La Cámara de Diputados volverá a sesionar este miércoles tras el receso invernal con un tema central: el proyecto impulsado por el kirchnerismo para que los depósitos generados por causas judiciales de los tribunales federales y nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires deban efectuarse en el Banco Nación y ya no en el Banco Ciudad, como hasta ahora. Otro de los artículos establece que deberán depositarse en el Banco Nación “los fondos en moneda extranjera de los organismos del Estado nacional, así como de las entidades o empresas que pertenezcan total o mayoritariamente al mismo”. Toda la oposición parlamentaria votará en contra, aunque la mayoría de las bancadas esgrimieron sus propios argumentos, buscando diferenciarse y despegarse del macrismo.

El proyecto presentado por la diputada Diana Conti cuenta con el apoyo de kirchnerismo y sus aliados más fieles, como los santiagueños del Frente Cívico, Nuevo Encuentro y el Movimiento Popular Neuquino, lo que volverá a dejar al oficialismo enfrentado con todo el conglomerado opositor en la Cámara baja, aunque cuenta con el número suficiente como para darle media sanción. Lo mismo sucederá en el Senado, cuando el FpV busque convertirlo en ley.

La propuesta elimina la ley 16.869 de 1965, donde se disponía que los depósitos judiciales de los tribunales nacionales con asiento en la Capital, a excepción de los civiles, se efectuaran en el entonces Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, para favorecer el crédito a través de la garantía de valores mobiliarios. En sus fundamentos, Conti afirma que hoy las motivaciones que inspiraron la norma ya “no están vigentes”. Además de no estar adecuadas al actual orden jurídico-constitucional, “como tampoco lo estuvieron en aquella oportunidad”. Por eso propone que los depósitos judiciales de todos los tribunales nacionales que funcionan en la Capital se realicen en el Banco Nación. La iniciativa abarca a los fueros federal, civil, laboral y penal, con la excepción del comercial, donde las causas sobre quiebras quedarán dentro de lo establecido por la ley que las regula.

Conti insiste en que la Justicia nacional con asiento en la Ciudad, “lejos de ser una justicia local”, se rige por la Constitución Nacional, que sus jueces son nombrados con intervención del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, a propuesta del Ejecutivo nacional y con acuerdo del Senado de la Nación, y se jubilan con el régimen especial nacional. Todo ello solventado por el presupuesto nacional. “Esto le permitirá a un banco público nacional, como el Banco Nación, disponer de una masa de dinero a bajo costo, utilizable a largo tiempo y muy propicia para inversiones de carácter federal, como obra pública o créditos hipotecarios”, sostuvo Conti ante Página/12. Aunque el proyecto no especifica el destino que debería darse a los fondos.

El texto original del proyecto sufrió algunas modificaciones. El kirchnerismo descartó que todos los depósitos ya existentes en el ciudad pasen automáticamente al Nación, y propuso que los depósitos en el Nación se implementen recién a partir de las nuevas causas judiciales que se generen tras la sanción de la ley. “Esto le dará al Banco Ciudad entre tres y cinco años para readecuarse a la nueva situación”, agregó Conti. El banco porteño recuperará el control sobre depósitos judiciales a medida que se traspasen a su órbita los tribunales que hoy están en manos de la Nación.

Todo el arco opositor rechazará la propuesta, aunque con diferentes argumentos. El dictamen en minoría de los diputados de la UCR objeta el proyecto aludiendo a su “dudosa constitucionalidad” y se hace eco de las críticas de los “sectores y actores relevantes que interactúan con el Banco Ciudad”. Y entre ellos ponen en primera línea la opinión del Colegio de Abogados de la Capital, que se opone porque los letrados “forzosamente deberán dedicarles más horas de su trabajo a los trámites bancarios y esto repercutirá a su vez en mayores costos de los litigios para sus clientes y en un peor servicio de Justicia”.

En el Frente Amplio Progresista doblaron la apuesta del FpV con su proyecto, que sumó el apoyo de la ex CC Marcela Rodríguez y la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, que ahora forma parte del interbloque del peronismo federal. No sólo proponen que por ley se determine que toda la Justicia ordinaria nacional con asiento en la Capital Federal haga los depósitos judiciales en el Banco Ciudad, sino que también el Banco Nación traslade al Ciudad los depósitos de los tribunales nacionales con asiento en la ciudad.

El riojano Jorge Yoma, que preside la Comisión de Justicia de la Cámara baja, es el único oficialista que se pronunció en contra del proyecto. Su dictamen por el rechazo fue acompañado con las firmas de los peronistas federales Gustavo Ferrari, Carlos Carranza y Natalia Gambaro, además del democrataprogresista Carlos Favario, aliado del socialismo Santa Fe. En cambio, el cívico Alfonso Prat Gay propone que la determinación sobre los depósitos debe quedar en manos de la corporación judicial a través de la Corte Suprema.

El macrismo tiene un extenso dictamen propio de rechazo al proyecto oficial, pero no pudo sumar la adhesión de otras bancadas. Federico Pinedo y Pablo Tonelli argumentan, en el mismo sentido que Prat Gay, que el Congreso no puede legislar sobre atribuciones del Poder Judicial. Al mismo tiempo, consideran el proyecto oficial como una “violación” de autonomía porteña con “la consagración de un sistema hostil y discriminatorio en perjuicio de los habitantes de la ciudad”.

El debate promete ser arduo, como la resistencia opositora. Aunque reconocen que el kirchnerismo no llevará al recinto un proyecto propio sin tener garantizado el número suficiente de votos como para aprobarlo.