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Un escenario en el que se plantea una probable fractura perdurable de la CGT entre un sector “opositor” y otro más “cercano” al Gobierno, ¿significa para el Gobierno la perspectiva de mayor conflictividad laboral que el que supondría una CGT única liderada por Hugo Moyano? En el marco de una profundización de la crisis internacional, cuyo impacto sobre la economía local será inevitable, ¿habrá una mayor tendencia a la resistencia sindical para no pagar los costos de esa crisis o moderará los reclamos? En medio de estas especulaciones sobre el grado de disputa entre dirigencias sindicales y gobierno nacional, ¿qué papel jugará la dirigencia empresaria, particularmente la que representa a los sectores más concentrados? ¿En qué espacio del tablero se ubicarán, cómo será su relación con unos y otros?

De algún modo, estos interrogantes recorren en estos días los análisis de hombres de la política y la economía dentro y fuera del Gobierno. El escenario es demasiado cambiante, las tensiones son numerosas, hay disputas de poder, económicas y también personales, todas cruzadas. La voluntad de acuerdo de algunos no tiene un terreno fácil, justamente por ese entrecruzamiento de conflictos. Pero hay algunos elementos que son componentes centrales del escenario y pueden ayudar a tener un mejor panorama del horizonte, aunque no necesariamente arrimar todas las respuestas.

La primera propuesta es dejar de lado la formulación Moyano vs. Gobierno como eje central y ver el asunto desde otra perspectiva. Hay un nucleamiento sindical que hace centro en el cuestionamiento a políticas del Gobierno que, según dicen, abandonó la alianza con los trabajadores y que hoy deja caer sobre sus espaldas el peso del supuesto ajuste en las cuentas públicas, a través del Impuesto a las Ganancias o la negación de las asignaciones familiares para los asalariados de ingresos medios y altos. Además, se sienten desplazados de espacios de la gestión que en otros tiempos ocuparon. Hay otro nucleamiento sindical que coincide en el reclamo de bajar el peso del Impuesto a las Ganancias sobre los sueldos y de extender el beneficio de las asignaciones a todos los asalariados, pero lo hace desde la perspectiva de no perder de vista que hay un modelo económico vigente que consideran propio y que es necesario defender.

El primer sector, la CGT Moyano (digamos para simplificar), hoy reúne a un conjunto de gremios que tiene un peso o representación que no es mayor a la que tenía el propio dirigente camionero cuando era la expresión “disidente” de la CGT de Rodolfo Daer (los ’90) y se identificaba como el MTA. Pero tiene un gremio, el de Camioneros, más fuerte que el de entonces, por su peso y capacidad de impacto en caso de conflicto, dada su extendida capacidad de operación en la logística del transporte.

El segundo sector, la CGT de Antonio Caló (por ahora candidato a la secretaría general), tiene una representación hoy mucho más vasta, aunque mucho más heterogénea, con sectores que poco tienen que ver entre sí y que difícilmente podrían transitar juntos hacia proyectos más ambiciosos.

Uno y otro, entonces, tienen severas limitaciones en su capacidad para ejercer el “poder sindical”. ¿Competirán entre sí para mostrarse “más combativo” que el otro y así ganar representatividad entre los trabajadores?

Antes de buscar una respuesta directa, cabría plantearse que hay temas que los encontrará “naturalmente” peleando en el mismo sentido, quizás en ambos casos enfrentados –al menos en los argumentos– al Gobierno. Un ejemplo son las reivindicaciones ya mencionadas (Ganancias y asignaciones). Otro es la defensa del “salario real”. A nadie debería sorprender que el titular de la UOM, Antonio Caló, cuestione los índices de precios al consumidor del Indec. Cuando menciona que “la inflación está en el orden del 22 al 24 por ciento anual”, no es que busque “parecerse a Moyano”, como se escuchó. La CTA de Hugo Yasky, a través de su Centro de Información e Investigación (Cifra), también señaló en su Informe de Coyuntura publicado este mes que “el incremento en el nivel general de precios está en torno del 22 por ciento interanual”, según sus propios cálculos, “pese a un menor crecimiento de la economía”, y subraya que el alza en los precios ha vuelto en este año 2012 a ubicarse “en el dos por ciento mensual”. No por esto, Yasky busca “parecerse a Miceli (Pablo)”, secretario general de la fracción de CTA encuadrada en torno de ATE. Ni ambos a Moyano.

