Los responsables de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, Pablo Parenti y Jorge Auat, presentaron dos oficios ante el Cuerpo Médico Forense y el Tribunal Federal Oral de Jujuy para asegurar la presencia de los acusados en el primer juicio por delitos de lesa humanidad de la provincia, que comenzará en una semana. Al decano del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia nacional, Parenti y Auat le solicitaron la conformación de una junta médica que revise al imputado José Bulgheroni, quien según un anterior dictamen no estaría en condiciones de presenciar el proceso. “No alcanza ni mínimamente el umbral de fundamentación con que habitualmente se respaldan afirmaciones de esa naturaleza”, apuntan Parenti y Auat en uno de los documentos. Al TOF, en tanto, le exigieron que “se sirva arbitrar los medios necesarios para asegurar la comparecencia de los procesados Antonio Vargas y Rafael Braga” en la sala en la que se realizará el juicio oral. Esperan hoy obtener las respuestas.

“El Ministerio Público quiere que los juicios se realicen conforme a las reglas. Si no hay razones médicas para que las personas no sean trasladadas, o esas razones médicas no están debidamente justificadas, los acusados deben presenciar los juicios en los que figuran como imputados”, sentenció a Página/12 Parenti, en referencia a los dos oficios que la unidad que dirige junto con Auat presentó el martes ante la Justicia jujeña y el Cuerpo Médico Forense nacional.

El objetivo de los documentos es asegurar la presencia de los militares retirados Bulgheroni, Vargas y Braga en el banquillo de los acusados en el marco del primer juicio que se celebrará en Jujuy el próximo jueves 12 de julio para determinar las responsabilidades de los tres imputados en los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 40 víctimas. Entre los delitos que se les atribuyen figuran las desapariciones del ex intendente de la ciudad de Libertador General San Martín Luis Arédez y de Avelino Bazán, con cuyo caso comenzará a verse el rol de las empresas durante la dictadura, porque se desempeñaba en la compañía minera El Aguilar, uno de los dos polos productivos de la provincia. El cuarto imputado, Luciano Benjamín Menéndez, no participará del proceso por motivos de salud.

Según explicó Parenti, el último informe forense que el profesional Guillermo Hugo Martínez Pérez le realizó a Bulgheroni, que se encuentra detenido en Chaco, indicó que el represor no puede estar en el juicio. “El informe de una hoja y media carece de fundamentos”, apuntó el fiscal, por lo que desde el Ministerio público decidieron pedir al Cuerpo Médico Forense “la urgente realización de una junta médica con el objeto de determinar si el procesado está en condiciones de asistir a las audiencias del debate oral por graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Jujuy”, sostiene el oficio.

Un pedido similar realizaron al TOF de Jujuy, presidido por René Casas e integrado además por los jueces Mario Juárez Almaraz –presidente del TOF de Salta– y Daniel Morín. Ante el tribunal presentaron otro oficio en el que exigen que “con la mayor celeridad posible se disponga la intervención de una junta médica que definitivamente establezca la posibilidad de Bulgheroni para comparecer a las audiencias orales del juicio” o, como último recurso, se confirme la participación del represor a través del sistema de teleconferencia.

El documento que recibieron los jueces del tribunal también habla de Vargas y Braga, que cumplen actualmente sus condenas bajo el beneficio de la prisión domiciliaria en Córdoba y Buenos Aires, respectivamente. Ante las posibilidad de que se desista de su traslado a Jujuy para presenciar las audiencias en las que se definirá su culpabilidad ante los hechos que se analizarán a partir del jueves, la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos decidió solicitarle al tribunal que “se sirva arbitrar los medios necesarios para asegurar la comparecencia de los procesados Antonio Vargas y Rafael Braga –cuyas facultades para estar en juicios con los debidos recaudos médicos se encuentran fuera de controversia– al debate oral por graves violaciones a los derechos humanos”, menciona el oficio.