El titular del Suteba, Roberto Baradel, afirmó que “el gobierno de Scioli ha entrado en la ilegalidad”.
Imagen: DyN.

A la presión de los gremios estatales bonaerenses, que realizaron ayer otro paro total de actividades, se sumó un fallo de la Justicia provincial que le ordenó al gobernador Daniel Scioli pagarles el medio aguinaldo a todos los empleados dentro del plazo de cinco días. Lo determinó el juez en lo contencioso administrativo Luis Arias en respuesta favorable a una medida cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Judicial Bonaerense y la Asociación de Profesionales de la Salud. La decisión del magistrado fue celebrada por los sindicatos, que de todas maneras ratificaron las medidas de fuerza para la próxima semana hasta tanto no se concrete el pago. Desde la Gobernación, en cambio, le adelantaron a Página/12 que apelarán la medida y que no cambiarán el cronograma de pago en cuotas propuesto hasta el momento. Además anunciaron para hoy a las 12.30 una conferencia de prensa en La Plata.

Los gremios docentes y estatales hicieron ayer un paro general que tuvo un alto acatamiento en la provincia y volvieron a reclamar por el pago completo del aguinaldo, en junio y diciembre. “El gobierno de Scioli ha entrado en la ilegalidad porque es el quinto día hábil de cobro de todos los estatales y está incumpliendo con la ley 10.163, que establece el pago en dos cuotas del aguinaldo”, señaló ayer Roberto Baradel, secretario general de la CTA bonaerense y de Suteba. Los gremios que nuclean a la mayoría de los empleados estatales de la provincia –Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), delegación bonaerense y Fegeppba y los del Frente Gremial Docente, que incluye a docentes de escuelas públicas y privadas de la provincia– anunciaron que profundizarán las medidas de fuerza con otro paro de 48 horas, el miércoles y jueves de la semana próxima, cuando se manifestarán también en contra de la Ley de Emergencia Económica impulsada por Scioli.

Además del contundente reclamo gremial, el juez Arias accedió al amparo presentado por los gremios y consideró que el Ejecutivo provincial actuó “sin ley o acto administrativo que le sirva de sustento, afectando con ello el derecho de propiedad de naturaleza alimentaria, en contraposición con las normas que disponen el pago en tiempo y forma” del aguinaldo. El magistrado entendió que no hay factores “extraordinarios” que afecten la recaudación ni las estimaciones establecidas en la Ley de Presupuesto provincial, por lo que no habría fundamentos para abonar en cuatro partes el sueldo anual complementario.

En declaraciones radiales posteriores, Arias afirmó que el incumplimiento del gobierno provincial es de “una gravedad inusitada” y que “la Justicia penal debería investigar si no hay una malversación o algún incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El secretario general de ATE provincia, Oscar De Isasi, celebró la decisión judicial, que fue presentada por el gremio en la mesa de entrada de Casa de Gobierno. “El gobernador dispuso el pago del aguinaldo en cuotas por una decisión de prepotencia y con el mínimo de legalidad, por eso fuimos a la Justicia”, explicó De Isasi, quien se mostró a la espera de un acatamiento por parte del Ejecutivo provincial. “Exigimos lo que corresponde, los trabajadores no estamos dispuestos a pagar una crisis que no generamos con ajuste que no merecemos”, remató. Además del paro de actividades, si el gobierno provincial no cumple la decisión judicial los gremios realizarán cortes en los accesos a la ciudad de La Plata y se movilizarán a la Legislatura para rechazar el tratamiento de la ley de Emergencia Económica.

Después de conocerse el fallo, el presidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni, anunció que no acatarán la medida. “La provincia dispuso este cronograma de pagos, porque no cuenta con recursos para hacerlo en un solo pago”, señaló Marangoni, mano derecha de Scioli. La propuesta del Ejecutivo provincial contempla el pago del aguinaldo completo para el 10 por ciento de los trabajadores el 15 de julio, completarlo para el 30 por ciento en agosto, para el 60 por ciento en septiembre y para el resto en octubre.

En el entorno del gobernador cuestionaron duramente al juez Arias y calificaron su decisión como un “fallo político”, sin sustento jurídico. “No vamos a discutir los fundamentos. Es un juez político-partidario. El ARI lo propuso para ser defensor del Pueblo hace dos años. Si quiere ocupar el Ejecutivo, debería presentarse a elecciones y ver si la gente lo vota”, lanzaron fuentes del sciolismo, quienes afirmaron que el martes a primera hora presentarán la apelación. De todas maneras, el juez Arias sostuvo que la cautelar mantiene su vigencia hasta tanto el Tribunal de Segunda Instancia resuelva la apelación.

Por su parte, el titular del Grupo Banco Provincia, Santiago Montoya, justificó el envío de la ley de Emergencia Económica a la Legislatura, porque les permitirá “tener un recurso extraordinario para encontrar respuestas” en medio de la crisis internacional que impacta en Argentina.