Desde Río de Janeiro

Después de interminables jornadas de negociación, ayer se dio a conocer lo que será el documento final de la cumbre Río+20, un texto que quedará a la firma de los jefes de Estado y de Gobierno. Entre ellos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que llega hoy a esta ciudad. Nadie podía esperar demasiado de un documento tan negociado, donde primó el consenso y se resignaron ambiciones de uno y otro lado: los países del norte esquivaron el compromiso de aportar a un fondo de financiamiento para sostener el desarrollo sustentable de las naciones más postergadas y los nucleados en el G-77 más China lograron poner un paréntesis a la creación de una agencia supranacional que vigile el cumplimiento de las pautas ambientales. Pero no por previsible, el resultado dejó de ser decepcionante para las organizaciones ambientalistas, que ya califican a la cumbre, lisa y llanamente, como un fracaso. “Podemos decir que esto es Río menos 20”, ironizó el dirigente brasileño de una organización ecologista. Es que ni siquiera aparecen en el texto final los pocos puntos que podían considerarse como avances, compromisos reales, como el que establecía la protección del patrimonio genético de especies en aguas internacionales, vetada al final por Estados Unidos y Japón entre otros países.

Para pasarlo en limpio, Naciones Unidas se dio el gusto de incorporar el concepto de “economía verde” en la agenda ambiental, pero en una manera tan lavada que no significa demasiado para nadie: se reconoce que “hay diferentes modelos y herramientas, de acuerdo con sus prioridades, para alcanzar un desarrollo sostenible”, es decir que cada país podrá definir el concepto de acuerdo con sus intereses. Tal definición está dentro de las expectativas de los países emergentes –Brasil, Rusia, India y Sudáfrica–, una potencia como China y el G-77, donde está la Argentina. Esos países sostienen que la “economía verde” podría convertirse en una herramienta para certificar productos y generar nuevas trabas a las exportaciones de los países en desarrollo. Para los ambientalistas, esta sospecha es una exageración.

“Lo que parecen querer estos países es un permiso para seguir contaminando”, dice a Página/12 Milko Schvarzman, de Greenpea-ce Argentina, en alusión a China, “el principal emisor de gases contaminantes por estos días”, pero también a nuestro país.

En el diseño original sostenido por las grandes potencias –con el apoyo de algunos países africanos– “economía verde” iba de la mano con “gobernanza ambiental”: la creación de una agencia internacional con más jerarquía que el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), capaz de vigilar, hacer cumplir las metas y hacer recomendaciones a los países infractores. A esa estructura también se oponía el G-77 más China. Lo que quedó también es un híbrido: sólo se planteó la necesidad de un mayor financiamiento del actual organismo y de la ampliación de sus integrantes, hoy reducida a unos cuarenta países.

Para los ambientalistas, no solamente hubo ausencia de avances, sino, sobre todo, retrocesos. “No se incluyó el principio de Río ’92, que hablaba de los derechos a la participación pública, acceso a la información y acceso a la Justicia”, dice a este diario Verónica Cipollatti, de la Fundación Tierravida, de Córdoba, quien junto a integrantes de otras organizaciones siguieron de cerca los debates previos a la redacción del documento final. “También se quitó a último momento el párrafo referido a los derechos reproductivos”, una de las reivindicaciones de las organizaciones de mujeres.

Pero también hubo agregados de última hora. “Aparece estelarmente el tema de la minería, como una manera de legitimar el modelo extractivista minero en los países en desarrollo”, revela Juan Carlos Villalonga, del Foro de Ecología Política Los Verdes.

Las organizaciones ambientalistas cuestionan la negativa de los países del G-77 a debatir la economía verde. “Era la oportunidad para debatir el contenido de una economía sustentable, pero hubo una actitud esquiva. El problema es que el ambiente no puede esperar”, sostiene Cecilia Iglesias, presidenta de la Red Ambiental.

“Los países en desarrollo quieren tener el mismo derecho que tuvieron los desarrollados, de crecer contaminando. Pero no es justo porque además se están contaminando sus pueblos”, agrega Schvartzman.

Las negociaciones para la elaboración del documento habían empezado en febrero en Nueva York y continuaron allí hasta hace veinte días. A falta de acuerdo, el debate se trasladó a Río de Janeiro, con la idea de llegar a un consenso antes del inicio de la cumbre, pero tampoco fue posible. El viernes último, el comando de las negociaciones cambió de mano: ya no lo manejaron los funcionarios de Naciones Unidas, sino los del país anfitrión, ante el fantasma de un fracaso de la cumbre: el peor documento es el que no se logra, fue la consigna.

El fin de semana fue decisivo. Comenzaron a eliminarse del texto aquellos párrafos que estaban entre paréntesis, para seguir discutiendo en busca de consenso. Había una instancia más: que el debate continuara al máximo nivel, con la llegada de los jefes de Estado. Pero el gobierno brasileño dio la orden de que había que cerrar un texto, y así se hizo. Como adelantó este diario, el punto final se puso ayer a la madrugada.

En medio de ese trámite, se diluyó una de los pocos logros que para los ambientalistas podía dar la cumbre: un acuerdo para la conservación de la biodiversidad marina, amenazada por las grandes empresas que capturan especies en aguas internacionales y patentan sus códigos genéticos. Ese punto había logrado romper el bloque hegemónico: impulsado con fuerza por Argentina y Brasil, tenía el apoyo de la Unión Europea. Proponían que esas especies marinas fueran patrimonio de la Humanidad y no de empresas privadas. Pero la dura oposición de Estados Unidos, Japón, Canadá, Rusia y Venezuela logró abortar la propuesta.

Para los funcionarios brasileños, en cambio, llegar a un documento final en medio de tantas diferencias fue un éxito. “Representa una victoria del multilateralismo”, destacó la ministra de Medio Ambiente, Isabella Teixeira. “El espíritu de Río está vivo, 20 años después”, se sumó el canciller Antonio Patriota. Distintas evaluaciones para un mismo resultado.