Es que la cuestión de la inflación, al menos de los precios que más se vinculan con la canasta básica de consumo de un trabajador, está instalada sobre criterios bastante similares entre los cuatro sectores en los que hoy se agrupa el sindicalismo argentino. En este punto, hay una discrepancia que comparten respecto del criterio oficial. Y en definitiva, la “pelea por el salario” los encontrará a todos partiendo de una base similar. Y no sería distinta si todos los gremios estuvieran unidos en una misma central sindical.

Más significativo para el Gobierno y el probable escenario de conflictividad, en cambio, es analizar el resultado de las paritarias. El proceso de negociaciones colectivas anuales cerró prácticamente a mitad de año, con un grado de conflictividad no mayor al de años anteriores y con un resultado en materia salarial que dejó “conformes” a los gremios: una suba promedio del 26 por ciento, con un piso no muy por debajo de esa cifra. Pero lo más interesante, a criterio del Ministerio de Trabajo, es que los convenios que se discuten, y que se acuerdan, cada vez incorporan en mayor medida cláusulas de mejoras de relaciones laborales por afuera de las remunerativas. Acuerdos de paz social, reconocimiento de comisiones mixtas para el tratamiento de conflictos o de organización del trabajo y hasta el derecho a la información son algunas de las pautas convencionales que un estudio sobre Relaciones del Trabajo de la cartera laboral destaca como datos relevantes de los acuerdos firmados a partir de 2007. Podría decirse que, para el ministerio de Carlos Tomada, las paritarias cumplieron su papel en ordenar la confrontación obrero-patronal en un año que pintaba harto difícil.

Pero también reconocen, desde la vereda oficial, que este “orden” no es definitivo, aunque no sería la división gremial lo que más complique el panorama. La complicación mayor, ahora, puede venir del frente empresario, según las actitudes que adopten. Probablemente, sectores que han ganado mucho en el proceso de fuerte crecimiento de la economía de 2003 en adelante (con un breve frenazo en 2009), ahora se encuentren con alguna retracción interna y dificultades para colocar productos en el exterior. Como gran parte de estos sectores, los más dinámicos, están en manos de grupos monopólicos que controlan el mercado interno, podría ocurrir una vez más que intenten trasladar los costos de esta crisis a quienes “dominan”, en vez de resignar ganancias. Esto es, aplicar suspensiones “preventivas” de personal y provocar reducción de planteles (despidos encubiertos) para achicar costos laborales, y aumentar precios sobre aquella demanda cautiva que “no tiene otra” que seguir pagándole lo que le pidan, ya sea por necesidad o por las características del mercado del que se trate.

Las proyecciones que le han acercado al Gobierno los analistas en los que más confía indican que seguirá durante el año, como ya ocurrió en el primer trimestre, una caída en la creación de empleo. Incluso se estima probable que, durante uno o dos trimestres, la tasa de desocupación pueda subir hasta un 9 por ciento (contra 7,1 del último registro oficial), consecuencia del estancamiento en sectores muy sensibles a los problemas del sector externo. Este escenario podría ser “controlable” con políticas compensatorias del Estado, siempre y cuando no haya actitudes de grupos empresarios dominantes que, por mezquindades como las señaladas, aceleren la crisis interna.

Si, además, este cortocircuito ocupacional se diera en el marco de una inflación de precios (de parte de los mismos responsables), entonces el clima sindical podría agitarse. En tal caso, no podría esperarse que un sindicalismo “moderado” o “más comprometido con el modelo” actuara como freno a la legítima demanda. Si, en cambio, no se da que los sectores monopólicos “agiten el avispero”, cabe esperar que dirigencias gremiales y autoridades nacionales puedan ir manejando la situación sin pagar costos sociales, o quizá solamente postergando algunas demandas laborales aún no satisfechas.

Los grupos empresarios que controlan los rubros de insumos básicos, cadenas alimentarias, servicios esenciales, son los que deberían estar en la mira en la etapa que se transita. Sus comportamientos son lo que más importan, no tanto los de dirigentes sindicales. De los primeros dependerá que subsista la paz social. Y la justicia social, también.