El ministro Carlos Tomada comunicó la resolución de Trabajo en rueda de prensa.
Imagen: DyN.

El Ministerio de Trabajo impugnó la convocatoria a elección de autoridades de la CGT y ordenó a la central que establezca un nuevo calendario electoral. “No hubo quórum, no se cumplieron los requisitos, queda en manos de las propias organizaciones sindicales normalizar el proceso electoral, esto es lo que hemos dictaminado”, explicó el titular de la cartera, Carlos Tomada, ayer por la tarde, al anunciar la decisión ante la denuncia de un sector que se opone al actual titular de esa organización, Hugo Moyano. Desde su entorno ya avisaron que mantienen el llamado al Congreso Nacional del 12 de julio, en el que le adjudicarán a Moyano un tercer mandato al frente de la CGT, que desconocen la autoridad del ministerio y que la sentencia no está firme. Desde la otra vereda, anunciaron que el martes llevarán a cabo una reunión de Consejo Directivo (sin el moyanismo), donde intentarán hacer su propia convocatoria electoral para avanzar con la designación de nuevos dirigentes: el metalúrgico Antonio Caló pica en punta como candidato a encabezar la central dividida. La palabra final, como sucedió en la CTA tras las elecciones internas de 2010, quedará en manos de la Justicia.

La sentencia adoptada ayer por el ministerio establece que “la reunión del Consejo Directivo de la CGT de fecha 24/4/2012 no tuvo quórum suficiente para sesionar, adoleciendo por ello de un vicio en la voluntad del ente que afectó la validez de dicha reunión y de todo lo allí decidido”, lo que incluye la convocatoria electoral. Tal como señaló el fallo, en el propio estatuto de la central obrera consta que los cargos de ese órgano son personales y que no puede votarse en el mismo por medio de una tercera persona. El Consejo Directivo está integrado por treinta y cinco miembros y el quórum es de diecisiete.

“El ministerio actuó sin analizar todas las pruebas, porque en la reunión del 24 de abril no sólo había quórum sino que sobraba quórum”, argumentaron cerca de Moyano, donde aseguran que el acta de ese día lleva estampadas veintiuna firmas. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo pudo comprobar la denuncia de los impugnantes: de esas veintiuna, quince corresponden efectivamente a consejeros, mientras que las otras seis “no figuran como miembros del Consejo Directivo en el certificado de autoridades extendido”. Se trata de Sergio Omar Palazzo, quien ocupó el lugar del procesado por la causa medicamentos Juan José Zanola (bancarios); Guillermo D’Angelo por el encarcelado José Pedraza, investigado por su responsabilidad en el asesinato del militante Mariano Ferreyra (Unión Ferroviaria); José Listo por Jorge Lobais (textiles); Ernesto Ayala por Gerónimo Venegas (trabajadores rurales); Omar Sans por Ramón Baldassini (correos); y Miguel Soto por Omar Viviani (taxistas).

Para tomar la decisión, Trabajo se basó en el mismo estatuto de la CGT que contempla, en su artículo 49, que los miembros del Consejo Directivo sólo pueden ser reemplazados en caso de ausencia definitiva y con previa notificación por parte del sindicato, mientras que “no existe previsión de cubrimientos de ausencias o vacancia transitoria”, algo que –señala la resolución– sí sucede para los delegados del Comité Central Confederal e incluso para el mismo secretario general. “Para alejar cualquier interpretación errónea del tema, cabe advertir que los cargos del Consejo Directivo podrán ser de nominación por una organización sindical adherida y de designación en el congreso respectivo, pero son de ejercicio individual y personal una vez asumidos.”

Tomada anunció esta decisión 48 horas más tarde de que los dos sectores en pugna compartieran una última reunión en el ministerio, a la búsqueda de alcanzar una salida negociada, sin éxito. A partir de ese momento, según había anunciado, se estudió el expediente con los argumentos presentados por ambas partes antes de tomar la decisión, aunque ayer al explicar la sentencia hizo un nuevo llamado al diálogo para alcanzar un –a estas horas– improbable acuerdo. “La posibilidad del diálogo está abierta. Las alternativas son diversas y están en sus manos”, sostuvo el ministro, en referencia a los dirigentes de ambos sectores. Ante las acusaciones del moyanismo contra la Presidenta, al que acusan de fogonear el conflicto, Tomada aseguró que “está muy clara la posición del Gobierno, y es la de que el movimiento obrero esté unido”, para concluir: “Confiamos en que se pueda llegar a algún tipo de consenso”.

Por otra parte, el ministro defendió la intervención del gobierno nacional en el proceso electoral de la central obrera (intervención que según el moyanismo es ilegal) porque, aseguró, su competencia surge “de la ley, de la jurisprudencia y del convenio 87 de la OIT” sobre libertad sindical. Al respecto, el fallo recuerda que la misma OIT “ha admitido que los derechos enunciados” en ese convenio “pueden ser limitados con el objeto de asegurar el respeto de las reglas democráticas en el movimiento sindical”, ya que “sería incoherente” que “no posibilitara una esfera de acción estatal para que se establezca un marco de respeto a ese derecho que, por lo demás, se vincula con la garantía de organización sindical libre y democrática” (art. 14 bis C.N.). La resolución también invoca jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Ahora, el Gobierno devolvió la pelota a la cancha de las organizaciones sindicales, ya que, como explicó Tomada ayer, corresponde “que sea la propia CGT la que convoque a una reunión de su Consejo Directivo para que se pronuncie, subsanando los efectos, y resuelva la implementación del proceso electoral”. Por ahora (y el panorama difícilmente cambie en los próximos días), el moyanismo sigue firme en su convocatoria para el congreso nacional el jueves que viene en el microestadio de Ferro, seguido de un acto político en la cancha de fútbol, donde se presentarán las nuevas autoridades, mientras que la oposición puso en marcha la maquinaria para organizar su propio congreso. El diferendo, seguramente, acabe resolviéndose en instancias judiciales. En tanto, la resolución del Ministerio de Trabajo prevé que “en el supuesto de vencer los mandatos en ese período, las actuales autoridades permanecerán en sus cargos hasta que culmine el proceso”.