Mariano Ferreyra pasó los últimos minutos de su vida tendido en una ambulancia particular que pasaba de casualidad por Barracas, sin médico ni equipamiento, y que ofreció la mínima ayuda que hasta ese momento no llegaba. Viajaba apoyado sobre Elsa Rodríguez, herida con un disparo en la cabeza, y lo sostenía su amigo Damián, quien le imploraba con palmadas en la cara que no cerrara los ojos, que aguantara. Una bala de arma calibre 38 había perforado su remera y también su abdomen. Mientras lo llevaban hacia el hospital Argerich, el escenario de los disparos y las pedradas –en las calles Luján y Pedriel– iba quedando vacío ante la mirada impasible de la Policía Federal, que dejó ir a los agresores, una patota de la Unión Ferroviaria (UF) para la que un rato antes había liberado el terreno con el fin de que actuara. Mariano, Elsa y un centenar de personas, muchas del Partido Obrero (PO) y otras agrupaciones, protestaban ese día para exigir la reincorporación de trabajadores despedidos del ferrocarril Roca y la regularización de los “tercerizados”. Querían cortar las vías, pero ni lo intentaron, ya que se toparon con los matones del gremio, quienes al recibir barrabravas de refuerzo se les abalanzaron con un despliegue de máxima violencia en el momento en que se retiraban. El ataque, definiría la Justicia después, pretendía “aleccionar” a los “tercerizados” para que dejaran de insistir con su reclamo. La fuerza de choque actuaba con un “plan criminal”, cuyo resultado sólo podía interesar a los líderes sindicales, empezando por José Pedraza, que veía su poder amenazado. El cariz político de este crimen se vio desde el primer día. Las pruebas quedarán a la vista en el juicio oral que hoy comienza.

Las audiencias –a cargo del Tribunal Oral Criminal 21– podrían durar más de seis meses y prometen mostrar cómo se entrelazaron los papeles de los diecisiete acusados: Pedraza, su número dos, Juan Carlos “Gallego” Fernández, siete ferroviarios más un barrabrava que componían la patota y siete policías, tres de ellos comisarios. Todos corren el riesgo de recibir condenas por homicidio calificado, un delito que prevé prisión perpetua, el peor de los castigos. Los únicos que no están presos son los uniformados. La fiscal será María Luz Jalbert.

Los testimonios recogidos apenas ocurrieron los hechos fueron claves en la investigación penal y lo serán durante el juicio. Habrá más de 380 testigos. Pero también serán determinantes los entrecruzamientos telefónicos, las escuchas, los videos registrados, las comunicaciones policiales y la documentación que relaciona el ataque de la patota con los intereses del sindicalismo empresario. Las querellas, que representan a la familia de Mariano y a los heridos, intentarán probar que hubo un móvil político y económico detrás del ataque que terminó en el asesinato del militante del PO, de 23 años: el ingreso a planta de los tercerizados, plantean, amenazaba la hegemonía de Pedraza en el gremio, un poderío que a la vez le permitía mantener sus negocios, que incluyen la explotación del tren Belgrano Cargas (cedido a la UF en los noventa) y su propio manejo de empresas tercerizadas, contratadas y subsidiadas a través de la Ugofe (Unidad de Gestión Operativa), operadora de algunos ramales por cuenta y orden del Estado. Las tercerizadas se caracterizan por pagar a sus trabajadores salarios muy inferiores a los de planta y dejarlos fuera de convenio, sin derechos básicos, como indemnización por despido y vacaciones.

En la investigación inicial, la jueza Wilma López y los fiscales Cristina Caamaño (ahora funcionaria del Ministerio de Seguridad) y Fernando Fiszer dieron por probado que dos personas dispararon armas de fuego: Gabriel Sánchez, guarda de Constitución, y Cristian “Harry” Favale, un barrabrava de Defensa y Justicia que no era ferroviario y fue llevado por Claudio Alcorcel. Actuaron en coordinación con un grupo, donde cada cual tenía una función. El portero de los talleres de Remedios de Escalada, Juan Carlos Pérez, fue señalado como quien juntó las armas, para su ocultamiento, que le entregaron el picaboletos Guillermo Uño, Sánchez y Favale. Jorge González y Salvador Pipitó amedrentaron al equipo de C5N para que no filmara la agresión. El delegado Pablo Díaz, secretario de la comisión de reclamos de la UF, organizaba al grupo y daba instrucciones.

A pesar de que no se hallaron las armas utilizadas, se sabe –por los proyectiles hallados y extraídos a Mariano y los heridos– que eran por lo menos cuatro: dos calibre 38, una 22 y una escopeta. Queda el enigma sobre quiénes serían los dos tiradores restantes.

La presencia en el banquillo de los jefes gremiales, de quienes fueron su brazo armado y de la policía, habla de lo que este juicio también pone en discusión un modelo económico, los métodos del sindicalismo y hasta el papel de las fuerzas de seguridad en esa trama. Tratándose de un caso donde se han denunciado intentos de obstaculización durante la investigación de parte de Pedraza y la UF, que van desde un intento de soborno en la Cámara de Casación, la alteración de pruebas y amenazas a testigos, también será un puesta a prueba para la Justicia.