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La Sala II de la Cámara Federal volvió a rechazar que el Estado sea querellante en la causa penal por la tragedia de Once. El principal argumento es que no puede actuar como “acusador” aquel “a quien las víctimas directas del hecho sindican como responsable” no sólo penal sino civil de los daños, ya que concentraría dos papeles “antagónicos”. En el expediente hay cuatro querellas que agrupan a parte de los heridos y las familias de los 51 muertos que dejó el accidente. En el juzgado de Claudio Bonadío esperan el último tramo de un informe contable de peritos de la Corte Suprema sobre el uso que se les dio a los fondos públicos otorgados a TBA, ex concesionaria de la línea Sarmiento. Con ese material y el resultado de los estudios neurológicos realizados al maquinista Marcos Antonio Córdoba, que finalmente arrojaron que no tiene epilepsia, Bonadío estaría más cerca de resolver la situación procesal de los 30 imputados.

En un principio el juez había aceptado al Estado como parte querellante, pero la Cámara Federal le ordenó dar marcha atrás. Bonadío acató la orden de sus superiores y el subsecretario Legal del Ministerio de Planificación, Rafael Llorens, volvió a apelar. El tribunal, con los votos de Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, reafirmó su posición el jueves pasado y señaló la “concreta existencia de querellantes que han manifestado su voluntad de accionar contra el Estado Nacional en su condición de titular y garante del servicio público concesionado”.

Esta semana terminaron los estudios neurológicos sobre el motorman pedidos por uno de los imputados, Juan Pablo Schiavi, quien era secretario de Transporte al momento del accidente. Un primer informe forense había arrojado que Córdoba presentaba “actividad epileptiforme interictal regional frontal izquierda”. La médica responsable, Mónica Perassolo, explicó que ese diagnóstico no equivalía a que padecía epilepsia, pero que se podían hacer más estudios. Finalmente la conclusión fue que el maquinista no padece epilepsia. Fuentes de la causa explican que este resultado es concluyente y difícil de objetar. Así como Schiavi apostó a encontrar una justificación del choque en una supuesta enfermedad del maquinista, la defensa de los hombres de TBA insiste en la teoría de que se pudo haber quedado dormido o desvanecido.

El único material probatorio importante que le estaría faltando al juez para resolver la suerte de los imputados es el último tramo de una pericia contable sobre el uso de los subsidios estatales, que estaría lista entre esta semana y la próxima. La defensa de los hombres de TBA pidió la nulidad de esa pericia con un argumento formal según el cual el fiscal Federico Delgado no había requerido información sobre cuestiones contables. Bonadío aún no se expidió. De todos modos, esa pericia está relacionada con un aspecto que la fiscalía introdujo en la causa, al plantear que había que reconstruir aquellas causas que pudieran estar ligadas a la falta de mantenimiento e inversión capaces de incidir en la seguridad del servicio y, con eso, cómo se aplicaron los subsidios.