Los trabajadores de las seis líneas de subterráneos y el premetro extendieron el paro por 24 horas más, por lo que hoy Buenos Aires no tendrá subtes por tercer día consecutivo. Así lo confirmaron anoche los dirigentes de la Asociación Gremial (Agtsyp). El reclamo es para que la empresa Metrovías abra las paritarias de este año, que quedaron trabadas por el rechazo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a hacerse cargo de la red y por lo tanto a participar en las negociaciones.

Aunque durante sábado y domingo hubo llamados telefónicos a los dirigentes gremiales desde la Ciudad y la Nación buscando destrabar el conflicto, el fin de semana terminó sin una respuesta concreta sobre el inicio de las paritarias. Así las cosas, la principal novedad para hoy, además de la continuidad de la huelga, es el llamado a la audiencia que se realizará en los tribunales.

La Justicia citó a las partes para este mediodía, a las 13. Por un pedido de amparo de la diputada porteña María José Lubertino, la jueza en lo Contenciosoadministrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Patricia López Vergara, convocó al jefe del Gobierno porteño, Mauricio Macri, y a su subsecretario de Transporte, Guillermo Dietrich, al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y a los dirigentes sindicales Roberto Fernández (titular de la Unión Tranviarios Automotor) y Roberto Pianelli (titular de la Agtsyp) a reunirse en su despacho.

La negociación paritaria debió haber estado resuelta en marzo, pero desde que el macrismo le devolvió los subterráneos a la Nación y el traspaso de los subtes quedó en conflicto, el acuerdo salarial se topó con obstáculos inusuales. Uno de ellos fue el rechazo a participar en las negociaciones del titular la Sbase (la empresa estatal porteña de subtes), Juan Pablo Piccardo, que después de varias citaciones del Ministerio de Trabajo terminó presentándose en la paritaria cuando lo fue a buscar la policía.

Los trabajadores del subte hicieron ya una primera tanda de paros y protestas en mayo; como salida transitoria, Metrovías acordó otorgarles una suma fija de 900 pesos, con el compromiso de que las conversaciones serían retomadas en agosto. Se suponía que en estos meses el conflicto por el traspaso entre la Ciudad y la Nación podría estar resuelto, pero ese plazo se cumplió sin que la situación se destrabara.

“No nos dejan otra alternativa, hemos recibido llamados de todos los sectores pero no dieron respuesta a ninguno de los reclamos. Parecería que esta gente lo único que quiere es que se genere un caos en la ciudad”, advirtió ayer el titular de la Asociación Gremial, Roberto Pianelli.

A su vez, Néstor Segovia, también de la Agtsyp, agregó que “no va a haber marcha atrás” si no se acuerdan las paritarias. “Les pedimos disculpas a los pasajeros pero los culpables son otros, no los trabajadores”, dijo al millón de usuarios que se quedarán sin servicio al inicio de la semana laboral.

El sindicato reclama un aumento del 28 por ciento, una suba en el ítem por antigüedad, inversiones para el mantenimiento de la red y que se mejore el sistema de vigilancia para las boleterías.

También habrá que ver qué hace esta semana la UTA. El viernes pasado, el sindicato que dirige Roberto Fernández había lanzado un paro, que luego levantó tras asegurar que estaba en conversaciones con las segundas líneas de los gobiernos porteño y nacional. De todas maneras, el dirigente fijó un plazo de espera hasta el jueves, para cuando, si no se ha llegado a una solución, podrían lanzar su propio paro.

El argumento de Metrovías es que no podrán hacer una oferta salarial hasta que alguno de los gobiernos les garantice subsidios para absorber el costo. Según el contrato de concesión, todo aumento en los costos superior al 6 por ciento debe transferirse de manera automática a los subsidios o a las tarifas, que ya tuvieron un aumento del 127 por ciento cuando el gobierno porteño se hizo cargo de los subtes. Luego, el macrismo devolvió la red a la Nación; desde entonces, el argumento del PRO es que no aceptarán hacerse cargo de los subtes hasta que el gobierno nacional acceda a invertir mil millones de pesos en infraestructura.