Luego de que desde Uruguay se insistiera en fogonear sospechas de corrupción sobre las obras de dragado del canal Martín García, la Cancillería argentina informó ayer al gobierno del país vecino que resolvió excluir a la cuestionada empresa Boskalis-Riovía de “toda nueva participación” en la continuación de las obras en el canal binacional. Sin embargo, por la noche, la Cancillería uruguaya emitió una declaración en la que deslindó responsabilidades por la decisión que –era de suponer– resultaría de su agrado. “Los efectos jurídicos y económicos de las medidas unilateralmente tomadas serán de exclusiva responsabilidad de su parte”, replicó.

El canciller Héctor Timerman envió temprano un comunicado a su par uruguayo, Luis Almagro, para brindar detalles sobre la instrucción que se proporcionó a la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) para que no se permita la continuidad de la empresa. La orden fue que se “desestime bajo todo concepto la eventual oferta de dicha empresa en el concurso de precios cuya apertura se realizará el lunes 30 de julio” para continuar con las obras de mantenimiento en el canal. Curiosamente, Riovía hace muchos años que se ocupa de esta tarea, pero siempre por encargo directo. Esta es la primera vez que se llama a una licitación internacional y la primera en que circulan versiones de sobornos.

Los rumores surgieron a partir de los dichos del ex titular de la CARP y ex embajador de Uruguay en Argentina Francisco Bustillo, quien sostiene que recibió tiempo atrás un intento de soborno por parte de los delegados argentinos en la comisión para que prorrogara el vínculo con Riovía.

El martes pasado, en Montevideo, el Tribunal de Cuentas uruguayo difundió una auditoría en la que mencionó sus “dudas” sobre la regularidad de los procedimientos con los que se extendió el contrato a la empresa Riovía, que el lunes podría renovarse en caso de ganar el concurso de precios. Ante la insistencia sobre el tema, el gobierno argentino anunció la suspensión de todas las obras en el canal hasta que el gobierno uruguayo despejara todas sus dudas sobre la regularidad del proceso.

La decisión fue rechazada desde la otra orilla del río, dado que consideran vital la rápida profundización del canal. En una aparición, el presidente José Mujica pronunció esa frase sobre la necesidad de “tragar sapos y culebras” para mantener el trabajo de los uruguayos en su vínculo con Argentina.

Dada esta situación, Timerman resolvió ayer cortar por lo sano y anunció que la tan mentada firma Boskalis-Riovía no será tenida en cuenta para continuar con las obras de mantenimiento del canal que viene realizando desde hace años. “Que se desestime bajo todo concepto”, ordenó a los integrantes de la delegación argentina. La CARP recibirá el lunes, en Buenos Aires, las propuestas de precios de cuatro firmas europeas: además de Boskalis están anotadas Dredging International, Van Oord Dredging and Marine Contractors y Jan de Nul. Ahora el trabajo –que debería arrancar a partir de enero– quedará para alguna de las otras tres interesadas.

Pero, extrañamente, la noticia no fue recibida con beneplácito. Pese a que algunos políticos uruguayos habían hecho declaraciones a favor de la resolución argentina que venía a terminar con las sospechas, por la noche el canciller Almagro publicó una breve nota de respuesta a Timerman deslindando responsabilidades. Allí aclaró que “en lo que se refiere al informe de auditoría del Tribunal de Cuentas de la República corresponde destacar que el mismo se realizó en el ámbito de su ‘competencia y jurisdicción’ en virtud de lo cual los efectos de éste alcanzan en exclusividad a la parte uruguaya”. Subrayadas esta cuestiones técnico-jurídicas, Almagro nada dice sobre si Uruguay va a acompañar la decisión argentina. Las dudas sobre lo que sucederá continuaban.