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Después de algunos contratiempos y la salida de varios jueces y fiscales, comienza mañana el mayor juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Santiago del Estero. La megacausa incluye a cuarenta y cuatro víctimas y doce acusados por desapariciones, secuestros y torturas antes y durante la última dictadura cívico-militar. La mayoría de los imputados, al menos los de la policía provincial, continuaron en funciones incluso hasta el 2003, cuando llegaron las primeras demandas que ahora se elevan a juicio. Varios de estos ex policías pusieron luego agencias de seguridad privada que hoy siguen trabajando. Nina Aragonés de Juárez, mujer del ex gobernador santiagueño Carlos Arturo Juárez, fue citada como testigo de la defensa.

De las 44 víctimas, se juzgarán seis casos de desapariciones antes de 1976, cometidas durante el gobierno de Juárez; 26 casos de secuestros y torturas efectuadas también antes del golpe militar, y doce desapariciones posteriores al golpe. “Las denuncias en Santiago llegaron a más de 150 casos, pero por ahora sólo éstos van a juicio –le dijo a Página/12 la presidenta de la Asociación por Verdad, Memoria y Justicia, Cristina Torres, sobreviviente y querellante de la causa—. Estamos con mucha ansiedad porque hace nueve años que hemos puesto la primera denuncia y hemos sufrido muchas postergaciones. Por suerte llegamos con pocas bajas en cuanto a los imputados, pero sí con la muerte de por lo menos un testigo importante.”

Los acusados son los ex policías y ex militares Musa Azar Curi, Juan Bustamante, Miguel Garbi, Ramiro López Veloso, Jorge D’Amico (todos ellos vinculados con las desapariciones anteriores a 1976) y Francisco Laitán, Héctor Carlos Capella, Rolando Salvatierra, Eduardo Baudano, Gregorio Brao y Roberto Díaz, quien se encuentra prófugo. Con 175 testigos citados, el tribunal que juzgará a los represores está conformado por Graciela Fernández Vecino, Juan Carlos Reynara y José Fabián Asís.

El fiscal de la causa, Gustavo Gimena, solicitó que todos los imputados que se encuentren bajo el beneficio de la excarcelación permanezcan detenidos durante el proceso, planteo que hasta ahora no ha sido resuelto. “Nosotros estamos pidiendo que las universidades y las cámaras legislativas locales declaren el juicio de interés académico y público (según corresponda), por la magnitud que tiene y por la trascendencia institucional que va a causar”, dijo Torres.