Desde México, DF

El eco de la consigna resuena a través del tiempo: voto por voto, urna por urna. Lo que hace seis años todas las autoridades le negaron al candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, ayer comenzó a hacerse en más de la mitad de las urnas de todo el país.

López Obrador había ratificado su intención de impugnar toda la elección y anunciado su demanda de limpieza electoral y del recuento total de los votos. Pese a su insistencia en que va a agotar todos los recursos a los que la ley le da derecho, los medios electrónicos se hicieron caja de resonancia de sus críticos que lo satanizaron “por no saber perder”.

Ante la nueva oleada de linchamiento mediático, que lo acusa de reeditar el conflicto poselectoral de 2006, López Obrador recordó que el pacto de civilidad firmado la víspera de la jornada electoral por los cuatro candidatos presidenciales –él incluido– es un compromiso a respetar la legalidad, no una capitulación política: “Yo no suscribí ese convenio para cancelar mis derechos como ciudadano y (dejar de) acudir a las instancias correspondientes. No puedo aceptar ninguna ilegalidad”.

Acosado por la prensa, que pretendía arrancarle una declaración estridente contra el proceso y las instituciones electorales, el candidato de las izquierdas se limitó a repetir: “No puedo aceptar ningún resultado hasta no tener la plena certeza de que se respetó el voto de los ciudadanos y que no se falsificó la elección”.

En tanto, los 300 consejos distritales y los 32 consejos estatales electorales iniciaron ayer el cómputo de las actas de las 143.130 bocas de urna instaladas el pasado domingo, un ejercicio programado en el calendario electoral que consiste en sumar los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas de cada distrito.

La novedad es que el Instituto Federal Electoral (IFE) anunció ayer la revisión y recuento, voto por voto, de 78.012 urnas de la elección presidencial, equivalente al 54,5 por ciento de las actas electorales, debido a las inconsistencias que la propia autoridad electoral encontró. Lo mismo se hará con el 61,3 por ciento de las urnas de la elección de senadores y el 60,3 por ciento de las urnas de la elección de diputados federales. Esta decisión del IFE es independiente de los recursos que interpongan los partidos durante la sesión de cómputo electoral.

Al cierre de esta edición, los consejos distritales habían revisado apenas el 39,84 por ciento de los paquetes electorales, equivalente a 57.023 casillas, en una jornada que se inició pasadas las 8 de la mañana. Con ese adelanto, el priísta Enrique Peña Nieto ganaba 161 de 300 distritos; el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, 90, y la oficialista Josefina Vázquez Mota, 45. El número de votos por distrito electoral varía incluso en formas inmensas, dependiendo de la localidad en que se encuentre.

La madrugada de ayer, el IFE aprobó la petición de los representantes de las izquierdas para proceder al voto por voto, urna por urna, para que en su caso sean aclaradas y corregidas las inconsistencias o irregularidades que reporte cualquier partido político, aunque lo condicionó a las causales contempladas en la ley electoral. Hace seis años, en la elección presidencial de 2006, cuando López Obrador exigió lo mismo, le fue negado bajo el argumento de que no estaba contemplado en la ley. La protesta siguió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la instancia que califica la elección y designa al presidente electo, al cual extiende una constancia de mayoría. Ahí tampoco se atendió la demanda del voto por voto, urna por urna. Una reforma legal posterior introdujo causales que hoy permiten el recuento de votos antes de esa instancia.

En esta ocasión, López Obrador denunció que el candidato del PRI usó recursos de “procedencia ilícita”, rebasó los topes legales de gastos de campaña y “fue patrocinado en exclusiva por la mayoría de los medios de comunicación”, los cuales, dijo, “manipularon, engañaron y eso no tiene que ver con la democracia”. Según la denuncia, el tope de gastos de campaña, de 330 millones de pesos, fue rebasado más de 15 veces por Peña Nieto. “Yo calculo que se gastaron alrededor de cinco mil millones”, aseguró.

“Este proceso termina hasta la calificación de la elección presidencial. Vamos a acudir a todas las instancias y se van a presentar todas las pruebas”, dijo López Obrador, aunque luego deslizó que, para él, “limpiar la elección significa quitar todos los votos que fueron comprados”. Después de eso, concluye, “ganamos con bastante margen”.

Más allá de que pueda realmente probar sus acusaciones, López Obrador está siendo sometido a presiones de la prensa para tratar de sacarlo de sus casillas y obtener así una declaración que justifique el linchamiento mediático del que es objeto. Hasta ahora no ha caído en el engaño. “Yo tengo que actuar con responsabilidad, a veces quisiera expresarme de otra manera, pero tengo que autolimitarme por la responsabilidad que tengo y por el respeto que les tengo a quienes participan en nuestro movimiento”, dijo.