la Legislatura y terminó desatando un conflicto de poderes por las irregularidades del proceso–, la gestión de Macri eliminó un decreto que exigía más controles en los candidatos y dejó en una eterna espera la postulación del jurista Martín Böhmer. La demora en ocupar el cargo deja incompleto el principal tribunal de la ciudad. Siete ONG, entre ellas el CELS y ACIJ, hicieron pública una carta en la que le exigen al jefe de Gobierno que cumpla con sus obligaciones. “La mora en el cumplimiento de la específica función constitucionalmente asignada es incompatible con el respeto debido hacia el Poder Judicial”, le advirtieron a Macri en la misiva.

El primero de octubre de 2009, el juez Julio Maier dejó su cargo en el TSJ. Desde entonces, el tribunal tiene cuatro miembros en lugar de cinco. Macri propuso como reemplazante a Ugolini, una fiscal de Cámara que siempre dictaminaba a favor del gobierno PRO. Desde diversos sectores políticos y sociales, rechazaron su candidatura por sus pronunciamientos en contra de los derechos a la vivienda, al trabajo, el agua, la educación y hasta la libertad de una mujer para hacerse una operación de ligadura de trompas (Ugolini dictaminó que debía consultar primero a su marido).

A los cuestionamientos, se sumaron cinco fallos judiciales por irregularidades en el proceso de designación, que contemplaba instancias de transparencia similares a las que dispuso Néstor Kirchner para la Corte Suprema mediante su decreto 222/03. La disputa judicial escaló hasta llegar a ser declarada como un “conflicto de poderes” por el TSJ. Pero Ugolini nunca reunió los 40 votos que requería y debió renunciar.

Para ahorrarse nuevas molestias, el gobierno de Macri eliminó los controles al mecanismo de designación –surgían de un decreto de la época de Aníbal Ibarra que emulaba al de Kirchner– que incluía instancias de transparencia, publicidad y participación ciudadana. En el camino, quedó la postulación para el TSJ del jurista Martín Böhmer, quien no tenía la misma resistencia que Ugolini. No sólo no impulsaron su designación: con un sadismo inexplicable, hicieron circular la versión de que actualmente Böhmer le da clases al capocómico Miguel Del Sel para prepararlo como candidato a senador en 2013.

Ante la demora de Macri para volver a elegir un postulante, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), la Unión de Usuarios, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el REDI dieron a conocer una carta en la que reclamaron “el cumplimiento sin más demoras de su obligación constitucional de presentar a la Legislatura su propuesta”.

“Ha transcurrido más de un año y medio desde que se extinguió el proceso de nominación anteriormente iniciado, y todo plazo prudencial para enviar su nueva nominación ha sido cumplido”, indicaron. Las siete ONG consideran que la demora afecta al Poder Judicial y al Legislativo, que no puede cumplir su función de convalidar al postulante del Ejecutivo. La carta será entregada al jefe de Gobierno, a los bloques de la Legislatura y al Consejo de la Magistratura porteño.

En la carta, también cuestionaron la eliminación del decreto que establecía controles ciudadanos sobre la designación. “Resultó un retroceso preocupante en la práctica democrática de la Ciudad”, advirtieron. Las ONG recordaron que la demora en designar un nuevo juez “altera las condiciones de independencia de los jueces con posibilidades de ser nominados”. También le señalaron a Macri que “tiene discreción para elegir su propuesta de candidato/a, pero no tiene discreción para elegir si integra o mantiene incompleto” el TSJ. Con el recuerdo fresco de Ugolini, le solicitaron que la persona a la cual elija “no resulte teñida por compromisos partidarios ni relaciones personales, y que recaiga en una persona con idoneidad y trayectoria acreditada de compromiso con la Constitución, los derechos humanos, la democracia, los principios republicanos y la autonomía de la Ciudad”.