El Gobierno declaró ilegales las actividades de cinco petroleras británicas en las islas Malvinas. La decisión fue comunicada a través de una serie de resoluciones de la Secretaría de Energía, en las que calificó de “clandestinas” a las empresas que trabajan en la exploración y extracción de hidrocarburos en esa zona del Atlántico sur, “sin estar habilitadas para ello por las autoridades competentes argentinas”. La medida es parte de una estrategia de acciones administrativas y judiciales que se implementarán contra las petroleras que, a criterio del gobierno argentino, están violando con su accionar las resoluciones de Naciones Unidas.

La declaración de ilegalidad se concretó mediante cinco resoluciones publicadas en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Energía, Daniel Cameron, y está dirigida a las empresas Argos Resources, Rockhopper Exploration, Borders & Southern PLC, Desire Petroleum Public y Falkland Oil and Gas. La razón, argumentó la secretaría en los considerandos, es que ninguna de las petroleras “se encuentra inscripta en los registros” oficiales y todas realizan operaciones “en la Plataforma Continental Argentina” sin contar “con una autorización, concesión o permiso otorgado por las autoridades competentes”.

La secretaría agregó que por esto “las mencionadas actividades resultan ilegítimas y clandestinas, por estar realizándose en una zona que se encuentra bajo la soberanía de la República Argentina y al margen de lo que disponen sus leyes y reglamentos específicos”.

Entre los organismos que fueron notificados de la declaración figura el Ministerio Público fiscal, para que los fiscales den impulso a las causas judiciales que correspondan.

A mediados de marzo, el canciller Héctor Timerman había anunciado que el Gobierno dio instrucciones a un equipo jurídico de que se ocupara de implementar un plan contra las petroleras que operan en las islas. El ministro hizo un repaso de cómo se dio la llegada de estas compañías a Malvinas: en septiembre de 1995, la Argentina y el Reino Unido acordaron una declaración sobre cooperación de actividades en el Atlántico sur. Pocos días después, sin embargo, las autoridades de Gran Bretaña lanzaron unilateralmente una licitación para explorar la existencia de hidrocarburos en el Atlántico sur. El gobierno argentino comenzó entonces una serie de quejas por la vía diplomática hasta que en 2007, durante la presidencia de Néstor Kirchner, dio por terminada la declaración conjunta. Gran Bretaña siguió adelante y, en los años siguientes, las empresas montaron las plataformas de exploración en la zona de las islas y algunas comenzaron a informar incluso sobre hallazgos en sus pozos.

Timerman señaló en aquella oportunidad que se realizarán denuncias ante el fuero federal de la Justicia argentina. Ayer, la Cancillería ratificó en este sentido que “la declaración de clandestinidad dará lugar al inicio inmediato de las acciones civiles y penales contra las citadas empresas, las que incluyen imputación de delitos aduaneros y fiscales, así como la aplicación de sanciones administrativas”.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta, Daniel Filmus, expresó ayer su apoyo a la decisión del Gobierno. “Las actividades que estas empresas realizan en la Plataforma Continental Argentina son ilegítimas y clandestinas, porque se están desarrollando en un espacio que se encuentra bajo soberanía argentina y porque transgreden normas y leyes específicas”, afirmó.