Desde Córdoba

Mientras el Congreso nacional analiza la despenalización de drogas para uso personal, ayer siete comisiones de la Legislatura provincial de Córdoba siguieron evaluando la desfederalización de los delitos menores ligados al tráfico y comercio. “Vamos a contramano de la discusión que se está dando en el país. Se va a incrementar la persecución a los consumidores y a muchos pibes que venden para pagar lo suyo, en vez de ir por los grandes narcos”, señaló a este diario Irina Santesteban, secretaria general del gremio de empleados judiciales. El proyecto fue enviado por el Ejecutivo cordobés e implica “un pase de manos del delito social” de la Justicia federal a la provincial, explicó el juez federal José Vicente Muscará. Por su parte, el camarista provincial Gabriel Pérez Barberá advirtió que la iniciativa, que podría sancionarse el próximo miércoles, “legitima la mala conciencia que existe en la Justicia federal, que centra la persecución en el microtráfico”.

El proyecto fue enviado por el gobernador José Manuel de la Sota el pasado 15 de mayo, el mismo día en que las tres principales fuerzas del Congreso –el oficialismo, la UCR y el Frente Amplio Progresista– acordaron un proyecto de consenso para reformar la ley de drogas. El ejecutivo planteó adherir a esta última norma a través de Ley 26.052, de 2005, que permite a la Justicia provincial “asumir competencia cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor”. También incluye los artículos que penan el autocultivo, la tenencia simple y para uso personal.

“El gobierno Córdoba pretende adherirse a una ley que está en debate en el Congreso nacional y se quiere modificar. Es algo conflictivo. Se daría más poder a la policía provincial, que ya es un desastre, y se ataca al eslabón más débil, el consumidor. Vamos a llenar las cárceles de perejiles, adhiriendo a una ley que criminaliza la pobreza”, dijo la legisladora Liliana Olivero. El Tribunal de Superior Justicia local aseguró que no se podía implementar aún la desfederalización por falta de presupuesto y de capacitación, agregó la legisladora del Frente de Izquierda.

En el primer plenario de comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación, a principios de mes, el juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni informó que los tribunales federales estaban colapsados por causas contra usuarios y lo mismo ocurrió en el fuero bonaerense, luego de la desfederalización en esa provincia. También dijo tener serias dudas sobre la constitucionalidad de la adhesión. “Creo que hay delitos federales y delitos ordinarios. Nunca he visto un delito que se convierta en ordinario según la provincia quiera o no”, comentó.

Para el camarista federal de Córdoba, Luis Rueda, la propuesta de De la Sota es “una respuesta política”, que implicará un mayor control sobre el accionar policial por parte de las tres fiscalías de instrucción que se dedicarían al tema. Para el juez federal Muscará también se trata de un “golpe de impacto político”. “No va a solucionar nada porque la guerra contra las drogas nació muerta. No tengo claro si la propuesta es una triquiñuela del poder o una forma de hacer caja. Puede que haya bajado el robo y subido la venta de drogas, como una forma de supervivencia”, agregó.

A Pérez Barberá le llama la atención que se enfoque la tarea judicial en aquellos eslabones débiles de la redes del crimen organizado, “que en verdad deberían dejar el centro de las investigaciones para tener una política seria en la lucha contra el narcotráfico. Parecería que lo único ‘eficaz’ es la persecución del tráfico menor”. Según explicó, el brazo investigador de la Justicia federal y de la provincial es la Policía de Córdoba, no la Federal. “Si se aprueba esta ley, nuestra policía se tendría que dedicar a perseguir únicamente al tráfico menor y es muy difícil que pueda tener capacidad operativa para perseguir también al tráfico mayor”, concluyó.

En 2008, al evaluar los tres primero años de la desfederalización bonaerense, el juez en lo Criminal Emir Caputo Tártara marcó otra consecuencia operativa. Según él, al dividir las jurisdicciones se corta la línea de investigación entre los vendedores de menor peso y las organizaciones del narcotráfico.

Durante su exposición ante las comisiones de Legislación Penal, Adicciones, Presupuesto, Educación, Asuntos Institucionales, Asuntos Constitucionales, Solidaridad y Derechos Humanos de la Legislatura de Córdoba, la gremialista judicial Santesteban afirmó que la Justicia provincial ya está sobrecargada, tiene problemas de espacio y personal tercerizado. “¿Y creen que la solución va a ser la policía provincial, que ya sabe dónde están los kioscos de droga y no hace nada?”, les preguntó a los legisladores. El próximo martes acudirán a la última ronda de consulta, antes de la votación, los representantes del fuero federal.

“El miércoles ya podríamos votarla. La principal ventaja es que sumamos 80 personas de la Justicia provincial”, confió a Página/12 el principal promotor del proyecto, Aurelio García Elorrio. Este flamante legislador de Encuentro Vecinal Córdoba también presentó proyectos de “blindaje”. Uno exige que el Ejecutivo dé un listado del personal de la “administración central y descentralizada” del Estado con antecedentes penales “vinculados con la ley de drogas” a una comisión “especial no permanente” de la Legislatura provincial. Esos listados incluirían a cientos de consumidores cordobeses procesados.

El otro prohíbe la reducción de daños, como enfoque para el tratamiento de usuarios problemáticos. Por lo demás, Elorrio es quien detuvo judicialmente la aplicación de la Guía de Abortos No Punibles y pidió suspender por “tiempo indeterminado” la entrega en guarda o adopción de niños, niñas y adolescentes a parejas del mismo sexo. “Y tengo otras cositas para proponer por la desfederalización, pero no se las puedo adelantar”, aseguró a este diario.

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