“Estuve presente en tres o cuatro interrogatorios, incluso en los que vi el paso de corriente eléctrica.” La declaración pertenece al policía bonaerense Norberto Co-zzani, uno de los acusados por violaciones a los derechos humanos cometidos en los centros de detención clandestinos que formaron parte del conocido como Circuito Camps. Pese a que la carga de arrepentimiento fue nula, las palabras del represor deslizadas ayer ante el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata lograron espeluznar a quienes presenciaron la séptima audiencia del juicio que indaga aquellos crímenes. El bonaerense, en prisión preventiva, se refirió a las sesiones de tortura a las que fueron sometidos la viuda del dueño de Grupo Graiver, David Graiver, Lidia Papaleo; su hermano y padre, Isidoro y Juan Graiver, y las dos secretarias de la firma Lidia Angarola y Silvia Fanjul –que hasta 1977 tenía bajo su control Papel Prensa y otra treintena de empresas– para indagarlos por la relación entre el grupo y Montoneros, apuntó el acusado. Es la tercera vez que el TOF Nº1 lo habilita a ampliar su declaración y, aunque no haya aportado datos nuevos a la causa, es la primera vez en el marco de este juicio que un acusado reconoce su participación en los delitos bajo análisis.

Cozzani solicitó una tercera ampliación de su indagatoria inmediatamente después de haber escuchado el testimonio que Papaleo ofreció en el juicio por los delitos del Circuito Camps el martes pasado. Sus declaraciones sobrevolaron, sobre todo, lo ocurrido con las personas vinculadas con el Grupo Graiver que fueron víctimas de la última dictadura. El centro de detención Puerto Vasco, ubicado en Don Bosco, fue el primer destino de varias de ellas que fueron secuestradas –se calculan en más de una veintena–. Muchas fueron liberadas; otras, asesinadas y algunas continúan desaparecidas.

“En Puesto Vasco yo llevaba los detenidos, estuve presente en tres o cuatro interrogatorios, incluso en los que vi el paso de corriente eléctrica, pero estoy lejos de ser el torturador o el interrogador”, disparó Cozzani ayer. Según informó la abogada querellante (Justicia Ya!) Guadalupe Godoy, “haber visto las torturas implica su participación, haya sido o no el picaneador. Incluso el tribunal se lo dejó en claro”, sostuvo en diálogo con este diario. Cozzani aseveró que participó de las detenciones de Juan Graiver y Papaleo. “(El ex comisario fallecido) Alberto Rouse dirigía los interrogatorios y agentes de la Dipba (Dirección de Investigaciones de la Provincia de Buenos Aires) aplicaban la picana. Se les pasaba corriente eléctrica por todo el cuerpo y se los interrogaba sobre el Grupo Graiver y su relación con el dinero de Montoneros”, mencionó.

Para Godoy lo más impactante de los nuevos dichos de Cozzani fue la justificación de los delitos. El policía, que se calificó a sí mismo como el encargado de la investigación de todos los integrantes del Grupo Graiver, consideró ayer que “la tortura era necesaria” en “casos importantes” como el de los Graiver. “Lo más impresionante fue que hable de tortura como un medio necesario para obtener información y aplique la regla básica de la escuela francesa: los diez primeros minutos de declaración bajo tormentos son los que valen”, definió Godoy algo que el acusado dijo con otras palabras: “Después de la tortura todo fue más fácil porque comenzaron a contradecirse”. Con la idea también coincidió el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos, Inti Pérez, que sostuvo que en las declaraciones se vislumbra “el encono que la estrategia perseguía para quebrar a las víctimas mediante la tortura”.

No obstante, los querellantes creen que lo dicho ayer no cambia la situación del juicio. “Cozzani no es un arrepentido ni se quebró y confesó su delito. Sólo habló de los cinco casos por los que ya fue condenado en 1986 –junto con la cúpula de la Policía Bonaerense, Ramón Camps y Miguel Etchecolatz, entre otros, por torturas–, pero se deslindó del resto del Grupo Graiver. Nada dijo del abogado del Grupo Jorge Rubinstein, que fue asesinado en una sesión de tortura y por el que afronta una condena de prisión perpetua”, apuntó Godoy, aunque no descartó que “la mención acerca de la existencia de careos entre secuestrados, que según él habría presenciado (el comisario Miguel Osvaldo) Etchecolatz, pueda armar lío entre los acusados y empiece a romperse mucho el pacto de silencio que hay entre ellos”.

En cambio, las “revelaciones” podrían tener efecto en la investigación sobre Papel Prensa. Los querellantes evaluaron que, por un lado, Cozzani intentó “quedar bien” con los diarios Clarín y La Nación al apuntar que la investigación “quería saber del vínculo entre los Graiver y Montoneros y, en ese sentido, Papel Prensa era una empresa más del grupo”. Por otro, remarcó que él era el encargado de confeccionar “cada viernes dos carpetas con las novedades de la investigación destinadas a (los represores Guillermo) Suárez Mason (y Oscar) Gallino y otra para la Secretaría de Presidencia. El informe de Gallino era el más completo”. Informes del Ejército de abril de 1977 dejaron asentado que Gallino mantuvo reuniones con los directivos de entonces de La Razón, La Nación y Clarín.

“Nos llamó particularmente la atención la demonización que hizo de Papaleo, como ubicándola como una persona de mucho poder dentro de la empresa y de activa militancia, cuando se sabe que eso no era así”, sumó a las hipótesis Pérez.