Para las partes que cumplen con la función de acusar en la causa de la Masacre de Trelew, el asesinato de los 16 presos políticos y el intento de homicidio de los tres sobrevivientes en el marco del fusilamiento cometido por miembros de la Marina en la base Almirante Zar de esa ciudad de Chubut el 22 de agosto de 1972 es un delito de lesa humanidad. “La querella de la Secretaría de Derechos Humanos no tiene dudas al respecto”, planteó el abogado que la representa, Germán Kexel. La postura del organismo en el juicio que comenzó hace una semana en Rawson coincide con el objetivo de la Fiscalía, a cargo del fiscal general de Rawson, Fernando Gelvez, y su colega de Comodoro Rivadavia, Horacio Arranz. Sin embargo, una serie de recursos interpuestos en la etapa de instrucción por algunos de los cinco acusados que exigían la prescripción de los delitos –pasaron más de 40 años– originaron un fallo de la Cámara de Casación Nacional que puso todas las fichas sobre la mesa del juicio oral. “Cuestión de hecho y prueba que deberá definirse en la etapa oral”, mencionó la Cámara entonces, tras rechazar los pedidos de las defensas y llevar a la “cárcel a los culpables” reclamado por los familiares de las víctimas y los organismos de derechos humanos al máximo de suspenso posible. “Es lo crucial en la investigación. Sólo si el tribunal los considera delitos de lesa humanidad podremos hablar de la existencia de la imprescriptibilidad de los crímenes y, por ende, probar los diferentes grados de responsabilidad de los acusados”, advirtió Gelvez.

El interrogante sobre la naturaleza de los fusilamientos es eje principal del emblemático juicio que en ésta, su segunda semana de avance, contará con la declaración de uno de los acusados, el marino Jorge Bautista –imputado por encubrimiento– y de los primeros testigos de las partes acusadoras. ¿En qué elementos, entonces, se basaron para considerarlos delitos de lesa humanidad la Fiscalía y la Secretaría de Derechos Humanos? La posición de ambas apunta a los contextos previo y posterior en el que se produjeron los asesinatos de los jóvenes militantes políticos de las organizaciones armadas Montoneros, FAR y PRT-ERP y aseguran sin vacilar: la Masacre de Trelew es el germen del terrorismo de Estado, del “genocidio argentino de 1976”.

La investigación de los fusilamientos comenzó con la denuncia de los abogados involucrados en la temática de derechos humanos Alberto Pedroncini y David Baigún, presentada en 2005 ante la Justicia Federal porteña. “Entre la documentación que presentaron figura un manual de reglamentos del Ejército elaborado en 1968 y que rigió desde entonces, la mayoría firmados por el entonces jefe del Ejército Agustín Lanusse, que describen mecanismos psicológicos, operaciones antisubversivas, exterminio del elemento subversivo, operaciones contra la guerrilla urbana”, apuntó Kexel. El documento había sido presentado entonces por la defensa del represor Santiago Riveros en el marco de una causa en la que estaba imputado por violación a los derechos humanos con el objetivo de hacer responsables de los crímenes a las más altas autoridades militares. “Sirvió como prueba de la categoría de lesa humanidad de la masacre porque permitía describir el contexto represivo inmediatamente anterior a la dictadura militar. El Ejército argentino ya había escrito y publicado reglamentos para proceder ante el accionar de un enemigo en la población civil, el ‘subversivo’ como lo llamaron, aquel que pensaba distinto, con el objetivo de eliminarlo”, apuntó Kexel.

“Contamos con abundante prueba documental y testimonial, como es el caso de la compañera de una de las víctimas, Rubén Bonet, Alicia Bonet –estaba clandestina cuando su compañero fue asesinado–, o el detalle de la Cámara Federal, que la dictadura de Lanusse creó especialmente para juzgar a presos políticos, que confirman la situación de persecución a determinadas organizaciones políticas, que esa persecución se estaba dando desde antes de la madrugada del fusilamiento, que era manifiesta, que hubo represión ilegal y que este hecho fue el inicio del terrorismo de Estado”, de 1976, comentó el fiscal general de Rawson que participó en la investigación desde el momento en que de la Justicia porteña pasó a la de la capital chubutense, poco después de la radicación de la denuncia.

La Cámara Federal mencionada por Gelvez, conocida como el “Camarón”, también es un elemento que destacó Kexel, “un fuero antisubversivo creado ad hoc con reglas particulares y a miles de kilómetros de sus familiares”, apuntó el representante de la Secretaría de DD.HH. Fue el juez Jorge Quiroga, integrante del “Camarón”, quien interrogó a los 19 militantes que tras intentar fugarse de la unidad penal 6 de Rawson, el 15 de agosto de 1972, fueron encerrados en la base Zar hasta su muerte, el 22 de ese mes.

Para Kexel, “el post 22 de agosto de 1972 termina de explicar los hechos”: la persecución y la desaparición de la familia Pujadas (los vínculos directos de Mariano Pujadas, otra de las víctimas, están casi todos desaparecidos), la desaparición forzada de los tres sobrevivientes de los hechos (Alberto Camps fue asesinado el 16 de agosto de 1977; María Antonia Berger y Ricardo Haidar continúan desaparecidos) y la muerte de otros tres chicos que tras la balacera habían quedado vivos (Bonet, Miguel Polti y Alfredo Kohon), a quienes dejaron morir sin atención médica son algunos de los elementos que “explican la continuidad represiva en el terrorismo de Estado. El genocidio argentino del ’76 no empezó de la noche a la mañana, sino que es un proceso que se venía trabajando hacía rato”, concluyó.