Desde Lima

Las crecientes protestas sociales han puesto en una difícil situación al presidente Ollanta Humala. El lunes, la represión a una protesta campesina contra un proyecto minero dejó tres muertos por disparos de bala y más de treinta heridos. Pero ésa no fue la única protesta antigubernamental esta semana. Los maestros marcharon estos días en varias ciudades del interior exigiendo aumento de sueldos. La represión a los maestros tuvo un saldo de medio centenar de heridos.

El gobierno de Humala ha decidido jugársela a fondo para defender un millonario proyecto minero cuestionado por su alto costo ambiental y porque afectará el abastecimiento de agua a la población de la zona, y el resultado ha sido una importante movilización campesina de protesta, el endurecimiento de la represión, que el lunes cobró tres vidas, y una división al interior de la alianza oficialista por las críticas de los sectores progresistas por el alejamiento del presidente Humala de las promesas que hizo como candidato –entre las cuales estuvo apoyar las protestas campesinas que ahora reprime– y el rumbo represivo que ha tomado el gobierno frente a las protestas sociales. En los once meses del gobierno de Humala han muerto quince personas víctimas de la represión contra las protestas sociales.

El escenario de la protesta campesina que el lunes dejó tres muertos es la región de Cajamarca, ubicada al noreste de Lima, en la frontera con Ecuador. En esa región, un importante sector de la población, especialmente el campesinado, rechaza el proyecto minero Conga, de la empresa Yanacocha, que tiene como principal accionista a la transnacional estadounidense Newmont. Este proyecto minero, que implica una millonaria inversión de 4800 millones de dólares, pretende explotar oro y cobre en una mina a cielo abierto en una zona ecológicamente sensible y vital en el abastecimiento de agua de la zona, donde vive una población campesina empobrecida.

Luego de las protestas contra Conga del año pasado, el gobierno nombró una comisión de tres peritos internacionales que en abril entregó un informe que le dio luz verde al cuestionado proyecto minero. Frente a esta situación, el 31 de mayo se inició en Cajamarca un paro indefinido, convocado por el gobierno regional de Cajamarca y las organizaciones sociales que se oponen a la mina Conga. Desde entonces se han repetido casi a diario las marchas de protesta y los choques entre pobladores y campesinos.

El lunes, cuando se cumplían 34 días del paro indefinido, en la provincia cajamarquina de Celendín los pobladores que se manifestaban contra el proyecto Conga atacaron la municipalidad provincial, en rechazo al apoyo que el alcalde de Celendín, Mauro Arteaga, le ha dado a la continuidad del proyecto minero cuestionado por la población.

El gobierno, en su intento de ganar el respaldo que le hace falta en Cajamarca, ha ofrecido apoyar con el financiamiento de obras a los alcaldes que respalden el proyecto Conga. Los policías y soldados del ejército dispararon contra los pobladores. Tres cayeron muertos y más de treinta quedaron heridos.

El gobierno decretó el estado de emergencia, suspendiendo las garantías constitucionales en esa zona del país, pero las protestas continuaron el martes, las que fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad. El gobierno no ha dado explicaciones por las muertes de tres manifestantes por disparos de la policía y del Ejército. Y la oposición de derecha tampoco se las ha pedido. Ambos, el gobierno y la derecha, han cerrado filas para defender a la minera Yanacocha y su cuestionado proyecto Conga, y para atacar a los dirigentes de la protesta contra la empresa minera. “La policía tiene la obligación de actuar”, dijo el primer ministro, Oscar Valdés, un militar en retiro de comportamiento autoritario y que ha declarado su admiración por el régimen del ex dictador Alberto Fujimori, para justificar la represión que dejó tres muertos. Valdés culpó a los dirigentes de la protesta por las muertes ocasionadas por las balas disparadas por la policía y el Ejército.

Los voceros de la derecha se sumaron al gobierno para cargar toda la responsabilidad de las muertes en los dirigentes de las protestas y exigir su detención. La amenaza se concretó rápidamente. En la tarde de ayer, la policía detuvo al sacerdote Marco Arana, reconocido líder ambientalista y uno de los principales dirigentes de la protesta contra la minera Yanacocha.

Arana, que es el líder del movimiento Tierra y Libertad, fue detenido violentamente cuando estaba sentado en una banca de la plaza principal de la ciudad de Cajamarca y golpeado por la policía. El gobierno ha reforzado la apuesta represiva para defender el cuestionado proyecto minero Conga, pero difícilmente lo podrá sacar adelante sin un alto costo social –ya hay tres muertos– y político.