La Sala I de la Cámara Federal ordenó excarcelar a Pablo Schoklender y al contador Alejandro Gotkin, presos desde hace poco más de un mes en la causa sobre el desvío de fondos públicos destinados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo que debían usarse para la construcción de viviendas sociales. Según el tribunal, el juez Norberto Oyarbide no ofreció pruebas de que pudieran entorpecer la investigación y que justificaran una medida “excepcional” como es privarlos de la libertad. Sin embargo, el magistrado les fijó cauciones altas –cuatro millones de pesos para Pablo y dos millones para Gotkin– y no serán liberados automáticamente a menos que logren depositar esa plata. Ambos, de todos modos, apelarán el monto. La situación de Sergio Schoklender todavía no está definida porque los camaristas no se ponen de acuerdo.

Cuando les tomó declaración indagatoria, Oyarbide les imputó asociación ilícita a los tres. A Sergio lo señaló como jefe de esa organización, mientras que a Pablo y a Gotkin los describió en el papel de organizadores. El juez sostuvo que habían participado en una megamaniobra para desviar por lo menos unos 280 millones de pesos que la fundación de las Madres –donde los Schoklender eran apoderados– recibía para construir casas con paneles móviles pensadas para gente de pocos recursos. Según mostró la investigación, el dinero era desviado a cuentas personales o de personas allegadas a ellos, también aparecía en pagos a empresas que no daban ninguna contraprestación y otro tanto era cambiado (en cheques) en financieras amigas. Había dos empresas pantalla que sirvieron para esa canalización del dinero: Meldorek y Antártica. Gotkin era el presidente de ambas. Según el Juzgado, hubo una doble defraudación: al Estado y a las Madres, que además se toparon con deudas en aportes y cargas sociales, entre otras.

La resolución de la Sala I, que dispone excarcelar a Pablo Schoklender y a Gotkin, apunta que el expediente tramita desde hace “doce meses”, durante los cuales Oyarbide pudo realizar gran cantidad de medidas de prueba –incluidos allanamientos y secuestros de documentación– sin obstáculos. Por eso, dicen los camaristas Eduardo Freiler y Eduardo Farah (Jorge Ballestero está de licencia), el juez tenía que haber justificado “en base a qué nuevo elemento” decidió detenerlos después de todo este tiempo, pero no lo hizo. Para ellos no basta decir que hay “diligencias pendientes” o que falta definir el papel de otras personas en la trama. El tribunal dice no advertir cuál sería la dificultad para llevar todo eso a cabo con ambos imputados en libertad. Incluso especifica que los estudios pendientes sobre el uso de los fondos recibidos por la fundación y análisis de su cuenta bancaria “no resultan pasibles de ser obstaculizados”. Las detenciones, enfatiza, son “injustificadas”.

El 15 de mayo último, al ordenar las detenciones, Oyarbide aludió de manera genérica a la “gravosa participación” de los Schoklender y Gotkin en los hechos. Uno de los camaristas, Freiler, acotó que no se puede privar a alguien de su libertad apoyándose en una construcción sobre su supuesta “peligrosidad”, sino que hay que explicar qué amenazas concretas representa, al margen de que en el horizonte pueda esperarle una pena de prisión efectiva.

Ambos camaristas cuestionaron también al juez por implicar de antemano a Pablo y a Gotkin en la desaparición de documentación de oficinas de Madres cuando, en rigor, todavía no analizó los videos internos. Del mismo modo, objetaron y desecharon el argumento de Oyarbide que los hacía responsables de amenazas a testigos quienes, al declarar, sólo señalaron a Sergio Schoklender como el que aparecía escoltado con matones y armado para amedrentar a empleados de las obras. La resolución desliza un aval al menor de los Schoklender cuando dijo “yo no soy mi hermano” y cuestionó que le “imputan cosas que hizo él”.

La Cámara, a su vez, dejó en manos de Oyarbide la decisión de ponerles una caución juratoria (de palabra) o una caución real (económica) para dejarlos en libertad. Al atardecer notificó a los defensores que había elegido la segunda opción “para no tornar ilusorio el beneficio” de la excarcelación. Pablo tendrá que depositar cuatro millones de pesos si quiere abandonar rápidamente el penal de Ezeiza y Gotkin, dos millones. Los abogados pusieron el grito en el cielo. “El monto fijado por el juez revela una profunda confusión sobre la naturaleza de la caución e implica un alzamiento contra lo que resolvió la cámara”, sostuvo Pablo Slonimsqui, defensor de Pablo Schoklender, quien anunció que recurrirá nuevamente a la Cámara. Gotkin, según señaló su abogado Nicolás Maciel, tendría más expectativas sobre la posibilidad de juntar el dinero y depositarlo en el juzgado, lo que no quita que apele. El juez le señaló una serie de bienes y el manejo de fondos de sociedades ligadas a la causa. Maciel dijo: “El monto es irrazonable, pero además Oyarbide no justificó cómo se apartó de la regla, que es la caución juratoria”.

La Cámara también rechazó ayer un planteo de nulidad de Sergio Schoklender sobre un pedido de informes al Banco Central de movimientos de cuentas bancarias de los imputados. Pero los jueces no pudieron ponerse de acuerdo sobre si corresponde darle la libertad. Farah, en rigor, al fundamentar la excarcelación de Pablo, la diferenció del caso de su hermano, donde, señaló, Oyarbide sí usó –a su entender– “elementos objetivos” que mostraban “riesgos procesales”. Si el tribunal quiere resolver esta semana, deberá desempatar un juez de la otra sala, pero todo indica que esperarían hasta la semana próxima, cuando regrese Ballestero.