La marquesina de cemento que ayer se desplomó sobre la vía pública y provocó la muerte de una persona había sido inspeccionada en marzo último por un arquitecto contratado por el consorcio del edificio, informó ayer el Gobierno de la Ciudad. Pese a que existe una ley que obliga a los propietarios a realizar ese control, el peligro de que casos como el de ayer ocurra está presente en gran parte de la ciudad: de acuerdo con un informe oficial, sobre 150 mil viviendas que deben controlar el estado de sus fachadas, sólo el 7 por ciento lo cumple. Ahora, la investigación deberá determinar si mediante la inspección se podía detectar lo que aparece como un defecto de construcción: según dos arquitectos consultados por este diario, el bloque de cemento que se derrumbó parece haber sido agregado al edificio luego de construido, ya que, a simple vista, no se observa la presencia de los hierros característicos de una losa de hormigón.

El Gobierno de la Ciudad informó, después de la tragedia, que el consorcio del edificio de Lavalle 1576/78 había presentado el 26 de marzo de este año el informe técnico y el certificado de conservación de fachadas, en cumplimiento de la ley Nº 257. Ese informe lleva la firma del arquitecto Antonio Federico Aguel, contratado por el consorcio. Allí consta que el profesional “concurrió a la propiedad, verificó el estado de los elementos exigidos por la ley 257 y certifica que los mismos se encuentran en buen estado de conservación”. Agrega que “la próxima presentación del informe y certificado se realizará el día 06/02/2018, como lo marca la ley”. Y concluye que, según la inspección, “la marquesina está bien sustentada y conservada, sin deficiencias de fijación y sustentación”. El edificio, que tiene planta baja y once pisos, cuenta con un expediente de finalización de obra de 1961.

Mientras el gobierno porteño intentaba deslindar responsabilidades sobre el hecho, la legisladora María José Lubertino (FpV) lo responsabilizaba por lo ocurrido y apuntaba contra la Agencia Gubernamental de Control. “Han privatizado el sistema de inspecciones y le tiran toda la responsabilidad al profesional. El gobierno debe controlar, mediante profesionales verificadores, las viviendas que no han sido inspeccionadas y si las que se controlaron se inspeccionaron correctamente”, dijo la legisladora a Página/12. “El Estado deja la responsabilidad en manos de los propietarios o del consorcio o del profesional que la presentó”, lamentó.

La ley 257 fue aprobada en 1999 –cuando era jefe de gobierno Fernando de la Rúa–, después de que se produjeron caídas de partes de balcones y cornisas que provocaron daños severos a transeúntes. La norma incorpora a las “obligaciones del propietario relativas a la conservación de la obra”, el requisito de mantener en buen estado “balcones, terrazas y azoteas; barandas, balaustres y barandales; ménsulas, cornisas, cariátides, atlantes, pináculos, crestería y todo tipo de ornamento sobrepuesto, aplicado o en voladizo; marquesinas y toldos; antepechos, pretiles; carteles, letreros y maceteros; revestimientos de mármol, paneles premoldeados, azulejos, mayólicas, cerámicas, maderas y chapas metálicas; cerramientos con armazones de metal o madera y vidrios”, entre otros elementos. “En todos los casos, las tareas de prevención se realizarán con el objeto de evitar accidentes, conservando la integridad de los elementos ornamentales de la fachada”, advierte la norma. Las presentaciones deben hacerse en intervalos que serán menores cuando más antiguos sean los inmuebles. Para el edificio en cuestión, deben ser cada seis años

El defensor adjunto del Pueblo porteño, Atilio Alimena, manifestó que “ahora habrá que hacer las pericias para ver si se corresponde todo lo informado (con la realidad) y determinar la responsabilidad del profesional”. El defensor cuestionó la efectividad de la ley que establece los controles: a partir de un pedido de informes suyo, pudo saber que sobre 150 mil edificios que tendrían que cumplir la norma, en 2011 sólo el 7 por ciento la había cumplido. “El Gobierno de la Ciudad empezó a enviar 1500 intimaciones por mes y mucha gente se ha presentado en la Defensoría diciendo que no podían pagar esa inspección”, comentó a este diario.

Alimena deslizó la hipótesis de que pudo existir “una grieta por la que se filtró agua y produjo corrosión en los hierros, que se cortaron, lo que ocasionó el derrumbe”. Arquitectos consultados por este diario afirmaron, en cambio, que el voladizo de cemento de dos metros de ancho por nueve de largo y más de 20 toneladas de peso probablemente haya sido agregado a la construcción sin los procedimientos constructivos adecuados. “Cuando cede una losa, generalmente el hormigón queda colgando de los hierros. Aquí, directamente, el bloque de cemento se cortó al ras”, observaron.