No se admiten represores en la Universidad de Buenos Aires: con una resolución unánime, el Consejo Superior de la UBA resolvió vetar el ingreso de quienes fueron parte del terrorismo de Estado en el programa de la universidad en cárceles. Lo hizo tras el pedido de numerosas organizaciones de derechos humanos, diferentes sectores de la comunidad académica y la recomendación de una comisión especial asesora. Si bien se esperaba que el Consejo se expidiera en este sentido, el rector de la universidad, Ruben Hallu, destacó el posicionamiento institucional como “una clara expresión política”.

La controversia comenzó con el pedido de inscripción de tres represores que actuaron en la ESMA durante la última dictadura. Tres polémicos aspirantes al Ciclo Básico Común, a través del programa UBA XXII, quienes resultaron finalmente inscriptos. Los marinos Juan Carlos Rolón, Adolfo Donda y Guillermo Suárez Mason (hijo), el primero alojado en la cárcel de Marcos Paz y los otros en la de Ezeiza, fueron anotados como alumnos libres, aunque ninguno llegó a rendir exámenes.

A partir de la resolución del Consejo Superior de ayer, los tres represores de la ESMA “quedan totalmente excluidos de la nómina del CBC”, confirmó a Página/12 el director del Ciclo Básico Común, Jorge Ferronato. “Hasta ahora no había instrumento legal de ningún tipo; ahora fue tomado, y los represores quedaron excluidos del sistema. Es lo que pedían los docentes y todos aquellos que tenemos algún compromiso con los derechos humanos”, agregó el académico.

Abonaron el conflicto otros dos represores más. Ambos irrumpieron en las aulas sin haber siquiera solicitado su inscripción al CBC. Carlos Jurio, un médico acusado por violaciones a los derechos humanos, llegó incluso a denunciar al Inadi a un profesor que se había negado a darle clases –el organismo contra la discriminación declinó la acusación–. Oscar Rolón, ex policía federal, llegó a dejar encerrada a una docente en un aula del penal de Marcos Paz, porque la profesora se había negado a darle clases.

Los argumentos de la UBA para rechazar el ingreso de represores a su casa son varios y de diversos tenores. Por un lado, utilizó el desarrollo conceptual de la comisión asesora que analizó el asunto: “Quienes aspiran a incorporarse a su comunidad universitaria, en la actualidad y desde siempre, defienden públicamente la tesis de una pretendida inexistencia, legitimidad o justificación de esos delitos de que fueran víctimas los propios miembros de su comunidad universitaria”. La comisión integrada por Eugenio Zaffaroni y Adriana Puiggrós, entre otros, sostuvo que “ninguna universidad del mundo aceptaría como parte de su comunidad a personas que victimizaron a sus integrantes de la manera más cruel que haya conocido nuestra historia y que, de antemano, se sepan sostenedores de un discurso negacionista que habría de postular en su propio seno la pretendida legitimidad de esos delitos masivos”.

El Consejo Superior citó además el artículo 29 de la Ley de Educación Superior, que habilita a las universidades a definir los mecanismos de admisión. Y también al estatuto de la UBA, que plantea la posibilidad de regular el ingreso de sus estudiantes. Por último se mencionó la Constitución nacional, que concede la autonomía universitaria.

Las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales ya habían manifestado su negativa a la admisión de represores y su respaldo a los docentes que interpusieran objeciones de conciencia para no darles clases. Los propios estudiantes detenidos se habían manifestado en repudio de la posibilidad de compartir aulas con genocidas y ayer se mostraron satisfechos con la resolución (ver aparte).

Consultado por este diario, el decano de Sociales, Sergio Caletti, dijo: “Para nosotros es un paso sumamente importante, debe entenderse que no se trata de cercenar los derechos humanos básicos, que incluye el derecho a aprender, sino de respetar los otros derechos humanos básicos, que han sido previamente dañados. En ese sentido, la UBA tenía la obligación de responder a la necesidad de reparación de su comunidad.” Por su parte, el decano de Filosofía y Letras, Hugo Trinchero, apuntó: “Este pronunciamiento es un acto de reparación histórica que pone a la universidad pública a la altura de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que está llevando adelante la Argentina. Celebramos entonces esta resolución como un triunfo colectivo”.

Informe: Agustín Saavedra.