La idea había sido planteada por la presidenta del Banco Central en tono de búsqueda de consenso. El rechazo de los banqueros privados, agrupados en ABA y Adeba (extranjeros y de capital local, respectivamente), se expresó en tono airado. No podían entender cómo era posible que el BCRA pretendiera manejarles el uso de los fondos. La propuesta presentada en aquella reunión por Marcó del Pont, un par de meses atrás, no era otra cosa que la aplicación de las facultades atribuidas al Banco Central tras la reforma de la Carta Orgánica: destinar parte de la liquidez del sistema, en manos de los bancos privados, a ampliar el financiamiento al sector productivo. La respuesta de los principales banqueros del sistema no fue otra cosa, a su vez, que el reflejo de un modelo enquistado en sus cabezas y todavía vigente: el promovido por la Ley de Entidades Financieras de la última dictadura, escrita en 1977 bajo la pluma siniestra de José Alfredo Martínez de Hoz, con colaboración de Adolfo Diz. La libertad sin límites ni compromiso con la actividad productiva que entronó aquella ley generó no sólo un sistema perverso, sino además banqueros que piensan en función de esa lógica. Contra esa pared chocó la búsqueda de acuerdos del Banco Central con las rígidas organizaciones que agrupan a la banca de lucro. De ese modelo de gestión del negocio financiero surgen estos bancos que no prestan dinero a la actividad privada ni tienen al círculo virtuoso ahorro-crédito como principal motor. El anticipo que realizó ayer la presidenta de la Nación, que hoy tomará forma cuando lo anuncie el Banco Central, demuestra la vocación política del Gobierno y de la conducción de la autoridad monetaria por impulsar la inversión productiva desde el sistema financiero. Un accionar que “el mercado” había vedado. Y no por “falta de señales”, tras nueve años de crecimiento. Es el uso de una facultad que le otorgó la reforma de la Carta Orgánica, pero no una obligación, como sí lo disponía el proyecto de sustituir la Ley de Entidades Financieras del ’77 por una ley de servicios financieros.

Según sea su aplicación, la medida puede redituar un importante efecto en la economía. La tasa de interés (en torno del 15 por ciento anual) es suficientemente atractiva para promover proyectos productivos aunque, dependiendo de la magnitud del proyecto, el plazo de tres años podría resultar corto. Una idea que se conversa es que a los tres años a tasa fija, los bancos puedan sumar dos o tres años adicionales con financiación a tasa variable, pero bajo los mismos parámetros (Badlar más cuatro puntos). Una cláusula estableciendo un porcentaje mínimo del monto de créditos de esta línea destinados a pymes (el 50 por ciento) sería además una importante medida regulatoria, para neutralizar la tendencia de los bancos a la concentración de la cartera crediticia.

La medida de promoción del crédito productivo no implica una reforma del sistema financiero ni cambia fundamentalmente su aporte al modelo de desarrollo. Pero es una señal importante en ese sentido, sobre todo en el señalamiento de lo que, hasta acá, funcionó en sentido contrario.