Sergio y Pablo Schoklender terminaron detenidos en la misma cárcel, la de Ezeiza, a pesar de que el menor había pedido que lo mandaran a Devoto para estar alejado de su hermano. Pero quedaron separados y sin posible contacto, según las precauciones del Servicio Penitenciario Federal (SPF). En el mismo lugar también está preso el contador Alejandro Gotkin, mano derecha de Sergio y titular en dos sociedades (Meldorek y Antártica) que el juez Norberto Oyarbide sostiene que se utilizaron como canal para desviar de la Fundación Madres de Plaza de Mayo dinero que llegaba del Ministerio de Planificación para construir viviendas sociales. Pablo Schoklender y Gotkin empezaron a ser indagados el jueves. Ayer se conocieron más detalles de lo que dijeron. Tuvieron un punto de contacto al intentar justificar los retiros de sumas abultadas cash en la necesidad de pagar sueldos de los obreros y gastos en efectivo. El argumento es que había demoras en recibir partidas y dificultades con cuentas bancarias de la Fundación que llevaron a utilizar cuentas personales y cambiar cheques en financieras. Sin embargo, para el juez Norberto Oyarbide está probado que se llevaron el dinero para usarlo en provecho propio.

Los tres detenidos por asociación ilícita terminaron en Ezeiza, el único lugar seguro para ellos según el SPF previno al juez. En Devoto todos los pabellones son colectivos. En Ezeiza hay celdas individuales y pabellones separados. Sergio dijo que prefería no tener “resguardo de integridad física” y está en un pabellón común. Pablo tiene un sistema de protección. Oyarbide les negó la excarcelación por considerar que podrían entorpecer la pesquisa e influir sobre personas que tienen que declarar. Señaló testimonios que describieron que Sergio solía andar armado y amenazante. La Sala I de la Cámara Federal evaluará si siguen presos.

En un escrito, Pablo Schoklender dijo que siguió “órdenes de autoridades de la Fundación”. Ante el juez resaltó el poder de decisión de Hebe de Bonafini cuando relató la reunión en la que dispuso sacar a Sergio Schoklender de la Fundación y revocarle los poderes por enfrentamientos internos. Pero ese planteo no refuta las imputaciones del juzgado y el fiscal Jorge Di Lello, que sostienen que los ex apoderados de Madres utilizaron para su propio enriquecimiento el dinero que recibían de la Fundación para las viviendas sociales. Oyarbide detalló más de 260 millones de pesos en movimientos sospechosos. Pablo alegó que cuando el Estado demoraba la entrega de fondos “se debió recurrir a formas alternativas de financiación” y a “cuentas personales” para permitir “el normal funcionamiento de la Fundación”, cuyo “esquema administrativo colapsó” y el banco le cerró su cuenta. Dijo que el Estado pagaba las obras ya realizadas, algo que debían verificar el gobierno nacional o gobiernos locales, que revisaban el pago de cargas sociales y aportes patronales. Oyarbide sostiene que hubo obras sin terminar o que el dinero se usó para otros fines y que las cargas no se pagaron. Gotkin reconoció que las empresas de las que era titular se usaron para derivar cheques y obtener efectivo, según él para pagar a trabajadores.