La Corte Suprema quiere que se destrabe y se defina la designación de titulares de los juzgados civiles y comerciales vacantes, incluso el del caso Clarín, empantanado en el Consejo de Magistratura. Esa es la expectativa que mostraron el presidente del Tribunal, Ricardo Lorenzetti, y su vice, Elena Highton de Nolasco, en reuniones con los tres consejeros que representan a los jueces en el organismo que debe saldar la polémica, según relataron a este diario allegados a los encuentros. Ambos jueces supremos se mostraron preocupados por la situación y, según esta versión, no se mostraron proclives a anular ni revisar el proceso de selección.

Lo que en un comienzo estaba previsto como una única reunión con la cúpula suprema terminó desdoblada. El camarista civil y consejero Ricardo Recondo fue por su cuenta a media mañana a la Corte, ya que a la tarde –explicó– tenía que atender cuestiones personales. Recondo ha sido foco de las denuncias del Gobierno, que lo acusa de haber participado en la designación “a dedo” del juez jubilado Raúl Tettamanti para fallar sobre la cláusula de desinversión de la ley de medios y de trabar simultáneamente el nombramiento de un magistrado titular para el juzgado en cuestión. A la vez, el camarista (de origen radical) dice que es el Gobierno el que quiere digitar la selección de jueces, para poner nombres afines en causas que le interesan. En este concurso fue cuestionada Lorena Gagliardi, funcionara del Onabe.

Lorenzetti y Highton quisieron escuchar un relato del escenario contado por los propios consejeros jueces. Pero a los tres les habrían manifestado lo mismo: que intenten destrabar el concurso como sea. Las reuniones fueron en el despacho de la jueza, quien la semana pasada sorprendió al cobrar un papel de gran relevancia en el conflicto con Prefectura y Gendarmería, cuando dijo que el reclamo no era igual al de cualquier trabajador porque “prestan un servicio armado”.

Los jueces Mario Fera y Alejandro Sánchez Freytes intentaron en las últimas semanas oficiar como nexo negociador entre el bloque kirchnerista del Consejo y los opositores, que se negaron a aprobar el concurso. Ayer explicaron en la Corte las alternativas que ofrecieron, por ahora sin suerte, como para hallar una salida negociada que no implique tirar el concurso por la borda: una de ellas sugería aprobar hasta el quinto nombre de la lista, de manera de ofrecer tres ternas, para tres juzgados. Con esa fórmula quedaba afuera Gagliardi, que estaba cuestionada. De mínima, dijeron, ofrecían aprobar aunque más no fuera una sola terna. El bloque de los radicales y aliados, en cambio, plantea anular el concurso o devolverlo a la Comisión de Selección para que sea revisado.

Lorenzetti y Highton no habrían emitido opinión por el momento, sino que exhibieron una preocupación institucional, en la que –evidentemente– involucran a los delegados de la Justicia en el Consejo. Tampoco se habrían mostrado partidarios de dar marcha atrás, sino de favorecer una definición. Ahora, de todos modos, con las presentaciones judiciales del Gobierno, el Tribunal está obligado a tomar alguna decisión con forma de resolución.