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Si es cierto que Fernando de la Rúa nunca se enteró de que durante la represión que ordenó para cubrir su retirada murieron seis personas, los funcionarios policiales y políticos encargados de informarlo habrían mentido. El ex secretario de Seguridad Enrique Mathov aseguró que lo supo a la tarde, pero que oficialmente se lo comunicaron en el juzgado de María Servini de Cubría la noche del 20 de diciembre, cuando tuvo que acudir a dar explicaciones. Y el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos adujo que hubo una “desinteligencia” con el SAME que le impidió tener certeza sobre el asunto. Sin embargo, Página/12 pudo establecer que entre las 4 y las 5 de esa tarde tres comisarios de alto rango encontraron un testigo de la muerte de Gustavo Benedetto y, tras convencerlo de su obligación de declarar, lo enviaron en un patrullero al juzgado de Servini de Cubría.
“Cuando Santos fue notificado de la muerte de un manifestante por bala de plomo, y que esto sucedió a cuatro cuadras del lugar que había ordenado despejar, debió volver el operativo atrás”, señaló a este diario uno de los abogados querellantes. Santos declaró que a las 5 lo llamaron de la Rosada para preguntarle si había muertos. Contestó que no, pero a los cinco minutos el comisario Raúl Andreozzi le informó que sí. ¿Santos volvió a llamar a la Rosada? En cualquier caso, la matanza siguió porque el último muerto cayó a las 7.
El comisario inspector Alfredo Salomone declaró que se encontró en Casa de Gobierno con dos colegas, Alberto Alfano y Jorge Palacios. Salieron juntos y recorrieron la Avenida de Mayo con el vehículo de Palacios. En la esquina de Chacabuco y Avenida de Mayo observaron 54 impactos de bala en el frente del banco HSBC, en cuyo edificio funciona la Embajada de Israel. “Mientras Palacios ingresaba al hall, Alfano permaneció en la vereda (...) un hombre le refiere que había observado cómo desde el interior le disparaban a una persona que había sido herida en ese lugar”, aseguró Salomone en su indagatoria. Agregó que los tres le indicaron que debería declarar en sede policial, y aunque en principio el hombre trató de eludirse, finalmente fue trasladado al juzgado de Servini de Cubría. Alfano había concurrido con un conjunto de motos y Palacios porque, según le manifestó, tenía personal herido de bala. Agregó que actuaron juntos pero por una cuestión sólo circunstancial. En la versión de Palacios, es el propio Salomone quien toma contacto con el testigo. Benedetto tenía 23 años y cayó a pocos metros del banco con un balazo en la cabeza.
Al momento de evaluar los dichos de los imputados, las partes de esta investigación encontraron que ante este hecho es imposible que los mandos superiores, tanto políticos como policiales, no supieran que los manifestantes estaban cayendo bajo las balas. “Santos habla de una ‘interna’ que actuó desmadrada para perjudicarlo, pero en lugar de frenar la masacre contestó que el estado de sitio estaba por encima de la Justicia y luego se aferró más a su sillón y no hizo ninguna investigación interna. Tiene que pagar las consecuencias”, razonó la fuente.
Más allá del protagonismo que haya tenido esa “interna”, es cierto que los doce comisarios que declararon como imputados ante Servini –Carlos Contreras, Daniel Mancini, Eduardo Orueta, Alfredo Salomone, Próspero Trezeguet, Alberto Alfano, Daniel Vigliano, René Derecho, Jorge Bortolini, Víctor Hugo Condinanzo, Norberto Gaudiero y Raúl Andreozzi– coincidieron en señalar al ex jefe como responsable de las órdenes impartidas el día de la masacre. Al defenderse, Santos trató de deslindar esa responsabilidad en Gaudiero, quien en teoría comandaba el operativo represivo. Sólo admitió haber ordenado las detenciones de quienes persistieran en ocupar la Plaza de Mayo, invocando el estado de sitio decretado por De la Rúa.Santos y los demás imputados pueden también ser acusado de privación ilegítima de la libertad si la jueza accede al pedido de la fiscalía y los querellantes y declara la inconstitucionalidad del estado de sitio.
Otros comisarios cuyos nombres no trascendieron pronunciaron frases como “los muertos son una barbaridad, pero todo esto, en definitiva, perjudica la imagen de la institución”, o “los manifestantes mostraban los dientes”. Algunos quisieron explicar que la intención era “disuadirlos” utilizando gran cantidad de efectivos fuertemente pertrechados. Pero los querellantes se preguntan: si querían disuadir, ¿qué hacían en la represión policías de civil? No hay respuesta a este interrogante. En el expediente se comprobó que en la Sala de Situación del Departamento Central de Policía ese día hubo comisarios que estaban de licencia pero acudieron como “apoyo moral”.
Página/12 recogió un revelador relato que no integra los 28 cuerpos de la causa. La tarde del 20, cuando la policía comenzaba a ingresar detenidos a las comisarías, un grupo de empleados judiciales se acercó a la sexta y vio que eran bajados de los celulares de manera brutal. Interpelaron al principal que apareció a atenderlos, para que dejaran de reprimir de esa manera. “No somos nosotros, es la gente grande, son los policías viejos que están resacados y nos los podemos parar, porque se sienten que están reviviendo la época del gobierno militar”, fue la increíble respuesta que escucharon, pronunciada casi como una confesión.
Además de aprovechar para acusar a su ex jefe, los comisarios que desfilaron por el juzgado y la fiscalía en enero y febrero se victimizaron, junto a los equinos lastimados, negaron el uso de balas de plomo y señalaron que en la manifestación de “grupos de familias pacíficas” hubo “alcoholizados, drogados e infiltrados armados con bombas molotov y escopetas de construcción casera”. Los investigadores no sólo no encontraron ningún tipo de arma entre los manifestantes, sino que además no hay un solo policía herido con arma de fuego.