La división de la CGT tendrá su correlato en la Justicia. Después de concretarse la fractura de la central obrera, ambos sectores afinan las estrategias para quedarse con la legalidad de la confederación. Además de la pelea por el patrimonio, la personería gremial es el objetivo al que apuntan. El moyanismo plantea que tiene “todo en orden” para retener la personería, pero el sector que postula a Antonio Caló y que convocó a su propio congreso electoral también hará su jugada. Una resolución del Ministerio de Trabajo prorrogó las autoridades hasta el 3 de octubre al anular el congreso moyanista.

“Están planteando que es una pelea por el edificio, pero se trata de la personería. Lo otro es secundario y llega a partir de lo primero”, señaló a Página/12 uno de los dirigentes sindicales que desconocen el mandato de Hugo Moyano al frente de la CGT. Con el escenario gremial ya definido, después del solitario camino que emprendió el camionero al “tironear del estatuto” para convocar la elección sin consensuarlo con la mayoría de los integrantes del secretariado de la central obrera, la pelea judicial que se viene anunciando desde hace unos meses por la legalidad de la CGT se acerca cada día un poco más.

El proceso abierto el 24 de abril, día en que Moyano convocó al Comité Central Confederal y al Congreso Extraordinario para elegir autoridades en el microestadio de Ferro avanzará hasta la Justicia laboral. El sector de los Gordos –sindicatos grandes vinculados con la conducción de la CGT en los ’90–, los Independientes –trabajadores de la construcción de la Uocra, estatales de UPCN y Obras Sanitarias–, a los que se sumaron gremios no alineados como los mecánicos de Smata y los metalúrgicos de la UOM –su secretario general es Caló, el candidato a secretario general de la CGT– le dieron la espalda a la candidatura de Moyano y no asistieron a la reunión. A partir de allí, reclamaron “falta de quórum” para realizar el llamado electoral moyanista y terminaron presentando un reclamo ante la cartera laboral. Después de una reunión de mediación, el ministerio dictaminó “la nulidad” de la convocatoria y la prórroga de las autoridades hasta que se realizara nuevamente todo el proceso y se eligiera a las nuevas autoridades.

Atrapado entre dos frentes, el diputado del Frente para la Victoria y asesor legal de Moyano Héctor Recalde es el encargado de diseñar la estrategia judicial de los moyanistas, que apuntará a destruir los argumentos del ministerio y demostrar que los dirigentes que presentaron la impugnación –Comercio, Smata, Sanidad y Obras Sanitarias– habían avalado el llamado en un encuentro anterior. Confiados en sus antecedentes y en el fallo ministerial, desde el otro sector se encaminan a encumbrar a Caló el 3 de octubre en el microestadio de Obras.