El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para expropiar la ex Ciccone Calcográfica, hoy llamada Compañía de Valores Sudamericana SA (CVS). Como primer paso, el Poder Ejecutivo decidió la intervención (por sesenta días) de la imprenta a cargo del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, quien estará acompañado por la titular de la Casa de Moneda, Katya Daura. Los funcionarios visitaron ayer las instalaciones de la empresa, donde se reunieron con operarios y gerentes e iniciaron la intervención. Cuando se apruebe la iniciativa que declara de utilidad pública a la firma, sus trabajadores y maquinaria pasarán a ser parte de la Casa de Moneda. La empresa CVS, dedicada a la impresión de billetes y otros documentos de alta complejidad, está envuelta hace más de dos años en un proceso de salida de quiebra, que está siendo investigado por la Justicia ante las acusaciones de presuntas negociaciones incompatibles con la función pública contra el vicepresidente, entonces ministro de Economía, Amado Boudou. Al mismo tiempo, la pesquisa judicial busca determinar la identidad de los nuevos dueños de la firma, que ingresaron a través de la sociedad The Old Fund y el origen de los fondos que posibilitaron ese desembarco (ver aparte).

El proyecto de ley, que mañana será tratado por un plenario de comisiones del Senado, argumenta que la expropiación de la ex Ciccone es “primordial para mantener la soberanía monetaria”. Por eso, enmarca la iniciativa en la continuidad del proceso de “recuperación para el Estado de capacidades que son estrictamente de su competencia indelegable e ineludible, como es el caso de la emisión de moneda de curso legal”. Según enfatizan desde la intervención de la empresa, Argentina, a diferencia de otros países, como Chile, imprime sus propios billetes. Cuando se concrete la expropiación, la totalidad de los bienes de la empresa pasarán a integrar el patrimonio de la Casa de Moneda.

El precio que pagará el Estado a los dueños de la firma, al igual que sucedió con YPF y Aerolíneas Argentinas, será determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, pero a ese valor deberá descontársele el monto de la deuda que posee la empresa con la AFIP. Según evalúan en el Juzgado Federal de Ariel Lijo, que investiga el caso de la ex Ciccone, el pasivo actual de la empresa con el organismo recaudador rondaría los 250 millones de pesos. En el equipo de la intervención consideran que lo más probable es que los pasivos superen los activos de la empresa y, por lo tanto, el Estado pagará poco o nada. Actualmente, la empresa sobrevive, explican en el Gobierno, exclusivamente gracias al contrato que posee con la Casa de Moneda para imprimir en sus instalaciones de Don Torcuato, bajo su supervisión y operación del sector público, alrededor de quinientos millones de billetes este año.

Asimismo, el proyecto de ley de expropiación reconoce la existencia de distintos proyectos legislativos presentados meses atrás por otros partidos –UCR y Proyecto Sur– para avanzar en la estatización de la imprenta. En ese sentido, el texto sostiene que “se descuenta la aprobación por parte de esas bancadas”. El senador radical Luis Naidenoff y el diputado Fernando Solanas dijeron que acompañarán la iniciativa. Sin embargo, reclamaron que la causa judicial siga su curso (ver aparte).

¿Por qué ahora?

“La empresa posee el único establecimiento del país con capacidad técnica suficiente para el proceso de impresión de billetes, imprescindible para la circulación monetaria”, reconoce el proyecto de ley. La voluntad del Estado para hacerse cargo de la empresa y así ampliar su capacidad de producción de billetes no es nueva. Según informó la AFIP, a mediados de 2010, en medio de la quiebra a la que llegó Ciccone Calcográfica, el organismo le manifestó al Juzgado Comercial Nº 8, a cargo de Javier Cosentino, la intención estatal de tomar control de la empresa por absorción y, el 23 de agosto de ese año, le presentó la propuesta de Casa de Moneda. Cosentino terminó aceptando una oferta de la empresa Boldt, dueña de gran parte del juego en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, esa firma no logró avanzar y finalmente la quiebra fue levantada por The Old Fund (ver aparte).

En ese momento, según remarcan fuentes legislativas del FpV, “el oficialismo no pudo ni siquiera aprobar el Presupuesto en 2010, mucho menos podría haber conseguido la expropiación de una empresa como Ciccone”.

La incorporación de las instalaciones de Don Torcuato hubiera permitido sortear las limitaciones y obsolescencia tecnológica de la maquinaria de Casa de Moneda para imprimir la totalidad del creciente requerimiento de billetes que se hicieron evidentes a finales de 2010. El faltante de papel moneda debió ser cubierto por billetes producidos en Brasil.

Finalmente, la ex Ciccone quedó en manos del investigado The Old Fund y este año fue contratada por Casa de Moneda para imprimir una parte de los 1300 millones de billetes demandados por el Banco Central. En marzo se confirmó que el organismo encabezado por Katya Daura alquilaría la maquinaria de la ex Ciccone y bajo su control y supervisión comenzó a imprimir los billetes. Según reconocen en la intervención, “la única posibilidad de supervivencia de la empresa es a través de contratos con el sector público”. Al mismo tiempo, advierten que un planteo de expropiación hubiera sido difícil en marzo cuando la causa judicial que investiga la participación del vicepresidente estaba en el centro de la escena mediática.