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El proyecto del Gobierno que declara de “utilidad pública y sujeta a expropiación” a la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone Calcográfica) ingresó ayer al Senado, donde el oficialismo se propone comenzar a debatirlo este jueves. La UCR, que ya había presentado su propio proyecto de expropiación, está, en principio, de acuerdo con la iniciativa, aunque exige antes conocer la deuda de la empresa y “a sus verdaderos dueños”. En el FAP aseguran que “no tienen una visión favorable” de la propuesta oficial y ayer mismo se comenzó a discutir la postura que adoptará el interbloque. Desde el Peronismo Federal y el macrismo le apuntaron directamente al Gobierno afirmando que “es una clara medida para proteger a (Amado) Boudou”.

“Lo vamos a tratar con premura”, dijo el titular de la bancada del FpV en el Senado, Miguel Angel Pichetto, cuando el proyecto que firman el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, ingresó en la Cámara alta. Un rato después, el también senador oficialista Aníbal Fernández anunció que la iniciativa comenzará a debatirse mañana por la mañana en el Senado, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda. Una muestra clara de la predisposición de avanzar rápidamente con la propuesta oficial.

La oposición reaccionó con posturas enfrentadas ante la iniciativa. “En principio, en el radicalismo estamos de acuerdo con la expropiación y blanqueo de la situación de la empresa responsable de la impresión de billetes de curso legal”, expresó Gerardo Morales. El senador jujeño aclaró que el radicalismo también espera “la información del Gobierno correspondiente a la quiebra, los dueños y las deudas con el Estado nacional de la ex Ciccone”.

La UCR ya había presentado en la Cámara baja su propio proyecto de expropiación de la compañía. “No estamos en desacuerdo en que la impresión de los billetes la haga el Estado, al contrario. Lo que exigimos es que en el debate de la ley se produzca el esclarecimiento de todos los hechos y que no sea una maniobra de distracción y que tienda a encubrir las sospechas sobre un acto gravísimo”, sumó el jefe de los diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, en referencia a la causa que involucra al vicepresidente Boudou.

“Esto se debió hacer apenas comenzó el problema, el Estado debió ejecutarle la deuda y quedarse con los activos de la empresa. Ahora se corre el riesgo de pagarle al mismo fondo de inversión que apareció de manera misteriosa”, sostuvo el diputado del FAP Claudio Lozano. “Todas las acciones siguen en camino a tapar la corrupción de los funcionarios. La impunidad del poder absoluto”, afirmó, en cambio, Margarita Stolbizer, también del FAP. El interbloque ya comenzó a discutir la postura que asumirá en el Congreso.

El PJ disidente y el PRO coincidieron en apuntarle al Gobierno. “El kirchnerismo quiere destinar dinero público para comprar la empresa de los amigos de Boudou. Otra estafa a los argentinos”, sostuvo el macrista Federico Pinedo. Su compañero de bancada, Pablo Tonelli, se pronunció sólo en contra de la expropiación: “Esta intervención es una violación de la Ley 19.550, de sociedades, la cual dispone que una sociedad comercial sólo se pueda intervenir mediante una decisión judicial”.